LAS ELECCIONES DEL 1962 Y LAS CONSPIRACIONES PARA IMPEDIR EL TRIUNFO DE JUAN BOSCH

Por Fidel Soto

(Golpe primero y elecciones después. Rodríguez Reyes y Bosch)                         

*"Solo el tiempo destila el licor de la verdad dulce y útil para lo porvenir"* Américo Lugo.

En la obra Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana, el presidente Juan Bosch titula el capítulo XI : Golpe primero y elecciones después, en el que trata algunos de los planes contra su candidatura y el PRD. Explica que algunos de esos planes querían imponerlos con rasgos de legalidad y menciona los siguientes:

1- Total control de la J.C.E.

2-Impedir que los analfabetos votaran.

3- Imponer las boletas de un solo color.

 La Junta Electoral controlada por el Consejo de Estado y la UCN consignaron en la ley electoral  que los votos  serían de un color para cada partido; pero al mismo tiempo dejaban la posibilidad de que la misma Junta decidiera  que todos fueran del mismo color. Bosch de dió cuentas de la encerrona que se preparaba, puesto que los analfabetos que rondaban casi el 50 por ciento, no podrían votar o votarían mal, porque tendrían que leer las boletas. Este plan iba unido a una propuesta de la UCN para que se le impidiera votar a los que no supieran leer. Claro que tal propuesta no prosperó por la oposición de Bosch,  como por lo absurdo de la misma. Dejemos que sea el propio expresidente que explique :

"Si el PRD permitía que las primeras elecciones libres supervisadas por la OEA como iban a ser esas se celebraran con votos de un color se sentaría un precedente y nunca mas podría el Pueblo dominicano esperar que se estableciera el voto de color; y  éste era indispensable para que el Pueblo votara sabiendo lo que hacía. A esa altura, sabíamos ya algo que no supimos a tiempo : el predominio cívico en la Junta Central Electoral era tan firme que si el PRD daba una batalla en el seno de la Junta, la perdía. Ya había perdido la de las elecciones para Constituyente porque uno de los miembros de la Junta alegaba que la Asamblea Revisora de la Constitución tendría los poderes necesarios para deponer al Consejo de Estado debido a  su condición de asamblea soberana. La movilización de la opinión pública no era suficiente; el Consejo de Estado había probado que no le importaba la opinión pública. El PRD estaba en el caso de usar otros medios, y amenazó con no ir a las elecciones si no había voto de colores. La situación hizo crisis porque el alto mando militar se presentó ante el Consejo de Estado con esta demanda: "Si no hay elecciones, las fuerzas armadas tomarán el poder el 27 de febrero de I963; tal como lo dice la Constitución, el Consejo de Estado debe entregar el poder ese día; de manera que ni un día más allá del 27 de febrero de 1963". El Consejo de Estado se plegó; el Presidente de la Junta Central Electoral fue llamado a Palacio y al día siguiente se dio la noticia: habría votos de colores, aunque cuatro partidos tendrían el voto blanco, tres de ellos orlados con otros colores. Como el voto blanco era el del PRD, si había confusión entre los votantes el perjuicio sería para nosotros. Aceptamos la decisión, aunque nos causara daños, porque para el PRD lo verdaderamente importante era que el antecedente quedara establecido; al fin y al cabo, cuarenta o cincuenta mil votos significaban poco para nosotros, pues según nuestros cálculos tendríamos no menos de doscientos mil votos por encima del partido que nos siguiera."

(Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana. Págs. 136-137. Colección Bosch para todos. Fundación Juan Bosch.2013)

La trama contra el triunfo de Bosch eran de todos los tipos y las conspiración la movían por todos lados y con múltiples argumentos.

Los planes de la oligarquía empezaron desde el mismo día que la Flota del Pentágono se estableció alrededor de la isla. Demostrando desesperación y envalentonamiento, la UCN quería obtener el poder a toda costa. El 28 de noviembre de 1961, fracasaron unas negociaciones de la Unión Cívica nacional "cuando el gobierno presentó una contraposición y ésta fue rechazada por el Dr. Viriato A. Fiallo, quien llamó a un paro de las actividades nacionales concediéndole un plazo de doce horas al presidente Balaguer para aceptar las condiciones que le fueron propuesta  el día 26, en cuyo contenido se incluía la designación de Fiallo como secretario de las Fuerzas Armadas y la renuncia del presidente Balaguer para aquel acceder a la presidencia".

(Periódico El Caribe. Ver pág.9 de Cronología Histórica 21 noviembre 1961-junio 1966 de Fernando Infante. Ediciones Librería Trinitaria.)

Mientras los cívicos amarraban lazos de poder, Bosch le desenredaba la madeja para impulsar la democracia en el país. En ese sentido el día 11 de julio "declaró que si no hay elecciones el 15 de agosto de este año," (1962) "según la reforma constitucional que hizo el propio Consejo de Estado, este gobierno colegiado " pasará a ser desde el mismo día 16 de agosto un gobierno ilegal". ( El Caribe,11 de julio de 1962). Así estaba el panorama. No tenía el gobierno planes de elecciones, porque se estaban dando cuentas de la fuerza del PRD. Bosch no perdía tiempo con nada en lo concerniente al proceso legal y en tal efecto procedió a declarar que la única salida de la compleja crisis dominicana que padece la República es la "rápida elección de un gobierno constitucional mediante elecciones generales, limpias, puras e inobjetables". (El Caribe, marzo.1962). La insistencia de Bosch era porque sabía que la pretensión del Consejo de Estado era quedarse con el poder de cualquier manera.

