OBSERVATORIO DOMINICANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
ODPP
La sociedad dominicana se avoca a cambios económicos y
políticos transcendentales, luego la privatización de las políticas públicas. La economía de mercado y sus instituciones deben funcionar para fortalecer la competencia e impulsar la competitividad de las empresas. No obstante, buena parte de las firmas dominicanas no compiten a través de la innovación y la mejoría de sus procesos productivos; por el contrario, establecen un vínculo político-financiero con la dirigencia de los partidos políticos tradicionales y aprovechando este privilegio establecer su estrategia de “competencia”. Esta situación alcanza niveles preocupantes si se observa la composición de la presente administración del gobierno.
Las relaciones entre la dirigencia empresarial anidada en el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) con los partidos políticos ha puesto en marcha políticas económicas que impiden corregir males tradicionales en la administración del gobierno. Un ejemplo de esto es la ley No. 45-20 que regula las concesiones que el gobierno otorga al sector privado para la ejecución de proyectos de inversión mediante la figura de las Asociaciones Público-Privadas (APPs) e igualmente ocurre conla Ley No. 47-20 de Fideicomisos y su Reglamento que, como se sabe, es un vehículo legal para evadir impuestos, utilizar sin transparencia los recursos del estado e imponer un intermediario en la oferta de servicios públicos. En fin, estos mecanismoslegales, aunque carente de toda ética conducen a la concentración de la riqueza y al aumento de la pobreza en la sociedad dominicana.
Por otro lado, la política fiscal que desde hace dos décadas se viene implementando sigue las indicaciones del Consenso de Washington y, además, ha tenido el objetivo político demantener amordazados (social y políticamente) a los hogares de los pobres, mediante transferencias sociales, que solamente permiten mejorar las cifras oficiales sobre el nivel de pobreza de la población dominicana. El aumento del gasto corriente del gobierno (de las transferencias sociales, el pago del servicio de la deuda y de la nómina salarial), han impedido el aumento de la inversión pública. Cada presupuesto anual financia la inversión pública y el pago de intereses de la deuda con aumentos sucesivos de endeudamiento público, ya que los ingresos tributarios son insuficientes para cubrir el gasto corriente. Pero al mismo tiempo el gobierno ha concedido por más de cinco décadas exenciones fiscales al gran empresariado nacionalequivalente al 5% del PIB o RD$245,000 millones en este año.Además, el sector privado disfruta de la evasión del impuesto sobre la renta que, según un estudio de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) del 2017, señala que un 63% del total de ese impuesto. De la misma manera, las empresas evaden el 43% del Impuestos a la Transferencia de bienes y Servicios Industrializados (ITBIS), según la misma fuente y corresponde a una de las más elevadas de América Latina.
Mientras las familias dominicanas pagan alrededor del 70% de los ingresos tributarios las empresas tributan alrededor del 22%. Es decir, que, considerando las exenciones y la evasión fiscales, el sector empresarial contribuye sustancialmente menos que las familias al financiamiento del crecimiento y el desarrollo económicos. Lo que indica que la carga tributaria está mal distribuida.
Por otra parte, desde el 1994, la política monetaria ha beneficiado principalmente al sector de servicios (sistema financiero dominicano, la construcción y el comercio); mientras que la política fiscal se ha concentrado su inversión de obras de infraestructura (carreteras, puentes, teleféricos, trenes) realizadas por firmas privadas locales y extranjeras; desapareciendo del ámbito de las políticas públicas la mejoraría de la calidad de la salud, de la educación, de la seguridad pública que son , entre otras, necesarias para mejorar la calidad del capital humano dominicano. Asimismo, ha quedado fuera del objetivo del gobierno aumentar las exportaciones mediante la provisión de proyectos que promuevan el desarrollo tecnológico de las firmas privadas potenciando la incorporación de la producción interna mediante el sistema de aprender haciendo. Lo que implica que la orientación de la política se concentra en el aumento de la productividad, la competitividad y consecuentemente, el aumento del salario real y la mejoría del nivel de vida de los trabajadores.
En este mismo sentido, desde el 1994, la política monetaria del Banco Central ha beneficiado a las instituciones financierasmediante la creación de condiciones de mercado que permiten renta (ganar sin invertir). En efecto, el BC tiene una deuda que supera los RD$740,000 millones para el 2021, bajo la premisa de que persigue reducir las presiones inflacionarias. Pero esa deuda se ha concentrado en la compra de divisas a los bancos comerciales, por un lado, y a colocar deuda en los puestos de bolsa que estos revenden al público a una tasa de interés menor a la que paga el BC.
