Propuestas para avanzar hacia la derrota del Covid-1
A la
fecha de hoy, 1 de mayo de 2020, el COVID-19 ha
contagiado, en 210 países y territorios, a un total de 3 millones 200
mil personas, provocando 233 mil muertes. La magnitud de esta pandemia ha
provocado que, muchos países que se creían impenetrables carguen con la mayor
cuota.
Estados
Unidos es el país con mayor número de contagio: 1 millón 049 mil 811 personas,
y 61 mil 150 muertes, siendo la
población latinoamericana la más afectada.
La gravedad de las consecuencias del
COVID-19 es de tal magnitud que ha
llevado a muchos a proponer la posibilidad
de crear un nuevo orden económico-social-político, que supere la forma irracional
de producción y consumo de bienes y servicios, la contaminación y depredación
del medio ambiente que neoliberalismo ha implantado..
Esta
pandemia ha semiparalizado la producción mundial y ha provocado pérdidas del empleo que superan
el 25% a nivel mundial, según
la Organización Internacional del Trabajo.
El impacto
en la producción de bienes y servicios ha sido estimado según los escenarios de
control de la pandemia. En escenarios menos agresivos y de duración de 3 a 6 meses, se proyecta una caída de la producción
mundial de -2 a -3 y en América Latina de -3 a -7, China de 6% actual a 1.2%,
la India a 1.9%, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Impacto de la crisis en República
Dominicana
En
República Dominicana el impacto en la producción nacional en el escenario de
control y mitigación de los contagios de mediano plazo prevé que el crecimiento
proyectado para este año,
estimado en 5%, sea de 0% o menos, con pérdida de empleos, recursos productivos
y financieros, elevados endeudamientos
públicos y privados, déficits fiscales,
devaluaciones monetarias, caídas
de las principales bolsas de valores,
disminución de la demanda por la falta de ingresos por el cierre y
quiebras de empresas, lentitud y estancamiento del comercio, aumento del hambre y la desconfianza en el
futuro.
Analistas
estiman que la crisis mundial impactará negativamente a la República Dominicana afectando los
envíos de remesas al disminuirlas en más de un 20% en este año, al igual que los ingresos por
turismo, con descenso desde un 33%,
hasta un 60%, según estimaciones del
Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), aunque las
predicciones del BID lo sitúan en menos 30% en el año. Este sector de
servicios representa el 8% del PIB
dominicano, emplea aproximadamente el 16% de la población
económicamente activa (PEA), y por su peso en la economía afectará notablemente
los ingresos fiscales, de divisas
y las ventas de los sectores agropecuario,
manufacturero, el comercio y los
servicios.
El
CREES pronostica para este año el desempleo en un 20% (400 mil a 600 mil
empleos perdidos).
El
panorama económico nacional es incierto por el impacto y la magnitud de la
crisis del COVID-19, y se prevé un incremento de la pobreza, de las
desigualdades sociales, de la
violencia de género y de la delincuencia y el deterioro significativo de los
servicios públicos.
La epidemia en República Dominicana a la fecha del 30 de abril de 2020 ha
impactado en todo el territorio nacional. El número de contagiados diagnosticados
es de 6,972, y 301
muertos, con una letalidad de 4.32%.
Estas
cifras son inferiores a las reales, pues han estado determinadas por la falta
de test diagnóstico, lo cual se puede observar en 2.2 pruebas por cada mil
habitantes.
El
alto contagio es producto de las medidas tímidas que ha tomado el gobierno, que
busca no suspender las actividades de las empresas, aunque si las de los
trabajadores profesionales independientes, pequeñas y medianas empresas no
dedicadas a productos comestibles y sanitarios, lo que ha producido la pérdida
de decenas miles de empleos.
El
aislamiento y distanciamiento físico
ha sido un fiasco, pues han predominado las filas sin precauciones de
distanciamiento en plazas, supermercados, bancos, agencias de envíos, entrega
de alimentos de parte del gobierno y actividades diversas aun en el toque de
queda.
El
gobierno ha evitado por todos los medios enfurecer a la población con medidas drásticas, a
pesar de que el impacto sanitario y económico sería menor, pero afectaría la
simpatía del gobierno.
La epidemia ha evidenciado las debilidades
del sistema sanitario dominicano. Un sector público que carece de las elementales condiciones
para satisfacer la demanda de la población. No tiene capacidad para hacer
prueba diagnóstica, la disponibilidad de camas son de mala calidad, y ha prevalecido la falta de
insumos de protección médico, por lo que el contagio del
personal de salud supera los cientos de casos, y la perspectivas es que sigan aumentando, porque el gobierno no suple los centros de salud
para el manejo de la epidemia.
Hasta
la fecha el número de personas que ha demandado
hospitalización se ha mantenido en un rango aceptable, 1,200 personas o menos,
pero de no suprimirse el contagio la demanda aumentaría y crearía un caos en el
sector salud, con la consecuencia de una mortalidad elevadísima.