No obstante a la declaración del profesor Juan Bosch sobre la necesidad de celebrar la elección de la Asamblea Constituyente para el 15 de agosto la Junta Central Electoral dispuso que la fecha para escoger a los miembros de la Asamblea Constituyente fuera pospuesta. El gobierno se salió con la suya y lo hizo dentro de la legalidad que representaban tanto la Junta como el Gobierno.

Bosch, no retrocedía. Seguía en lucha permanente para lograr el favor de las masas. Parecía un ovejo dentro de un corral de lobos salvajes. Actuaba con moderación y astucia, con humildad y decencia; pero con las fibras de un león  y la firmeza de quien tiene la verdad y a las masas irredentas.

El 9 de febrero ( 1962) los cívicos se quitaron la careta, tras la cual escondían sus ambiciones civilista y pasaron, como en efecto eran, a declararse partido político, con Fiallo como presidente. A este acto y coincidiendo con Bosch, al otro día, respondió el Dr. Manolo Tavarez Justo líder del Movimiento 14 de junio, con estas palabras : "...la Unión Cívica Nacional controla el Consejo de Estado y al gabinete; y al convertirse en partido político sustituye al Partido Dominicano y ha traicionado al pueblo..." El Caribe 9 y 10 de febrero del 1962.

La jugada de la UCN al pasar a partido político de manera declarada y pública fue entendida inmediatamente por Bosch. Y para hacer frente con rapidez a ese paso de la oligarquía y su gobierno se adelantó e inscribió al PRD en la Junta Central Electoral, controlada por los cívicos y el gobierno. Quedaron impactado cuando ese partido presentó una lista certificada con más de 300 mil afiliados. Es el primer partido que se inscribe. Pavor y terror cunde en la esfera del poder. Esto los lleva a acelerar los planes de : Golpe primero y elecciones después. Es el mismo presidente Juan Bosch quien lo explica de la siguiente manera:

"Por esos mismos días estuvo a verme una noche el general Rodríguez Reyes. Rodríguez Reyes era Inspector de las fuerzas armadas y el único entre Ios generales que tenía condiciones de líder. Había entrado en la guardia como raso y moriría ese mismo año, a fines de diciembre, en el episodio sangriento de Palma sola. El general me dijo que en el Consejo de Estado había presiones internas fuertes, divisiones y tiranteces. Un grupo de consejeros deseaba prolongar la vida del Consejo un año más, y uno de los Consejeros le había propuesto dar un golpe de Estado. Las fuerzas armadas, me afirmó, no se prestarían a ningún chanchullo. Al Consejero que le había propuesto el golpe él le había dicho que sí e inmediata-mente informó al alto mando de lo que pasaba. Algunos días más tarde, tres altos oficiales me confirmaron lo que había dicho el general Rodríguez Reyes; me visitaron para eso y yo los oí con atención, pero sin darles estímulo, pues no quería que se sintieran actores en el campo político ni siquiera por un minuto." Crisis de la democracia de América en la República Dominicana. Pág.129-130. Ediciones fundación Juan Bosch.2013.

Entre esos tres oficiales estaba el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez.

03-05-22

Juan Bosch

UN ERROR DE LA DERECHA

Por José Manuel Félix, dirigente de la ANED.

La coyuntura política actual lleva el sello de la crisis de la partidocracia Dominicana que se manifiesta, sobre todo,  en  el desgaste de la derecha conservadora, de la que forman parte, más no exclusivamente,  los partidos políticos que han alcanzado ser gobierno desde la intervención norteamericana de 1965 hasta el día de hoy. Así vistos, sin importar mucho la retórica discursiva que los acompaña,  pero si los hechos,  muy concretamente las políticas públicas aplicadas y  la adopción del neoliberalismo como sustancia común del modelo económico y social, por lo que son concebidos como un único  partido  de  la derecha al que llamaremos el Partido Neoliberal.

Pertenecen a este Partido Neoliberal, el PRSC, el PRD, el PLD y su réplica la FP y por supuesto el actual partido de gobierno, el PRM, con Luis Abinader a la cabeza de este.

Además de los partidos mencionados forman parte de la derecha política los llamados poderes fácticos que lo componen la Oligarquía, los medios de comunicación, la cúpula empresarial del CONEP, la cúpula religiosa, tanto católica como protestante,  los norteamericanos y todo el andamiaje técnico e ideológico que les sirve.

Por lo común los partidos políticos son cooptados, en mayor o menor medida, por estos poderes fácticos cuando llegan al poder, y aun antes,  haciendo que estos se alineen, tanto a sus intereses corporativos inherentes,  como a su visión estratégica en torno a la política y el poder político, convenientes `a la acumulación de capital.

Esta crisis de los partidos políticos no es nueva, se ha venido  gestando desde mucho tiempo atrás,  matizada por el resquebrajamiento del partido reformista, posteriormente del PRD  y más recientemente con la división del  PLD en 2019.

Así las cosas, las fuerzas de derecha representativas de  los poderes fácticos, que habían constituido hasta este momento el poder invisible detrás del telón, se disponen a conformar  un proyecto político propio, sin la mediación de los conocidos políticos profesionales y sus partidos, y logran colocar a Luis Abinader y al PRM en la preferencia del electorado. El resto es conocido por todos.

De esta manera, junto con Abinader,  accede al gobierno la tecnoestructura oligárquica hasta   posiciones estratégicas del poder político, concretizando, por primera vez en mucho tiempo, la plena conjunción de Gobierno y Poder fáctico.

Ahora bien, lo que parecía ser la más inteligente estrategia política de la derecha, se ha revertido en  catalizador de  las contradicciones sociales al punto de volver a poner en primer plano la lucha de clases.