Asimismo, la política monetaria ha sido generalmente restrictivapara mantener una elevada tasa de interés, atractiva para la atracción de capitales internacionales que permitan tener reservas internacionales para intervenir en el mercado cambiario para mantener un tipo de cambio atractivo para los importadores y el pago de la deuda externa del gobierno. Esta política eleva el costo de la inversión privada y el consumo duradero presente de las familias (vivienda, automóviles, electrodomésticos, entre otros), con lo cual la demanda agregada se reduce, lo que induce a pensar que el crecimiento es fruto de la creatividad del BC. Más todavía, con un peso más fuerte se desestimula a los exportadores dominicanos y contribuye al amplio déficit de la balanza comercial.
El endeudamiento del BC mediante la colocación deuda, es unincremento sus pasivos, lo que opera en sentido contrario a la capitalización de esa institución y coloca un peso tremendo sobre el presupuesto público del gobierno central y del propio BC que debe pagar los intereses de su deuda con los exiguos ingresos que percibe.
Otro aspecto preocupante, es la Ley de Seguridad Social (Pensiones y Salud), porque se desarrolló primordialmente como negocio privado y sus servicios pretendían beneficiar a la población a los trabajadores formales y no a todos los trabajadores. Como se trata de un negocio y no de brindar servicios, uno de los resultados ha sido el elevado pago de bolsillo para lograr las atenciones de salud y se ha limitado la oferta de servicios. La situación empeora dependiendo del centro de salud al que el contribuyente dominicano tenga acceso.En caso de internamiento y si se trata de un centro médico privado, existe una barrera a la entrada para los pacientes que consiste en el pago por adelantado de una suma de dinero que varía dependiendo del centro de salud.
La respuesta del gobierno para subsanar estos problemas ha sido prácticamente nula. La Superintendencia de Salud no tiene capacidad política para regular a estas grandes empresas, ya que el órgano regulador tiene en su dirección representación privada, acompañado por un sector sindical cuyo liderazgo es incapaz de negociar en favor de sus representados.
La Superintendencia de Pensiones ha estimulado reformas que han permitido ganancias extraordinarias a las AFP. En principio, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) obtenían un 5% por administración de los fondos y cobraban un 30% de la diferencia de tasas de interés logradas en la colocación de los fondos respecto a las prevalecientes en los bancos comerciales. Recuerde, que los dueños de las AFP son los bancos comerciales, y este oligopolio controla las tasas de interés, de manera que esa diferencia de tasas de interés favoreciera a las AFP.
Posteriormente, este oneroso mecanismo del cobro del 30% se sustituyó por una tasa ajustable sobre la totalidad de los montos cobrados a los afiliados, lo que implicó que las ganancias superaran con creces los beneficios de las AFPs de años anteriores. Estos beneficios de las AFP, que provienen de los recursos de los trabajadores, los cobran hoy, mientras que las pensiones de los trabajadores se cobran luego de tres décadas de trabajo y, desde luego, afectadas por la inflación y por tanto los valores a recibir serán menores. Peor aún, la tasa de reemplazo (porcentaje del último salario devengado) será de un 28%.
Todas estas políticas patrocinan desigualdad y pobreza, dicho de otra manera, concentración de la riqueza, polarizando la situación social dominicana. Para evitar cuestionamientos, las autoridades presentan un panorama social y económico halagüeño, guardándose los informes de concentración del ingreso; aunque diligentemente publican los efectos de las transferencias sociales y las remesas sobre el ingreso de los pobres; que al seleccionar convenientemente una línea de pobreza, según los estándares del Banco Mundial, una familia no es pobre si recibe más de US$90 mensuales.
Todos estos elementos indican claramente que es imposible que exista cohesión social en el país. Los ciudadanos menos favorecidos por las políticas públicas buscarán mecanismos de defensa no solamente de inconsistentes políticas públicas que, lo empobrecen, sino que además limitan sus derechos. No es posible continuar expoliando a la mayoría de la población, cuando pocos disfrutan de enormes beneficios provenientes de los impuestos que las familias pagan. No es posible que la salud, las pensiones, educación, seguridad ciudadana no contribuyan a elevar la calidad de vida de la población.
La presente administración del gobierno está preocupada en crear oportunidades de negocios y preservar sus beneficios mediante leyes que exprimen los ingresos de las familias. Pero todavía, los mecanismos democráticos e institucionales, tales como el Congreso, los ministerios y sus regulaciones están dominados por los grupos empresariales, de la misma manera que lo están los líderes políticos tradicionales; de manera que resulta útil reflexionar en la construcción de otros escenarios de participación y alternativas políticas como herramientas que equilibren social y políticamente al país.
GRACIAS
Salón La Mancha del Hotel Barceló-Lina
Santo Domingo, D.N.
26 de febrero, 2022
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