La
economía dominicana es productora de servicios y muy dependiente para su
desarrollo del exterior por lo que, la presente crisis internacional afectará
sensiblemente a los sectores con mayor impacto en su crecimiento, como son el
turismo, las inversiones extranjeras, remesas, zonas francas, minerías (con
excepción del oro) y las exportaciones de materias primas.
Antes
de la llegada del COVID-19 la República Dominicana estaba sometida a un endeudamiento creciente e insostenible, con
elevados déficits fiscales por el aumento y mal manejo del gasto público,
limitada capacidad para la creación de
empleos acorde con el crecimiento poblacional, baja productividad y calidad en
la producción, precariedad salarial, debilidades institucionales, así como una corrupción
sistémica y generalizada, acompañada
de impunidad; una práctica política clientelar
y mercantil; poca capacidad competitiva; una pesada deuda social e histórica; insuficientes cobertura y calidad de
los servicios públicos; inequidad en la distribución
del ingreso nacional (una de las peores en América Latina), debilidad en el régimen político y secuestro de la democracia.
Igualmente, el país
se caracteriza por tener trabajadores informales con bajos ingresos, educación y salud de baja calidad; deterioro progresivo del
medio ambiente; aumento y ausencia de
control efectivo de la inseguridad ciudadana y de la delincuencia; incontrolada
anarquía en el tránsito; y deshumanización y pérdida de valores en la
población.
Las anteriores son las principales características de la
situación nacional y se han de tener presentes para enfrentar con éxito el COVID-19.
Las
autoridades nacionales carecen de un plan integral y coherente para eliminar la
pandemia que nos azota, no por falta de
recursos, sino por carecer de convicción y voluntad política para convocar a una gran unidad nacional para
el manejo de la crisis
La
gestión oficial de la parte sanitaria de
la crisis se ha dificultado por las debilidades del sistema de salud, con apenas 2.8% asignado del
presupuesto nacional y con tendencia a
la privatización, con una parte de los
centros hospitalarios cerrados y muchos otros con equipos obsoletos y sin los recursos humanos ni los insumos requeridos.
El
Gobierno aplica acciones tímidas y limitadas para aplicar las pruebas
rápidas, manejar el confinamiento de las personas,
evitar los contagios y recuperar los afectados para impedir las muertes, así como garantizar la seguridad del personal de salud y habilitación de locales adecuados para la cuarentena.
Así mismo, desde el gobierno
central, se ha hecho todo lo necesario para que el candidato del partido de
gobierno aparezca en el centro de las soluciones de la crisis sanitaria,
mientras se ha obstaculizado la intervención de la oposición. Hay que resaltar
que el estado de emergencia, con varios periodos de 17 días aprobados por el
Congreso, sólo ha servido
a los propósitos continuistas del presidente Danilo Medina.
La
superación de la crisis en el menor tiempo y costo posibles, en sus cuatro componentes:
sanitario, social, económico y político-electoral, se logrará implementando las siguientes propuestas:
1. Confinamiento
total de la población por 24 horas y 14 días, como la medida más recomendable a
la luz de nuestra realidad y ante las debilidades de las acciones implementadas
hasta el momento. Esta medida, para que sea efectiva, se debe acompañar del suministro de los recursos necesarios para comprar y aplicar a tiempo las pruebas
rápidas, proteger a las personas sanas y al personal de salud, así como recuperar y aislar los contagiados
para evitar fallecimientos. Abrir con
urgencia los hospitales la Plaza de la Salud (el Morgan), el Padre Billini y
usar los hoteles disponibles para
aislamientos de personas.
2. La cuarentena propuesta debe ponerse en ejecución
con un plan económico y de asistencia y social para ayudar a los hogares y sectores más
necesitados y vulnerables. El plan requerirá
de aplicación ágil, eficiente y gestionarse
con transparencia y honestidad, sin clientelismo político para suministrar suficientes recursos financieros, asistencias médicas, medicinas, equipos,
alimentos y realizar una campaña de educación a la población. Dicho plan debe contar con el apoyo de
diferentes organizaciones territoriales, como iglesias, ADP, escuelas y
colegios, clubes deportivos, culturales, alcaldes pedáneos, etc.
El
Gobierno debe elaborar e Implementar a la mayor brevedad posible el
plan indicado,
mediante un consenso con todos los
sectores nacionales, que contenga las medidas de corto, mediano y largo plazo.
Las
medidas contenidas en el plan se destinarán a beneficiar a la población, en especial la
parte más vulnerable, y a reactivar el sistema productivo
nacional, concentrándose
en la recuperación económica de las MIPYMES, que son el 98% de las empresas, aportan
el 40% al PIB y representan aproximadamente el 70% (más de 2.5 millones) de
empleos.
3. La Comisión de Coordinación y Dirección del Plan de
Recuperación Nacional tiene que ejercer una supervisión crítica, eficiente, comprometida, honesta, responsable y con un régimen de consecuencias
para que se ejecuten con eficiencia y eficacia las medidas contenidas en el
plan y se logren las metas y objetivos propuestos.
