ENCUENTRO VERDE, CON LA CONSULTURA INDEPENDIENTE OLGA LUCIANO, DEL LISTIN DIARIO QUE COORDINA LA BIOLOGA YVONNE ARIAS
¿Cuán
importante es la planificación en la gestión de los recursos naturales?
Es tan importante la planificación
ambiental, que quedó consignada en la Ley 64-00 General sobre Medio Ambiente y
Recursos Naturales como el primero de los 12 instrumentos para la gestión del
medio ambiente y los recursos naturales establecidos bajo dicha ley. Y varios
de los demás instrumentos, como el ordenamiento territorial, la evaluación
ambiental estratégica y el sistema nacional de información sobre el medio
ambiente y los recursos naturales constituyen herramientas al servicio de la
planificación ambiental.
Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las
funciones generales de la planificación son: 1) la construcción de una visión
estratégica o visión de país; 2) la coordinación de las acciones necesarias
para alcanzar los objetivos establecidos, y 3) el monitoreo, la evaluación y la
retroalimentación.
En lo que respecta a la planificación ambiental, tanto para la ley 64-00 como
para la ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), se trata de la
incorporación de la dimensión ambiental en la planificación del desarrollo del
país en los distintos niveles. De manera explícita, el artículo 13 de la ley
1-12 establece la política transversal de sostenibilidad ambiental, bajo la
cual “Todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas deberán
incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y adecuada gestión integral de
riesgos”.
Siendo el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el organismo rector
de la gestión del medio ambiente, de los ecosistemas y de los recursos
naturales, el reglamento de la END le asignó la responsabilidad de aplicar esa
política transversal, y por eso es esencial que asuma con determinación la
responsabilidad que le corresponde en la construcción de la visión de país
establecida en la END 2030, en lo que concierne a la sostenibilidad ambiental
del país.
¿Y
cuáles son las consecuencias de una mala planificación ambiental?
Son desastrosas. Para muchos autores
la gestión ambiental es en esencia gestión de conflictos, porque la presión que
se ejerce sobre el medio ambiente y que pone en riesgo la preservación del
capital natural para las generaciones futuras proviene de todos los sectores
productivos y de los asentamientos humanos. Hacemos uso y abuso de los recursos
naturales, generamos desechos sólidos, líquidos y gaseosos que degradan los
recursos de los cuales depende la vida en el planeta Tierra, y perdemos de
vista que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano básico,
consagrado por cierto en nuestra Constitución.
La función rectora del Ministerio de Medio Ambiente no puede ejercerse
adecuadamente sin una articulación con todos los actores que conforman la
sociedad. Los que causan daño al medio ambiente deben ser regulados y si no
cumplen con las regulaciones deben ser penalizados, sin distinciones.
Los que promueven la conservación del capital natural deben recibir estímulos e
incentivos para seguir haciéndolo, y juegan un papel muy importante en este
respecto las organizaciones ambientalistas que en el caso de nuestro país no
solamente ejercen de guardianes de la conservación, sino que contribuyen al
conocimiento científico que es imprescindible para la gestión ambiental.
De
todas las áreas de acción que corresponden al Ministerio de Medio Ambiente, y
tomando en cuenta los problemas ambientales actuales, ¿cuál o cuáles ameritan
una mejor planificación?
Pasando revista al amplio y complejo ámbito de responsabilidad del Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de nuestro país, nos damos cuenta de que
prácticamente todas las áreas han sido descuidadas, sin negar que ha habido
también aciertos importantes, pero la falta de articulación de la acción
ministerial e interministerial alrededor de la planificación ambiental, no sólo
en el papel sino en la acción institucional cotidiana, ha generado serios
problemas con la gestión de las áreas protegidas, donde estudios serios
realizados por reputados académicos nacionales e internacionales han demostrado
que cerca de la mitad de las mismas está siendo utilizadas para actividades
incompatibles con la conservación, como se ha evidenciado en estos últimos años
en algunos de nuestros parques nacionales y áreas protegidas más emblemáticos
(casos de Valle Nuevo, Sierra de Bahoruco, laguna de Cabral, Cuevas del Pomier,
etcétera).
Recordemos que para la Cepal una de las funciones generales de la planificación
es el monitoreo, la evaluación y la retroalimentación. En lo que respecta al
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, esa función no se ha estado ejerciendo
adecuadamente, porque la vigilancia de esas áreas es sumamente precaria, no
todas se gestionan con planes de manejo, como manda la ley, y el personal
técnico responsable se ve indefenso ante las presiones de las fuerzas políticas
y económicas que permanentemente conspiran contra ellas.
