Por Héctor Turbi*
El título de este artículo quiere significar que el actual gobierno ha traicionado las aspiraciones de justicia y bienestar de la población dominicana, al menos de la que se hizo expectativas en ese sentido.
Este es el punto: Luis Abinader y Antonio Almonte se comportan como cómplices de Felipe y Juan Vicini, Lisandro Macarrulla, Danilo Medina, Rubén Bichara, Manuel Estrella, Jaime Aristy Escuder, Odebrech, Tecnimont y compartes, en el escándalo de corrupción de Punta Catalina.
Estos son los números: En cualquier parte del mundo la instalación del volumen de generación como el de Punta Catalina(752 MW brutos), incluso en tecnologías más avanzadas que la que tenemos allí, cuesta en torno a mil (US$1,000) millones, poco más o poco menos.
Antonio Almonte conoce bien y le llegó a explicar al país con lujo de detalles, que Punta Catalina le terminaría costando al país más de US$3,000 millones.
Por la sobrevaluación inicial y el cúmulo de escándalos en que se vio envuelto el proyecto, es vox populi que el país ha tenido que pagar un sobrecosto no menor a los US$2,000 millones, es decir, más de RD$100,000 millones. Esa no es una cifra menor en ninguna parte del mundo y menos en país pequeño como el nuestro, de poco más de 10 millones de habitantes.
Por tanto, podríamos empezar exigiéndole al presidente Abinader que desmienta estos números.
Si no puedes desmentirlos, es abuso de poder, corrupción y traición al pueblo, el hecho de que, sin establecer responsabilidades sobre este escándalo, el señor Presidente se despache con la creación de un fideicomiso público con los bienes de este proyecto.
Además de tapar la gran corrupción del gobierno de Danilo Medina y grupos empresariales envueltos en ella, el fideicomiso en sí, ha sido evidenciado como un procedimiento inconstitucional, ilegal, ventajista, por no pocos abogados y actores sociales, al punto que el Presidente se ha visto en la obligación de posponer su aprobación y ejecución.
Recientemente hemos participado en una comisión de los movimientos sociales que se reunió con el presidente en el Palacio Nacional y pudimos comprobar con la vehemencia con que el Presidente–empresario defiende sus políticas de fideicomisos y alianzas públicas privadas.
Le dijimos al Presidente que su gobierno ya tenía casi dos años, que su llamada política contra la corrupción se conduce al fracaso, porque en el caso más grande y emblemático, como lo es el de la sobrevaluación de Punta Catalina, no se había dado ningún paso ni siquiera para investigarla.
Le dijimos también que, dado que a la República Dominicana no le ha faltado crecimiento económico, su principal problema estructural era la desigualdad social, las políticas que enriquecen y le dan poder a los grupos privilegiados de siempre, empobrecen y marginan a las mayorías.
La corrupción e impunidad son, por supuesto, parte de ese sistema de desigualdad, lo agravan con un constante drenaje de recursos desde los pobres hacia los ricos, además del sistema impositivo regresivo que tenemos. Las ARS/AFP son ejemplos típicos de ese drenaje, lo mismo que el endeudamiento que beneficia a los ricos, pero lo pagamos los pobres.
El Presidente se defendió diciendo que la cuestión de la corrupción en Punta Catalina se está investigando, que ese es un asunto aparte del fideicomiso, que se ha durado mucho tiempo porque ninguna empresa quería participar de la licitación para la auditoría y que el gobierno tiene que buscar un vehículo legal para manejar a Punta Catalina. Nada nuevo, lo mismo que conocemos.
Veamos el detalle de la traición con dos componentes:
Primero, el gobierno actual ha seguido en líneas generales la misma política macroeconómica que casi toda la era del PLD desde mantener el mismo gobernador del Banco Central, el endeudamiento, hasta el caso del sector eléctrico, donde se firmó sin quitarle ni una coma, el pacto que orquestó el gobierno anterior y que cuestionaban desde la oposición.