Esta estrategia de la derecha constituye un error que ya cuenta con ejemplos fallidos en la región latinoamericana: Caso Piñera en Chile y ahora con Lasso en Ecuador.

Con apenas un año y 8 meses, el gobierno del PRM, «el gobierno del cambio» sufre una significativa caída en su posición dominante que se refleja en el  descenso de la popularidad del gobierno y de la figura de  Luis Abinader en concreto

Sin intentar profundizar en las razones de este declive, mencionaremos solo algunas:  las promesas incumplidas y su incapacidad en aplacar la espiral inflacionaria.  La puesta en marcha de una «agenda oculta» basada en nuevos y sofisticados mecanismos de privatización de activos públicos, amparados en marcos legales (leyes) construidos para tal efecto como son las APP y los Fideicomisos. Un alineamiento palpable del gobierno con los intereses norteamericanos, incrementando  el carácter entreguista en términos generales, pero sobre todo, en el área de los recursos naturales no renovables.

En un país que ha sido invadido militarmente en dos ocasiones por los gringos, la actitud del gobierno lacera  el sentimiento nacional.

Dicho de otra manera, los sectores oligárquicos en su deseo de apoderarse directamente y desde el gobierno de los activos y los servicios públicos claves, a través de instrumentos novedosos, propios de un neoliberalismo 2.0, asaltan la institucionalidad, y en lugar de encontrar un camino despejado para el logro de sus objetivos, se tropiezan de frente con la reacción popular y la resistencia de amplios sectores de la sociedad al cambio prometido y trastocado.

De aquí que la derecha política y su estrategia fallida, hayan provocado sin proponérselo,  la aparición de un espacio político electoral para el desarrollo de un polo progresista alternativo al polo conservador de derecha que ha  monopolizado el escenario político desde la intervención norteamericana de 1965,

Por primera vez en varias décadas,  en la sociedad dominicana, la coyuntura social y política brinda  las condiciones ¨objetivas y subjetivas¨ para conformar una ruta que  permitirá poner fin a la larga noche neoliberal en que ha estado sumido el  pueblo dominicano  y será  con la unidad de las fuerzas populares, de los partidos progresistas y de los movimientos sociales de frente a una derecha conservadora que ya tiene muy poco que ofrecer, a no ser más y más neoliberalismo.

Fuente: Un error de la derecha (eldia.com.do)

José Manuel Félix

AL PASO ACTUAL DE LOS ESFUERZOS UNITARIOS, NO VAMOS PA´ NINGÚN LADO

Por: Francis Santana

Aunque decimos estar de acuerdo en unir a las organizaciones revolucionarias, democráticas y a las personas sin partido con prácticas de avanzada en una Coalición Política para disputarle el poder a las clases dominantes; la gran verdad es que al paso que llevan hoy los esfuerzos unitarios, no hay garantía alguna de que podamos hacer un adecuado aprovechamiento de la presente coyuntura.

En la gran mayoría de las provincias y municipios del país aún no existe coordinación unitaria alguna de las fuerzas y personas que pueden ser parte de la unidad que planteamos. 

Las distintas organizaciones revolucionarias, democráticas y progresistas están concentradas en su dinámica particular,  y en los hechos demuestran que la unidad es asumida principalmente como un discurso y como una cuestión no prioritaria, ni fundamental. Reuniones bilaterales que entre algunos partidos y movimientos de izquierda se han estado efectuando, no trascienden la intención de impulsar la unidad de acción.

Frente a determinadas  diferencias que se presentan en algunas discusiones unitarias, la respuesta ha sido, en más de una oportunidad, el enfriamiento de las relaciones. Puro infantilismo e inmadurez.

Ante la solicitud de reuniones bilaterales para ver la coyuntura, se dan largas interminables para  responder, actitudes que no tienen ninguna explicación, ni expresan voluntad unitaria.

No ha habido iniciativas hasta el momento para reunir al universo, o parte significativa, de las fuerzas progresistas y democráticas para valorar la presente coyuntura y determinar la posibilidad de caminar unidos tras objetivos comunes.

Tampoco se han impulsado eventos unitarios con el amplio sector de revolucionarios/as no organizados/as en grupos de izquierda para ir aproximándonos hacia una gran coalición política en la que estos/as puedan hacer valiosos aportes a la luz de sus competencias, que son muchísimas.

Y cuando hacemos algunas reuniones bilaterales, que son calificadas de "históricas", a las mismas no se les da el seguimiento necesario.

Al parecer, no existe una auténtica comprensión de lo imperioso y absolutamente imprescindible de unir lo mejor de la nación como condición obligada para poder avanzar hacia el logro de nuestros grandes objetivos.

Y hablo aquí,  solo de la incomprensión; pero podría hablar, además, del desinterés y apatía de un amplio número de dirigentes y militantes de izquierda y progresistas, que más que dedicarse a  la unidad y a la lucha revolucionaria,  están preocupados principalmente por elevar sus condiciones económicas y su status social, llevando una vida de confort incompatible con el trabajo duro, de entrega y sacrificio a favor de la causa emancipadora que debe asumir todo/a auténtico/a revolucionario/a.

Y mientras el tiempo pasa y su recuperación es imposible, seguimos a paso de tortuga en materia unitaria, actuando de manera inconsecuente e irresponsable frente a los requerimientos del  momento político actual, no obstante ser éste, un momento estelar y que nos presenta brillantes oportunidades para  producir un significativo salto hacia adelante; pero solamente si somos capaces de unirnos a tiempo integrando la más amplia diversidad del campo popular, democrático, revolucionario y actuando en todos los escenarios.