Otra importante área de problemas se refiere al Sistema Nacional de
Autorizaciones Ambientales establecido al amparo de la ley 64-00, mediante el
cual se otorgan los permisos y licencias ambientales que regulan las distintas
acciones de desarrollo tanto del sector público como del privado. Los casos más
recientes que han generado conflictos de interés importantes en el país son un
indicador de que ese sistema no está funcionando conforme a lo que manda la
ley. Para muestra bastan los botones de la terminal de autobuses dentro del
Parque del Este en Santo Domingo Este; la autorización para la construcción de
un hotel dentro del parque Cotubanamá y de un aeropuerto en la zona de Bávaro,
en la región este del país, sin que se cumplieran los estándares establecidos
en los reglamentos de autorización; y la construcción y operación de la central
eléctrica Punta Catalina, donde el mal manejo de las cenizas que genera la
quema de carbón se ha constituido en un serio problema medioambiental. A lo anterior
se agregan las debilidades de recursos humanos, técnicos y logísticos de que
adolece el Ministerio de Medio Ambiente para dar seguimiento a los planes de
manejo y adecuación ambiental que están atados a las licencias ambientales, lo
que constituye una seria amenaza para el medio ambiente y para la gestión de
riesgos en el país.
Otro serio problema que no podemos dejar de mencionar es el estado de
saneamiento ambiental del país, donde la falta de colecta y tratamiento de las
aguas residuales, y la mala gestión de los residuos sólidos, particularmente en
la disposición final, constituyen viejas asignaturas pendientes que amenazan
permanentemente la salud de la población, y que hacen crisis cada vez que somos
azotados por una tormenta tropical.
¿Qué
papel juegan las comunidades y los gobiernos locales en la planificación
ambiental para garantizar una buena gestión de los recursos naturales? ¿Se les
toma en cuenta en República Dominicana?
Si se asume que la gestión ambiental
es gestión de conflictos, no se concibe la planificación ni la gestión
ambiental sin la participación de las comunidades y de los gobiernos locales.
Pero las autoridades ambientales muchas veces actúan de espaldas a este
principio elemental de gestión.
Cuando se ha incorporado a las comunidades y a los gobiernos locales, se han
cosechado éxitos importantes, como lo demuestran diversos procesos de
caracterización ambiental y formulación de agendas ambientales desarrollados
por el Ministerio de Medio Ambiente en varias provincias del país: el proceso
que resultó en la declaración por parte de la Unesco de la Reserva de
Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, donde el grupo Jaragua jugó un papel
fundamental; los procesos participativos para la gestión de cuencas
internacionales compartidas con Haití, como la del río Libón y la del
Artibonito, desarrollados con apoyo de la cooperación internacional; así como
algunas alianzas exitosas para la gestión de áreas protegidas, entre otros.
Cuando no se ha tomado en cuenta la opinión de los actores locales y
nacionales, se generaron conflictos como el de la cementera que se pretendía
construir en Gonzalo, en la zona de amortiguamiento del parque nacional de Los
Haitises y los que se han dado alrededor de proyectos de exploración y
explotación minera, entre otros.
Cabe resaltar aquí que el acceso a la información, a la participación y a la
justicia en materia de decisiones ambientales es un principio consagrado en la
Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, el cual ha quedado recogido en
todos los acuerdos multilaterales de medio ambiente aprobados en la misma o con
posterioridad a ella, y de los cuales la República Dominicana es
compromisaria. Igualmente es importante resaltar que la participación
social también quedó establecida como una política transversal de la END 2030
bajo la ley 1-12, donde se establece que “Deberá promoverse la participación
social en la formulación, ejecución, auditoría y evaluación de las políticas
públicas, mediante la creación de espacios y mecanismos institucionales que
faciliten la corresponsabilidad ciudadana, la equidad de género, el acceso a la
información, la transparencia, la rendición de cuentas, la veeduría social y la
fluidez en las relaciones Estado-sociedad.”
DE INTERÉS
Perfil. Luciano
se desempeña actualmente como consultora independiente en las áreas de
planificación estratégica por resultados, facilitación de procesos de diálogo
de políticas para la gestión ambiental, gestión integrada del agua e
incorporación de la adaptación/mitigación del cambio climático en las políticas
de desarrollo.
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