El segundo componente de la traición, ligado a la anterior, es que el gobierno se ha atado al principal grupo empresarial del país, lo cual se ha expresado en el nombramiento de Lisandro Macarrulla como funcionario clave de la actual administración, y ese grupo económico no solo ha sido beneficiario de la sobrevaluación de Punta Catalina, sino que ha estado detrás y delante de todo latrocinio económico que ha representado para el país la privatización y los contratos-mafias del sector eléctrico, además de que históricamente desde finales del siglo XIX, se ha servido con la cuchara grande del patrimonio público por medio del estado.
Esas son las razones por las que el gobierno de Luis Abinader no ha hecho nada, ni podrá hacer nada para sancionar la sobrevaluación en Punta Catalina. Son los fundamentos de la traición.
Más aun, al no tener posibilidad de enfrentar la gran corrupción y mostrarse más claramente inclinado a favorecer los intereses de las élites empresariales, en términos prácticos, los impactos de la actual administración gubernamental para la sociedad dominicana pueden ser incluso peores que los de la era del PLD. No es otra cosa a lo que se refiere la gente cuando habla de un cambio en reversa.
Pero vamos al latrocinio del sector eléctrico y Punta Catalina: En los años 80, estando aún Juan Bosch vivo, el PLD pedía que le entregaran la CDE, que tenía unas fórmulas para resolver el problema eléctrico del país (apagones, tarifa cara, problemas técnicos, déficits financieros, etc).
Bueno, pues no muy tarde después de esos pedimentos, en 1996 llegaron al gobierno y aplicaron la política de la llamada capitalización (ley 141-97). Se alegaba que el Estado no tenía los recursos necesarios para la modernización del sector.
Bien, en 1999 se consumó la capitalización, más bien privatización, pues para no hacer largo este cuento, entre el 2000 y el 2021, el Estado ha tenido que erogar en subsidios cerca de US$1,000 millones anuales, concretamente, más o menos US$18 mil millones, en estos 21 años.
Léase bien, a la tasa actual casi RD$Un billón, ó lo que es lo mismo en español, un millón de millones de pesos dominicanos.
Con ese dineral, el mismo Estado que supuestamente no contaba con recursos para modernizar el sistema eléctrico habría podido resolver la crisis del sector 4 ó 5 veces, y aun sobraría dinero.
¿De dónde ha salido ese dinero?. Pues, del presupuesto público, especialmente de endeudamiento, porque así es más fácil para los grupos empresariales corrompidos drenar recursos de los pobres mediante las sobrevaluaciones, adendas y contratos –mafias.
Véase que, no por casusas del azar ni fortuitas, que del gran endeudamiento público que tenemos, que representa más de un 70% del PIB, buena parte proviene del sector eléctrico.
¿Y a dónde han ido a parar estos US$18 mil millones de subsidios, el billón de pesos? Ninguna sorpresa, mucho de este dinero ha ido a las arcas de los grandes generadores y al mismo grupo empresarial que representa Macarrulla en el Palacio Nacional, que por obra y gracia del espíritu santo, desde la privatización de 1999 se fue haciendo con buena parte de la generación eléctrica privada.
Es así como llegamos a invertir del presupuesto público más de US$3,000 millones en Punta Catalina, pero no era necesario erogar un centavo del Estado, porque se supone que justamente en los 15 años anteriores se habían creado un conjunto de normas para que sea el sector privado que se encargue de eso y, como se ve, a los generadores privados no les faltaba, ni le falta dinero.
Punta Catalina se contrató con el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella en medio de un maratón de irregularidades sobradamente documentadas, en US$2,040.7 millones. Esto se redujo a US$1,945.00 millones después de unas negociaciones con el ex presidente Danilo Medina que implicaron la exoneración de los impuestos sobre la renta y otras exenciones al consorcio.
Cuando el presidente Abinader y el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, se inventan el tal fideicomiso público de Punta Catalina, pusieron como valor del patrimonio del proyecto la suma de US$2,340.5 millones. Este monto corresponde a la sumatoria del contrato de Odebrecht US$1,945.00, más la suma adicional del acuerdo CDEEE-Odebrecht de Nueva York, ascendente a US$395.5 millones, muy a pesar de que Rubén Bichara y Jaime Aristy Escuder se jactaban de decir que “no se pagaría ni un centavo más del contrato original”.