Es  posible avanzar unidos; pero es urgente rectificar conductas y políticas que han sido  las responsables históricas de las limitaciones e insuficiencias de nuestra izquierda y de que no nos hayamos convertido en una real opción de poder.

Es posible unirnos para afrontar los retos de la presente coyuntura y mucho más allá; pero no podemos, ni debemos seguir marchando al paso de la tortura, compitiendo entre nosotros mismos, pretendiendo y jugando a ser vanguardia de manera particular.

Cada organización y cada revolucionario sin partido, tienen la responsabilidad de contribuir a forjar una poderosa unidad para avanzar sólida y sostenidamente hacia el poder de las mayorías.

Cambiemos el paso de la tortuga que caracteriza hoy la marcha de los esfuerzos unitarios; porque así, no vamos pa' ningún lado.

Aún estamos a tiempo.

Francis Santana

PUNTA CATALINA: DEL CUERPO DEL DELITO A LA PRUEBA DE LA TRAICIÓN

Por Héctor Turbi* 

El título de este artículo quiere significar que el actual gobierno ha traicionado las aspiraciones de justicia y bienestar de la población dominicana, al menos de la que se hizo expectativas en ese sentido.

Este es el punto: Luis Abinader y Antonio Almonte se comportan como cómplices de Felipe y Juan Vicini, Lisandro Macarrulla, Danilo Medina, Rubén Bichara, Manuel Estrella, Jaime Aristy Escuder,  Odebrech, Tecnimont y compartes, en el escándalo de corrupción de Punta Catalina.

Estos son los números: En cualquier parte del mundo la instalación del volumen de generación como el de Punta Catalina(752 MW brutos), incluso en tecnologías más avanzadas que la que tenemos allí, cuesta en torno a mil (US$1,000) millones, poco más o poco menos.

Antonio Almonte conoce bien y le llegó a explicar al país con lujo de detalles, que Punta Catalina le terminaría costando al país más de US$3,000 millones.

Por la sobrevaluación inicial y el cúmulo de escándalos en que se vio envuelto el proyecto, es vox populi que el país ha tenido que pagar un sobrecosto no menor a los US$2,000 millones, es decir, más de RD$100,000 millones. Esa no es una cifra menor en ninguna parte del mundo y menos en país pequeño como el nuestro, de poco más de 10 millones de habitantes.

Por tanto, podríamos empezar exigiéndole al presidente Abinader que desmienta estos números.

Si no puedes desmentirlos, es abuso de poder, corrupción y traición al pueblo, el hecho de que, sin establecer responsabilidades sobre este escándalo, el señor Presidente se despache con la creación de un fideicomiso público con los bienes de este proyecto.

Además de tapar la gran corrupción del gobierno de Danilo Medina y grupos empresariales envueltos en ella, el fideicomiso en sí, ha sido evidenciado como un procedimiento inconstitucional, ilegal, ventajista, por no pocos abogados  y actores sociales, al punto que el Presidente se ha visto en la obligación de posponer su aprobación y ejecución.

Recientemente hemos participado en una comisión de los movimientos sociales que se reunió con el presidente en el Palacio Nacional y pudimos comprobar con la vehemencia con que el Presidente–empresario defiende sus políticas de fideicomisos y alianzas públicas privadas.

Le dijimos al Presidente que su gobierno ya tenía casi dos años, que su llamada política contra la corrupción se conduce al fracaso, porque en el caso más grande y emblemático, como lo es el de la sobrevaluación de Punta Catalina, no se había dado ningún paso ni siquiera para investigarla.

Le dijimos también que, dado que a la República Dominicana no le ha faltado crecimiento económico, su principal problema estructural era la desigualdad social, las políticas que enriquecen y le dan poder a los grupos privilegiados de siempre, empobrecen y marginan a las mayorías.

La corrupción e impunidad son, por supuesto, parte de ese sistema de desigualdad, lo agravan con un constante drenaje de recursos desde los pobres hacia los ricos, además del sistema impositivo regresivo que tenemos. Las ARS/AFP son ejemplos típicos de ese drenaje, lo mismo que el endeudamiento que beneficia a los ricos, pero lo pagamos los pobres.

El Presidente se defendió diciendo que la cuestión de la corrupción en Punta Catalina se está investigando, que ese es un asunto aparte del fideicomiso, que se ha durado mucho tiempo porque ninguna empresa quería participar de la licitación para la auditoría y que el gobierno tiene que buscar un vehículo legal para manejar a Punta Catalina. Nada nuevo, lo mismo que conocemos.

Veamos el detalle de la traición con dos componentes:

Primero, el gobierno actual ha seguido en líneas generales la misma política macroeconómica que casi toda la era del PLD desde mantener el mismo gobernador del Banco Central, el endeudamiento, hasta el caso del sector eléctrico, donde se firmó sin quitarle ni una coma, el pacto que orquestó el gobierno anterior y que cuestionaban desde la oposición.

El segundo componente de la traición, ligado a la anterior, es que el gobierno se ha atado al principal grupo empresarial del país, lo cual se ha expresado en el nombramiento de Lisandro Macarrulla como funcionario clave de la actual administración, y ese grupo económico no solo ha sido beneficiario de la sobrevaluación de Punta Catalina, sino que ha estado detrás y delante de todo latrocinio económico que ha representado para el país la privatización y  los contratos-mafias del sector eléctrico, además de que históricamente desde finales del siglo XIX, se ha servido con la cuchara grande del patrimonio público por medio del estado.

