Por: Dantes Ortiz Núñez
Desde
2017 cuando se supo sobre el caso de corrupción generalizada de Odebrecht a hoy
marzo de 2020, han pasado tres años y se ha verificado muchos casos
político-sociales que expresan cambios en la correlación de fuerzas, nueva
mentalidad analítica, emergencia de nuevos actores sociales y posibilidad de
transformaciones jurídico-institucionales. Para bien del país.
Lo primero fue la repulsa generalizada de la nación al develarse la
práctica sempiterna de la corrupción peledeista con el caso Odebrecht operando
desde el Palacio Nacional, que prueba el carácter de política oficial de la
corrupción desde 1996, contra las instituciones y el erario.
Los casos de robo de recursos públicos desde el gobierno y el Estado,
(Acumulación por despojo), han irritado a los sectores más sensibles y estos
han reaccionado con enérgica repulsa frente a los mismos., clamando por
sanciones al delito de cuello blanco y porque no se repitan en nuevas
administraciones estatales.
La constitución de la Marcha Verde fue l expresión
político-social-cívica más alta de ese clamor y se expresó en marchas, tertulias,
encuentros en los barrios y presentaciones en los medios de comunicación.
Marcha Verde aprendió de las protestas y reclamos de la anterior jornada
popular del 2011 por el 4% para la educación y se inscribió entre las jornadas
de la nación contra las ilegitimidades de la clase política que dilapida los
recursos públicos para beneficios personales, familiares y clientelares desde
el Siglo XIX.
No fue un hecho aislado, sino una constitución histórica de sintonía
entre la inteligencia popular y nuevos dirigentes capaces de identificar
coyunturas, correlación de fuerzas y sentir popular, expresarlas en lucha
contra la corrupción y la degradación institucional que le es cónsona a la
impunidad.
Este movimiento convocó a todas las iglesias, sectores sociales y
políticos de todos los litorales y desde luego, a oportunistas que buscaban y
buscan que se les otorgue salvoconducto moral después de usurpar recursos
públicos y amasar fortunas mal habidas.
En medio del desarrollo de la lucha contra la corrupción y la impunidad
a lo largo de 2018 y 2019. surgió la Concentración
Democrática. Se trató de una convocatoria de Juan Bolívar Díaz, veterano
periodista, cronista de las jornadas contra la corrupción y por la Democracia,
muy bien documentado ciudadano, que logró que se sintetizara en un programa
mínimo de gobierno, puntos trascendentales de líneas programáticas, firmada por
seis agrupaciones políticas: PRM, PRSD, PRSC, PHD, Dominicanos por el Cambio y
Frente Amplio.
Esa hazaña político-cívica solo la habían logrado Fragua en 1969 en
lucha por el Medio Millón para la universidad, Juan Bosch en 1973 con el Bloque
de la Dignidad Nacional y José Francisco Peña Gómez en dos ocasiones: en 1974
con el Acuerdo de Santiago y en 1978 con el Acuerdo de Santo Domingo.
Concertación
Democrática supo captar el momentum y expresarlo programáticamente, es
lamentable que quienes suscribieron tal propuesta no la hayan multiplicado y
dado a conocer en toda la geografía nacional para su discusión en el seno de la
sociedad y elevar la conciencia y la praxis de los actores sociales.
Estimulado por ese ejemplo y otros casos, el
eminente ciudadano, Rafael Chaljub Mejía, logró convocar y articular el
Congreso Cívico, emuló del Congresos Extraparlamentario que en el siglo XIX
formara y dirigiera por el ilustre Pedro Francisco Bono, para socializar sobre
el devenir político de la nación. El congreso cívico discute coyuntura, produce
documentos de propuestas, estimula a viejos y jóvenes a reflexionar en torno a
la lucha popular política contra la corrupción y la impunidad.
En medio de la creciente cresta de protesta
por la recuperación de la institucionalidad y la legalidad jurídica que emana
de la Constitución y las leyes, han surgido nuevos espacios de comunicación,
nuevas formas de agrupación y lucha, simbolizadas en la presencia masiva de la
juventud en la Plaza de la Bandera y la firma de un documento político
trascendental por trece agrupaciones políticas el 13 de febrero de 2020
En el ínterin, aparece un ex-militar Rafael
Antonio Guerrero con denuncias contundentes, que, si solo un 10% de las mismas
son ciertas, demostraría que los institutos castrenses no sólo han sido
penetrados, sino que han dejado de actuar a la luz de sus respectivas leyes
orgánicas y merecen ser sustituidos radicalmente.
Los análisis y comentarios sobre la situación
se han incrementado y los periodistas Marino Zapete y Edith Febres, el escritor
Andrés L. Mateo, el Dr. Nieves, Fafa y docenas de asiduos comentaristas, y
sobre todo en las redes sociales, dando todos en la diana en materia de lucha
por la transparencia y por la democracia.
El sabotaje contra la voluntad popular perpetrado antes de los comicios para elegir autoridades municipales el día anterior de las votaciones, marcó la crisis final del gobierno, como el asesinato de las hermanas Mirabal y el chofer Martínez, marcó y precipitó la caída de la dictadura de Trujillo.
Melvin Mañón ha formulado enjundiosos
análisis con datos inéditos sobre la crisis política que vive el país y las
actuaciones de los poderes facticos al respecto y ha constituido Rescate
Democrático una nueva agrupación contra el desorden institucional.
En medio de la profunda lucha por la
democracia, el empresariado, cómplice de ilegalidades, llama a desmontar la
lucha y ponerle alfombra al agónico régimen, mediante un Dialogo para ganar
tiempo, recuperar la ofensiva y posibilitar una salida a los próximos
presidiarios. La Treta es denunciada y derrotada. El candidato opositor Luis
Abinader, instrumento del país para avanzar políticamente, presenta un conjunto
de propuestas específicas en materia de turismo, y descentralización de la
justicia, cultura y economía, que apuntan en dirección de otorgarle
funcionalidad operativa al próximo gobierno, limitado desde ya en
desenvolvimiento económico-financiero.
Frente a la ofensiva nacional-popular-opositora. el gobierno interviene y
promulga una ley para legalizar el lavado de activos y dinero mal habido,
reprime a la población y apuesta a una mayor crisis institucional para
prolongar el período de gobierno, como Horacio Vásquez en la crisis de 1927-28.
Para lograr su cometido sus bocinas estimulan la renuncia de los miembros de la
Junta Central Electoral, para ser sustituidos por connotados agentes del PLD
y/o convocar a las Cámaras Legislativas a conocer una modificación de la
Constitución para rehabilitar al Presidente.
La contundente marcha protesta del 22 de
febrero pasado demostró la fortaleza de las aspiraciones democráticas en medio
de desesperados intentos de profundizar el caos y crear anarquía nacional. La
respuesta popular debe concentrarse en no desviarse y sacar los responsables
del largo martirologio del pueblo bajo el gobierno del PLD del poder.
¡¡Aunque las cosas no están claras para
algunos, el momento requiere profundizar la lucha democrática y aislar y
derrotar el caos venga de donde venga para ganar nuevas oportunidades para los
trabajadores!!
