EL BARRILITO Y LA NECESIDAD DE LAS REFORMAS

Por Rafael Chaljub Mejía

Una vez más el Congreso Nacional vuelve a ser centro de escándalo y foco de una ardorosa controversia. Los temas son los mismos de siempre, los privilegios que se otorgan a los legisladores a costa de los fondos públicos.

A veces resulta difícil de entender cómo es que hombres y mujeres de trayectoria limpia, en los cuales los votantes depositan su representación y su confianza, llegan al Congreso no pueden resistir la tentación, reniegan sin el menor pudor de sus antiguas promesas y a poco andar están haciendo lo mismo que condenaban en tiempos de campaña.

¿Cuál es el poder imperial del barrilito que solo dos de los treinta y dos senadores han tenido el valor de negarse a recibirlo? Pretextos para inclinarse y recibir lo que el barrilito y su colega, el cofrecito, nunca faltan. El más manoseado es aquel de que los fondos se dedican a servicios sociales.

Esos servicios no son otros que las dádivas clientelistas que cualquier legislador deja caer a los votantes que acuden angustiados por múltiples necesidades a los pies del repartidor de favores. Se ofrece un paliativo poco menos que insignificante, pero el daño es difícil de medir en sus verdaderos alcances.

Porque eso de andar regalando cosas no es función legítima de ningún legislador, mucho menos con dinero que no proviene de su salario, y porque ese tipo de práctica ha contribuido como pocas a envilecer la conciencia de los votantes y a la degradación de la política.

La opinión democrática del país manifiesta enérgicamente su rechazo y es bueno que esa opinión siga creciendo. Pero esas prácticas condenables están instaladas desde hace tiempo y hay una realidad que las alimenta. Los legisladores hablan de servicios y asistencias sociales porque las instituciones a las que les toca ofrecerlas no los prestan o los prestan de forma muy deficiente.

Por eso, hay que eliminar el barrilito y todos los privilegios como ese, pero tener en cuenta que dentro de las reformas que deben emprenderse para hacer más efectivas las instituciones estatales, deben contemplarse aquellas que fortalezcan y preparen las que prestan servicios sociales a la población, de forma tal que las dádivas y los regalos humillantes se vuelvan cada vez más innecesarios. Y los legisladores, que cobren sus sueldos y se concentren en las funciones para las que son electos.

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