Esas son las razones por las que el gobierno de Luis Abinader no ha hecho nada, ni podrá hacer nada para sancionar la sobrevaluación en Punta Catalina. Son los fundamentos de la traición.

Más aun, al no tener posibilidad de enfrentar la gran corrupción y mostrarse más claramente inclinado a favorecer los intereses de las élites empresariales, en términos prácticos, los impactos de la actual administración gubernamental para la sociedad dominicana pueden ser incluso peores que los de la era del PLD. No es otra cosa a lo que se refiere la gente cuando habla de un cambio en reversa.

Pero vamos al latrocinio del sector eléctrico y Punta Catalina: En los años 80, estando aún Juan Bosch vivo, el PLD pedía que le entregaran la CDE, que tenía unas fórmulas para resolver el problema eléctrico del país (apagones, tarifa cara, problemas técnicos, déficits financieros, etc).

Bueno, pues no muy tarde después de esos pedimentos, en 1996 llegaron al gobierno y aplicaron la política de la llamada capitalización (ley 141-97). Se alegaba que el Estado no tenía los recursos necesarios para la modernización del sector.

Bien, en 1999 se consumó la capitalización, más bien privatización, pues para no hacer largo este cuento, entre el 2000 y el 2021, el Estado ha tenido que erogar en subsidios cerca de US$1,000 millones anuales, concretamente, más o menos US$18 mil millones, en estos 21 años.

Léase bien, a la tasa actual casi RD$Un billón, ó lo que es lo mismo en español, un millón de millones de pesos dominicanos.

Con ese dineral, el mismo Estado que supuestamente no contaba con recursos para modernizar el sistema eléctrico habría podido resolver la crisis del sector 4 ó 5 veces, y aun sobraría dinero.

¿De dónde ha salido ese dinero?. Pues, del presupuesto público, especialmente de endeudamiento, porque así es más fácil para los grupos empresariales corrompidos drenar recursos de los pobres mediante las sobrevaluaciones, adendas y contratos –mafias.

Véase que, no por casusas del azar ni fortuitas, que del gran endeudamiento público que tenemos, que representa más de un 70% del PIB, buena parte proviene del sector eléctrico.

¿Y a dónde han ido a parar estos US$18 mil millones de subsidios, el billón de pesos? Ninguna sorpresa, mucho de este dinero ha ido a las arcas de los grandes generadores y al mismo grupo empresarial que representa Macarrulla en el Palacio Nacional, que por obra y gracia del espíritu santo, desde la privatización de 1999 se fue haciendo con buena parte de la generación eléctrica privada.

Es así como llegamos a invertir del presupuesto público más de US$3,000 millones en Punta Catalina, pero no era necesario erogar un centavo del Estado, porque se supone que justamente en los 15 años anteriores se habían creado un conjunto de normas para que sea el sector privado que se encargue de eso y, como se ve, a los generadores privados no les faltaba, ni le falta dinero.

Punta Catalina se contrató con el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella en medio de un maratón de irregularidades sobradamente documentadas, en US$2,040.7 millones. Esto se redujo a US$1,945.00 millones después de unas negociaciones con el ex presidente Danilo Medina que implicaron la exoneración de los impuestos sobre la renta y otras exenciones al consorcio.

Cuando el presidente Abinader y el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, se inventan el tal fideicomiso público de Punta Catalina, pusieron como valor del patrimonio del proyecto la suma de US$2,340.5 millones. Este monto corresponde a la sumatoria del contrato de Odebrecht US$1,945.00, más la suma adicional del acuerdo CDEEE-Odebrecht de Nueva York, ascendente a US$395.5 millones, muy a pesar de que Rubén Bichara y Jaime Aristy Escuder se jactaban de decir que “no se pagaría ni un centavo más del contrato original”.

Pero resulta que en el valor de este patrimonio faltan muchos conceptos que el mismo Antonio Almonte explicó cuando estaba en la oposición, relativos a los costos del dueño (CDEEE), cargos financieros y otros.

En ese monto no está incluido ni siquiera el valor de los terrenos por el cual se pagó en marzo del 2020 una suma de poco menos de US$07 millones a los Vicini, dueño de los terrenos, mismo grupo empresarial que venimos cuestionando.

Estos terrenos debieron declararse de utilidad pública antes del inicio de  la construcción de las plantas, pero se inventaron un llamado contrato de arrendamiento “anfiteusis”, una extraña figura jurídica muy poco conocida en el país, con la cual se pretendía beneficiar adicionalmente este grupo con la construcción de un gran parque industrial allí, además de que luego se descubrió la existencia de otro contrato clandestino con una compañía de carpeta para mediante un “acuerdo de potencia” instalar otros 600 MW de carbón al lado Punta Catalina, además del puerto carbonero. Todo eso está ampliamente documentado e incluso reconocido por Juan Vicini en un artículo escrito en el Listín diario el 13 de octubre del 2015.

https://listindiario.com/economia/2015/10/13/391853/precisiones-sobre-las-plantas-de-punta-catalina.

La propia comisión Agripino-Escuder-Conep, que Danilo Medina nombró mediante el decreto 6-17 para obstruir la labor de la Justicia en Punta Catalina, estimó que por cada mes de retraso en la construcción del proyecto, representaba un costo adicional país de US$25 millones.

Según el calendario inicial del contrato, las plantas debieron entrar en operación en agosto y octubre del 2017, pero en medio de todos los escándalos en que se desarrolló este proyecto, no fue sino hasta los primeros meses del 2020 cuando comenzaron las operaciones, con retrasos de al menos 28 meses. Por tanto, solo por ahí, Toñito Almonte debe calcular unos US$700 millones adicionales.