Pero resulta que en el valor de este patrimonio faltan muchos conceptos que el mismo Antonio Almonte explicó cuando estaba en la oposición, relativos a los costos del dueño (CDEEE), cargos financieros y otros.
En ese monto no está incluido ni siquiera el valor de los terrenos por el cual se pagó en marzo del 2020 una suma de poco menos de US$07 millones a los Vicini, dueño de los terrenos, mismo grupo empresarial que venimos cuestionando.
Estos terrenos debieron declararse de utilidad pública antes del inicio de la construcción de las plantas, pero se inventaron un llamado contrato de arrendamiento “anfiteusis”, una extraña figura jurídica muy poco conocida en el país, con la cual se pretendía beneficiar adicionalmente este grupo con la construcción de un gran parque industrial allí, además de que luego se descubrió la existencia de otro contrato clandestino con una compañía de carpeta para mediante un “acuerdo de potencia” instalar otros 600 MW de carbón al lado Punta Catalina, además del puerto carbonero. Todo eso está ampliamente documentado e incluso reconocido por Juan Vicini en un artículo escrito en el Listín diario el 13 de octubre del 2015.
https://listindiario.com/economia/2015/10/13/391853/precisiones-sobre-las-plantas-de-punta-catalina.
La propia comisión Agripino-Escuder-Conep, que Danilo Medina nombró mediante el decreto 6-17 para obstruir la labor de la Justicia en Punta Catalina, estimó que por cada mes de retraso en la construcción del proyecto, representaba un costo adicional país de US$25 millones.
Según el calendario inicial del contrato, las plantas debieron entrar en operación en agosto y octubre del 2017, pero en medio de todos los escándalos en que se desarrolló este proyecto, no fue sino hasta los primeros meses del 2020 cuando comenzaron las operaciones, con retrasos de al menos 28 meses. Por tanto, solo por ahí, Toñito Almonte debe calcular unos US$700 millones adicionales.
Aunque hay mucho más, podemos parar de contar.
En el año 2017, cuando las movilizaciones de Marcha Verde estaban en alta, a Punta Catalina se le conocía como el cuerpo del delito, se llegó a someter un anteproyecto de juicio político contra Danilo Medina en el Congreso Nacional e, incluso, grupos de intelectuales y activistas llegamos a pedir la renuncia del Presidente.
En octubre de ese mismo año, cuando la encuestadora Gallup le preguntó a la gente si creía que en el Proyecto Termoeléctrico Punta Catalina había sobrevaluación, un 90.8% de los entrevistados dijo SÍ.
¿Es exagerado decir que este gobierno ha traicionado la esperanza que tenía el pueblo dominicano de que el sobrecosto de Punta Catalina sea sancionado y el dinero sea recuperado?
Solo pensar que se pretende entregar en un supuesto fideicomiso público, que ni siquiera existe aún como marco jurídico, a los mismos grupos empresariales responsables de la calamidad eléctrica que por décadas hemos vivido, incluyendo el latrocinio de la propia Punta Catalina, para que administren este bien público, sin poner un centavo allí, no solo es corrupción de este gobierno, es una barbaridad.
Al presidente Abinader y el gobierno del PRM hay que hacerlos pagar las consecuencias de este nuevo latrocinio.
¿Es verdad lo que dice el Presidente que la sobrevaluación de Punta Catalina es una cuestión muy aparte y diferente del fideicomiso?
Permítaseme dudarlo, tratándose de un escándalo tan grande, si se manejasen con transparencia como dicen, debían preocuparse porque ese sobrecosto se aclare primero, pero como hemos visto, para el presidente eso es cuesta arriba con los Vicini y los Estrella respirándole en la nuca.
La otra barbaridad que argumentan, en el sentido de que para sancionar la sobrevaluación de Punta Catalina se necesita una auditoría, es una falacia.