4. Para el financiamiento del Plan Económico y de
Asistencia Social señalado proponemos la gestión de los recursos financieros
que sean necesarios, mediante la reformulación del presupuesto nacional/2020 para
disponer y modificar los acápites siguientes:
a) Modificar
el monto asignado al financiamiento del gasto tributario (más del 6% del
presupuesto nacional) para disponer de RD$200 mil millones asignados
a las exenciones, subsidios y exoneraciones de sectores económicos-sociales,
que producen ilimitados y cuestionados beneficios sociales al país, entre ellos
grandes empresas nacionales y extranjeras.
b) Rebajar en un 30% los sueldos de los
funcionarios públicos.
c) Eliminar las partidas presupuestarias
dedicadas a la publicidad gubernamental, al barrilito y cofrecito del Congreso,
a pagar dietas, viajes, tarjetas de créditos y otros privilegios asignados a los funcionarios.
d) Suspender el pago
a Odebrecht, que obtuvo por
arbitraje internacional.
e) Suspender el pago de los servicios de la deuda
externa.
f) Eliminar los aportes económicos presupuestarios
asignados a los partidos políticos por
la JCE.
g) Posponer las inversiones públicas no prioritarias.
h) Dedicar el 5% del Presupuesto
Nacional a la salud.
Las
medidas fiscales anteriores serán completadas con otras tributarias, monetarias y financieras, que han
tomado, decidirán y aplicarán el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y
la banca privada, que contribuyan a la provisión y colocación de recursos
financieros suficientes para el consumo personal y para la recuperación de las
empresas y del país.
Además,
el Gobierno debe y puede gestionar la colaboración internacional de gobiernos,
organismos y agencias de cooperación, sin tener que incurrir en nuevos
préstamos.
5. Ante la crisis del COVID-19 se impone como obligación
y de justicia demandar la condonación de la deuda externa del país por dos años.
6. Exigir eliminar en el mundo el tráfico de armas y
las guerras de agresión a las naciones, como Venezuela, Cuba e Irán.
7. Propugnar por la construcción de un nuevo modelo de
desarrollo social, económico y político,
humanista, incluyente y en armonía con la naturaleza.
8. Exigir la creación de un nuevo sistema de salud pública
y de seguridad social, con cobertura universal de salud y sin intermediación
privada en su gestión.
9. Ejecutar en el sector agropecuario un plan de
emergencia que garantice la soberanía y seguridad alimentaria, y ofrezca apoyo sin dilación a los pequeños y medianos
productores del campo, que incluya entre otras medidas:
a) Capitalización del Banco Agrícola para financiar la
producción de pequeños y medianos productores agropecuarios, con un período de
gracia de tres años para los pagos, así como a los pequeños emprendimientos de
las mujeres en zonas agropecuarias y comunidades rurales, con
tasas blandas de interés de 8%.
b) Realizar una campaña de preparación de
tierras, suministro de semillas de
buena calidad, material de siembra y reparación de bombas y canales de
riego, en coordinación con las
asociaciones campesinas.
c) Condonación
de deudas agropecuarias que se compruebe que hayan sido provocadas por
pérdidas de la producción debido a
factores como sequías, inundaciones,
plagas, enfermedades y otros fenómenos naturales, así como compensación de
pérdidas por falta de mercado interno y de exportación, generadas por la actual crisis mundial
(bananos, hortalizas, otros).
d) Establecer un programa de compra de producción
agropecuaria a pequeños y medianos productores para garantizar abastecer los mercados
y vender a precios justos.
10. Implementar un plan de emergencia para disminuir y
compartir con los hombres, la carga del
trabajo en los hogares y controlar el aumento
de la violencia física y
psicológica en
contra de las mujeres, que se ha creado con la cuarentena.
11. Eliminar y sancionar las acciones de corrupción en
las compras y suministros públicos.
12. Nacionalizar la producción de oro y ponerla al
servicio del financiamiento de la solución
de la crisis.
13. Eliminar
con urgencia los arrendamientos de terrenos estatales de los ingenios Central
Barahona, y de los Vicini, en San Pedro de Macorís, y distribuirlos
a los campesinos para la producción de alimentos y la recuperación económica
nacional.
14. Garantizar que los recursos dedicados por el
Gobierno para la recuperación de las MIPYMES, con la intermediación del Banco
Central y administrados por la banca les sean entregados sin obstáculos y con
agilidad.
15. Promover una gran unidad de los sectores y fuerzas
progresistas para discutir y elaborar un plan de acción conjunta para enfrentar la presente crisis.
Aplicamos las recomendaciones anteriores con la debida
responsabilidad, humildad, objetividad, agilidad y sin vacilación, y con espíritu
solidario y humano, pensando siempre en
el bien común, en el pueblo, de seguro que triunfaremos y venceremos el COVID-19 y sus estragos, con el menor costo posible.
Reunión Virtual
Coordinación Nacional
5 de abril de 2020
República Dominicana