Aunque hay mucho más, podemos parar de contar.

En el año 2017, cuando las movilizaciones de Marcha Verde estaban en alta, a Punta Catalina se le conocía como el cuerpo del delito, se llegó a someter un anteproyecto de juicio político contra Danilo Medina en el Congreso Nacional e, incluso, grupos de intelectuales y activistas llegamos a pedir la renuncia del Presidente.

En octubre de ese mismo año, cuando la encuestadora Gallup le preguntó a la gente si creía que en el Proyecto Termoeléctrico Punta Catalina había sobrevaluación, un 90.8% de los entrevistados dijo SÍ.

¿Es exagerado decir que este gobierno ha traicionado la esperanza que tenía el pueblo dominicano de que el sobrecosto de Punta Catalina sea sancionado y el dinero sea recuperado?

Solo pensar que se pretende entregar en un supuesto fideicomiso público, que ni siquiera existe aún como marco jurídico, a los mismos grupos empresariales responsables de la calamidad eléctrica que por décadas hemos vivido, incluyendo el latrocinio de la propia Punta Catalina, para que administren este bien público, sin poner un centavo allí, no solo es corrupción de este gobierno, es una barbaridad.

Al presidente Abinader y el gobierno del PRM hay que hacerlos pagar las consecuencias de este nuevo latrocinio.

¿Es verdad lo que dice el Presidente que la sobrevaluación de Punta Catalina es una cuestión muy aparte y diferente del fideicomiso?

Permítaseme dudarlo, tratándose de un escándalo tan grande, si se manejasen con transparencia como dicen, debían preocuparse porque ese sobrecosto se aclare primero, pero como hemos visto, para el presidente eso es cuesta arriba con los Vicini y los Estrella respirándole en la nuca.

La otra barbaridad que argumentan, en el sentido de que para sancionar la sobrevaluación de Punta Catalina se necesita una auditoría, es una falacia.

 Claro, se necesita la auditoría, pero en la República Dominicana de 2012 al 2020 hay una documentación pública abrumadora que prueba la sobrevaluación de Punta Catalina.

 Si el presente gobierno tuviera voluntad política para combatir la gran corrupción, bastaría con que el flamante ministro de Energía y Minas, al cual los contribuyentes le pagamos un buen salario, se preparara un pequeño resumen ejecutivo con esas denuncias que hacía cuando estaba en la oposición y las deposite en la procuraduría.

 En su despacho y los archivos de su ministerio están los documentos con las pruebas, pero prefiere durar cuatro años hablando de una auditoría, algo parecido a aquel informe Agripino-Escuder del decreto 6-17 de Danilo Medina, que los grandes empresarios saben muy bien como comprarlos y maquillarlos.

La periodista Alicia Ortega y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, por ejemplo, documentaron que en Punta Catalina se habían distribuido sobornos por US$39.5 millones, al punto de que funcionarios del más alto nivel del Banco de Reservas y la Bolsa de Valores renunciaron a sus puestos, pero el señor “procurador” Jean Alain Rodríguez dijo que eran simples hojas de Excel.

Hoy Jean Alain es juzgado en la Operación Medusa por irregularidades y robos en su gestión en la Procuraduría General de la República, que pueden llegar a superar según el expediente los RD$9,000 millones. Una buena cosa.

Pero, el peor delito de este señor camina a quedarse impune, que es confabularse con una compañía que había confesado su crimen, orquestando un acuerdo de impunidad y sacando los sobornos y sobrevaluación de Punta Catalina del expediente del llamado escándalo Odebrecht.

Si sumamos al sobrecosto de Punta Catalina y las sobrevaluaciones de este escándalo entre 2001-2014, superan por mucho los US$3,000 millones, casi RD$200,000 millones, una suma superior a los escándalos bancarios Baninter-Bancrédito-Progreso del 2003-2009.

Así que, a pesar de lo escandalosa que es la Operación Medusa, si lo miramos por los números, Jean Alain solo está siendo juzgado por la caja chica de sus tropelías.

Y el escándalo no concluyó en 2014, ni en 2016-2017 cuando explotó e indignó a la ciudadanía, sino que Odebrechet continúo construyendo a Punta Catalina hasta después de 2020, en clara violación a la ley.

En este contexto, la llamada justicia independiente es una farsa. El nombramiento de doña Miriam Germán Brito en la Procuraduría, con todo y su bien ganado prestigio y el legado de Marcha Verde, no servirá más que para una operación mediática y circo favorable a una reelección y nada más.

El 10 de enero del año 1877 el presidente Buenaventura Báez emitió el decreto 1593 para crear la Compañía de Crédito de Santo Domingo, un organismo para proveer financiamiento al Estado. Ya para esa época Juan Bautista Vicini Canepa fue incluido por el señor Báez como uno de los principales accionistas de la compañía con una inversión para la época de RD$2,540 pesos fuertes. Desde entonces, e incluso antes, este grupo empresarial se ha estado sirviendo del patrimonio público, con corrupción y violencia incluidas.

Cuando los militares estadounidenses se iban en 1922-1924, pusieron como presidente provisional al hijo del viejo Vicini.

Cuando ya Trujillo no le servía para nada a los intereses de los norteamericanos, un señor X de los Vicini se montó en la conspiración.

Y cuando en 1963, Juan Bosch quiso ponerle un poco de límites a las superganancias del sector azucarero, ese mismo grupo dueño de la llamada Unión Cívica y la Asociación de Industrias precursora del actual Conep, y otros intereses bien documentados por la historia, le dieron un golpe de estado.

