Son informaciones alentadoras que el presidente electo haya
dispuesto el cierre de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del
Estado, del Despacho de la Primera Dama y la integración del CEA en Bienes
Nacionales. Estas instituciones, la verdad no tienen justificación en el Estado
Dominicano.
La OISOE fue desnaturalizada y pasó de “supervisora” a
“ejecutora” para convertirse en la práctica en un ministerio de Obras Públicas
paralelo, manejado desde el despacho del Presidente de la República. Recordemos
la sucesión de escándalos con las obras sobrevaluadas construidas por Félix
Bautista –remodelación del Palacio de Bellas Artes, parqueos de la UASD, entre
muchas otras— en los gobiernos de Leonel Fernández, hasta el suicidio en 2015
del arquitecto David Rodríguez, víctima de una mafia que extorsionaba a los
constructores desde la propia dirección de la OISOE. Para tener una idea de lo
que significa esta oficina, solo este año su presupuesto es de RD$8,700
millones.
De igual modo, el Despacho de la Primera Dama parece más un
vestigio de la realeza que una institución propia de un Estado democrático. Es
como si los ciudadanos al elegir un presidente lo estuvieran haciendo también
con su esposa y sus hijos y familiares consanguíneos y políticos. En estos
gobiernos del peledé, el nepotismo llegó a extremos solo comparables con los
tiempos de la dictadura trujillista. Este despacho, creado por Hipólito Mejía
en el 2000, funciona con presupuesto propio y solo en los últimos 4 años
(2017-2020) ha consumido RD$3,367 millones. (El Dinero. 9.07.2020). Todos los servicios
que brinda –atención a la discapacidad, servicios a las mujeres y comunidades
inteligentes— son de la competencia de otros ministerios.
El mantenimiento del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) era una
verdadera aberración. Desde la venta de los ingenios y una parte de sus tierras
a precio de “vaca muerta”, en los gobiernos de Leonel Fernández, esta
institución se convirtió en un ente para el comercio corrupto de las tierras de
los ingenios, el tráfico de influencias de funcionarios y militares. El último
episodio de esta larga historia de despojo ocurrió en San Pedro de Macorís
cuando en el 2017 el nombrado José Rodríguez (Joselín) ultimó a tiros en la
cabina de una emisora a los locutores Luis Manuel Medina y Leonidas Martínez, y
se suicidó, luego de ser estafado por una mafia que había vendido dos veces
unos terrenos en el ingenio Santa Fe, propiedad del CEA.
Durante décadas, gobierno tras gobierno, el Poder Ejecutivo ha
propiciado el mantenimiento de decenas de direcciones, oficinas, comisiones,
institutos, asesores presidenciales en todas las áreas que son de la
competencia de los distintos ministerios. En la generalidad de los casos este
fenómeno responde a que cada uno de sus incumbentes se cree con los méritos
políticos o la prestancia para no ponerse bajo la dirección de un determinado
ministro y buscan ser nombrados directamente por un decreto del presidente y
solo responderle a éste. Es decir, buscan tener su cuota de poder, manejando
discrecionalmente su propio presupuesto. Gobierno tras gobierno, estas
instituciones que se han ido creando se mantienen y son ambicionadas por
decenas de “compañeritos” y “compatriotas” a los que se les entrega como
compensación política. Esta situación ha dado lugar a un Estado dividido en un
número casi infinito de pequeñas y medianas “parcelas” de poder, manejadas
directamente por el Presidente de la República, al margen de los ministerios.
En muchos casos se trata de entidades sin funciones y en otros casos de
instituciones cuyas funciones están duplicadas en el Estado.
En el país, no hay ministerio que no tenga a su alrededor una
constelación de instituciones que compiten con sus atribuciones y que se
manejan con completa autonomía de aquél. Solo hay que revisar el organigrama
administrativo del Estado y nos encontraremos con esta situación en los
ministerios de Agricultura, Obras Públicas y Comunicaciones, Salud Pública,
Educación, Medio Ambiente, para solo mencionar unos cuantos organismos.
Todo esto nos refiere a la necesidad de que el nuevo gobierno no
se quede en la supresión aislada de estas tres instituciones, sino de impulsar
una real reforma del Estado Dominicano, en lo que al aparato de administración
pública se refiere.
Ahora bien, la clave de esta reforma es la perspectiva desde la
cual se haga. En la visión neoliberal la reforma del Estado se impulsa para
empequeñecerlo y despojarlo de atribuciones, al tiempo que se privatizan los
derechos fundamentales y muchas funciones públicas.
La neoliberal es la perspectiva equivocada. El problema del
Estado Dominicano no es su tamaño sino que está fundado en un régimen
presidencialista, clientelar, ineficiente y corrupto.
Lo que debe orientar la
reforma del Estado es hacerlo eficiente, eliminar o integrar todas las
dependencias duplicadas o sin funciones, fortalecer la institucionalidad y
legalidad democrática, garantizando los derechos económicos, sociales y
ambientales fundamentales, que impulse el desarrollo integral, que utilice con
honestidad y transparencia los recursos públicos, que promueva la prosperidad y
el bienestar colectivo.
FUENTE: https://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/la-reforma-del-estado-GG20375993