 No parece que Abinader tenga ni ánimos, ni cojones para enfrentarse los dueños del país responsables de la sobrevaluación y corrupción en Punta Catalina.

Danilo Medina sacó de debajo de la manga al muy conocido mediador Agripino Núñez Collado para encabezar la comisión del decreto 6-17 para investigar el contrato de Punta Catalina.

 El escándalo no se hizo esperar, al descubrirse que el sacerdote, que en paz descanse, era juez y parte porque integraba el Consejo de Administración de Acero Estrella, empresa consorciada de Odebrecht en Punta Catalina.

En la campaña electoral de 2020, el ahora presidente Luis Abinader sacó aparentemente de la nada a la señora Raquel Peña, a la que casi nadie conocía en el mundo político, para convertirla en Vicepresidenta de la República. Su declaración jurada, su procedencia de la PUCAMAIMA del difunto Agripino y sus vínculos con el Grupo Estrella, son más que evidentes.

No se puede sancionar la sobrevaluación de Punta Catalina sin afectar los intereses de los  Macarrulla-Vicini y los Estrella-Peña, que tienen sus despachos demasiado cerca de los del Presidente...y girando al Suroeste, a unos pocos kilómetros esta Punta Catalina con su montaña de cenizas.

Para no fastidiarles más, y dejar ver que no tengo una motivación exclusivamente política, terminaré este relato con una nota personal y ambiental: Mi madre, con sus casi 80 años, diabetes y problemas cardíacos encima, ha vivido toda la vida a menos de dos kilómetros de donde ahora está Punta Catalina y no tiene ni dinero, ni mínimas condiciones humanas para trasladarse de las cercanías de -permítaseme-esas azarosas plantas de carbón y su montaña de cenizas y otros gases y partículas contaminantes.

También debía tener derecho a indignarme, porque ahí se queman cada día sin descanso más de 5,000 toneladas de carbón mineral.

Todo eso era absolutamente innecesario, porque, como ya se sabe, en todo el mundo se está abandonando el carbón por razones obvias, el país tenía y tiene muchísimas otras opciones sin que el estado tuviera que invertir un centavo. Pero gente que ya antes era muy rica, tenía la necesidad de robar. 

*Activista de la Coordinadora Popular Nacional.

Héctor Turbí

UN EVENTO DEVALUADO

 Rafael Chaljub Mejía

 

Feria del Libro en la calle Las Damas, Zona Colonial

La Feria del Libro ha perdido el prestigio que llegó a alcanzar en otros tiempos y en su versión actual ha llegado a unos niveles de devaluación que obligan a hacer un alto, para hacer un balance a fondo de ese evento y tratar de relanzarlo.

Yo trabajé varios años en la Feria del Libro y en esos tiempos ese acontecimiento captaba la atención de la mayor parte de la intelectualidad y más de medio país se ponía en Feria, como suele decirse popularmente.

Entonces al frente del Ministerio de Cultura estaba un robusto y competente intelectual llamado José Rafael Lantigua, escritor, hombre relacionado con sus colegas del país y el exterior, rodeado de un equipo de hombres y mujeres de condiciones sobresalientes, escritores muchos de ellos también.

Trabajaban todo el año y el resultado eran aquellas ferias que, con el libro como principal protagonista, abarcaban sin perder la sobriedad, todas las expresiones de nuestra cultura.

Hubo otros ministros que organizaron ferias exitosas, pero esto se ha venido perdiendo, la feria decayendo en calidad, hasta llegar al actual punto crítico que ojalá sirva de alerta para emprender un plan destinado a recuperar la Feria del Libro como institución y como evento.

Comprendo que la tecnología y la actitud que su uso ha creado en muchos, especialmente jóvenes, ha estremecido el amor por el libro y su lectura, pero hay que saber ajustarse a los nuevos tiempos y a los cambios y mantener el libro impreso en su sitial.

Y la Feria del Libro es, por definición, la institución más llamada a contribuir a ese propósito. Pero la tarea debe empezar por rescatar la propia Feria.

El presidente Luis Abinader, que ha demostrado tener la virtud de consultar y saber escuchar, podría aprovechar el fracaso de la Feria actual para tomar el caso en sus manos y procurar las soluciones.

Tal vez sería bueno convocar a un grupo de intelectuales con experiencia en los montajes de las distintas ferias y escuchar opiniones y propuestas razonables.

En base a esas sugerencias y otros estudios, trazarse un plan y poner al frente de su ejecución no a una persona sin vínculos con el mundo de la literatura y los autores, sino a alguien versado en esos asuntos, con capacidad y liderazgo, con la sobriedad y el prestigio indispensables para inspirar respeto, sin cháchara ni cursilería baratas.

Algo debe hacerse y ojalá el presidente tome en cuenta lo deficitaria que ha sido la gestión del gobierno actual en cuanto al Ministerio de Cultura se refiere. Y por ese déficit al fin y al cabo el será quien tendrá que responder.

Fuente: Un evento devaluado (eldia.com.do)

Rafael Chaljub Mejía

UN GOBIERNO EMPRESARIAL E INSACIABLE

Por Fortune Modeste Valerio

El sistema ideológico, político, económico y social, imperante en República Dominicana, es el capitalismo. No un capitalismo como históricamente los conocemos desde su nacimiento. El nuestro es atípico fruto del escaso desarrollo de las relaciones de producción y sus fuerzas productivas. Que es parte de la base fundamental, que sirve de sustento, de la sociedad. 

Es decir, tenemos una sociedad capitalista e irregular de la burguesía, empresariado, y de la oligarquía. Donde las reglas del juego tiene un sello de clase y una estructura económica y social, propiedad privada sobre los medios de producción, que le sirve de soporte para garantizar la explotación de los trabajadores y de la población. El burgués y el oligarca, son hermanos de sangre. 

Esta formación económica y social tiene fases y etapas de desarrollos que contribuyen a consolidar el sistema de explotación. Transitamos en ellas desde décadas tratando de salir del atraso, miseria y el famoso subdesarrollo. Los políticos que llegan al gobierno no crean las condiciones objetivas y subjetivas para estimular a las fuerzas productivas; por el contrario, se convierten en obstáculos, cuando solo abusan de los recursos públicos para favorecer a sectores económicos improductivos e insaciables; destacándose en este renglón a una oligarquía financiera y comercial-importadora, que carece de madre ni padre. 

En los últimos 50 años hemos tenido gobiernos que van y vienen, dirigidos por capas de la pequeña burguesía, utilizando el ejercicio político para ascender social y económicamente, servil a un sector empresarial y al poder extranjero. Tiempos gubernamentales destilando corrupción e impunidad, narcotráficos, incompetencia gubernamental, etc., por doquier. 

Es en el gobierno del presidente Luis Abinader Corona, del PRM, que asume la presidencia de la república un hombre proveniente del sector privado, con objetivos de clase codiciosos, nunca visto en nuestra reciente vida republicana. Lo había hecho en el siglo pasado, el doctor Donald Reid Cabral, presidiendo el inconstitucional y funesto Triunvirato. Y fue un desastre descomunal. Aunque son escenarios muy distintos y diferente, coinciden en la voracidad desde el poder para adjudicarse bienes y servicios estatales. 

Se presenta de nuevo un gobierno ansioso por despojar, con mamotretos jurídicos, al Estado de sus activos principales que garantizan proveer bienes y servicios a la población. Despojarlo para entregárselo a un sector del empresariado, es un crimen imperdonable del presidente Abinader y el PRM. 

En definitiva, esto es un problema estructural, todos los que han llegado al poder hacen lo mismo. Existen, por lo visto, dos alternativas: se cambia la estructura económica y social del capital de la sociedad, o se encausa, dentro de un capitalismo atrasado y dependiente, por mejores rumbos, el camino histórico que se transita. 

Sí, todos los gobiernos han hecho lo mismo: servir con las dos manos a un sector del empresariado y al poder extranjero. Un problema estructural que no permite completar el tránsito democrático dentro del capitalismo. Un gobierno progresista y democrático, en esta vuelta electoral, que garantice respetar las reglas del juego apegado a la Carta Magna y cambiar la forma de gobernar, sin corruptos, podría salvar el proceso secuestrado por sectores insaciables que le importa un carajo, las condiciones de vida y trabajo de la población. 

Claro, la tarea no es nada fácil. Lo ideal sería resolver, ahora, de raíz los problemas estructurales; pero una cosa son los deseos y otra, muy importante, es la realidad. Cuidado con confundirlo. Dentro del sistema capitalista en que transitamos, se puede avanzar, sin detenernos ahí; podríamos caer en las garras mortales y dormilonas del capital.

                                  Fortune Modeste V.

 

 

 

 

PCT EXIGE RESPETO AL DERECHO DE CUBA A PARTICIPAR EN LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

                Presidente de Cuba, Miguel Díaz Canales

Estados Unidos sigue violando Normas Internacionales

 

Condenamos ante los pueblos del mundo y la comunidad internacional, la nueva agresión  del gobierno  norteamericano contra Cuba con su intento por impedir que esta  participe en la 9na Cumbre de Las Américas, cónclave que reúne, desde hace varios años, a las naciones americanas para tratar asuntos de interés regional. 

 

Estados Unidos como país anfitrión NO puede negar la participación a un Estado con el cual mantiene relaciones diplomáticas, ya que estaría violando no solo la Convención de Viena del 1961 sobre las funciones diplomáticas y consulares y los propios principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sino también irrespetando sus propios acuerdos de restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares firmados con la República de Cuba.

 

Para el PCT la posición del gobierno de Joe Biden constituye una agresión más contra la Revolución Cubana, al tiempo que evidencia el desprecio de los imperialistas norteamericanos hacia la normas internacionales sobre convivencia pacífica y al derecho de los tratados internacionales.

 

Esta posición de USA es otra expresión de la doble moral que le caracteriza, pues, mientras por un lado simula estar interesado en la regulación de la situación migratoria, por el otro pretende hacer pasar políticas anti migratorias,  y de hipocresía en el campo de la salud. 

 

No hay forma de justificar la exclusión de Cuba en un escenario internacional en el que se debatirá el tema salud, justo porque ha sido el gobierno cubano uno de los que mejor ha gestionado la situación sanitaria en medio de la pandemia COVID19, incluso produciendo sus propias vacunas y brindando solidaridad internacional con sus brigadas médicas y avances científicos. 

 

El PCT, al tiempo que denuncia ese intento de exclusión a Cuba de la Cumbre de Las Américas, llama al gobierno dominicano a no  hacerse cómplice del gobierno de la USA porque constituye un nuevo  golpe a  la soberanía cubana y también a la dominicana y demás naciones que lo toleren, y es contraria al Derecho Internacional Público y el Derecho Internacional Americano.

Exigimos  que se respete el derecho y facultad que tiene el gobierno y Revolución cubanas de participar y fijar sus criterios en la 9na. Cumbre de Las Américas que está supuesta a realizarse en junio próximo. 

 

Virtudes Álvarez y Manuel Salazar