Claro, se necesita la auditoría, pero en la República Dominicana de 2012 al 2020 hay una documentación pública abrumadora que prueba la sobrevaluación de Punta Catalina.
Si el presente gobierno tuviera voluntad política para combatir la gran corrupción, bastaría con que el flamante ministro de Energía y Minas, al cual los contribuyentes le pagamos un buen salario, se preparara un pequeño resumen ejecutivo con esas denuncias que hacía cuando estaba en la oposición y las deposite en la procuraduría.
En su despacho y los archivos de su ministerio están los documentos con las pruebas, pero prefiere durar cuatro años hablando de una auditoría, algo parecido a aquel informe Agripino-Escuder del decreto 6-17 de Danilo Medina, que los grandes empresarios saben muy bien como comprarlos y maquillarlos.
La periodista Alicia Ortega y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, por ejemplo, documentaron que en Punta Catalina se habían distribuido sobornos por US$39.5 millones, al punto de que funcionarios del más alto nivel del Banco de Reservas y la Bolsa de Valores renunciaron a sus puestos, pero el señor “procurador” Jean Alain Rodríguez dijo que eran simples hojas de Excel.
Hoy Jean Alain es juzgado en la Operación Medusa por irregularidades y robos en su gestión en la Procuraduría General de la República, que pueden llegar a superar según el expediente los RD$9,000 millones. Una buena cosa.
Pero, el peor delito de este señor camina a quedarse impune, que es confabularse con una compañía que había confesado su crimen, orquestando un acuerdo de impunidad y sacando los sobornos y sobrevaluación de Punta Catalina del expediente del llamado escándalo Odebrecht.
Si sumamos al sobrecosto de Punta Catalina y las sobrevaluaciones de este escándalo entre 2001-2014, superan por mucho los US$3,000 millones, casi RD$200,000 millones, una suma superior a los escándalos bancarios Baninter-Bancrédito-Progreso del 2003-2009.
Así que, a pesar de lo escandalosa que es la Operación Medusa, si lo miramos por los números, Jean Alain solo está siendo juzgado por la caja chica de sus tropelías.
Y el escándalo no concluyó en 2014, ni en 2016-2017 cuando explotó e indignó a la ciudadanía, sino que Odebrechet continúo construyendo a Punta Catalina hasta después de 2020, en clara violación a la ley.
En este contexto, la llamada justicia independiente es una farsa. El nombramiento de doña Miriam Germán Brito en la Procuraduría, con todo y su bien ganado prestigio y el legado de Marcha Verde, no servirá más que para una operación mediática y circo favorable a una reelección y nada más.
El 10 de enero del año 1877 el presidente Buenaventura Báez emitió el decreto 1593 para crear la Compañía de Crédito de Santo Domingo, un organismo para proveer financiamiento al Estado. Ya para esa época Juan Bautista Vicini Canepa fue incluido por el señor Báez como uno de los principales accionistas de la compañía con una inversión para la época de RD$2,540 pesos fuertes. Desde entonces, e incluso antes, este grupo empresarial se ha estado sirviendo del patrimonio público, con corrupción y violencia incluidas.
Cuando los militares estadounidenses se iban en 1922-1924, pusieron como presidente provisional al hijo del viejo Vicini.
Cuando ya Trujillo no le servía para nada a los intereses de los norteamericanos, un señor X de los Vicini se montó en la conspiración.
Y cuando en 1963, Juan Bosch quiso ponerle un poco de límites a las superganancias del sector azucarero, ese mismo grupo dueño de la llamada Unión Cívica y la Asociación de Industrias precursora del actual Conep, y otros intereses bien documentados por la historia, le dieron un golpe de estado.
No parece que Abinader tenga ni ánimos, ni cojones para enfrentarse los dueños del país responsables de la sobrevaluación y corrupción en Punta Catalina.
Danilo Medina sacó de debajo de la manga al muy conocido mediador Agripino Núñez Collado para encabezar la comisión del decreto 6-17 para investigar el contrato de Punta Catalina.
El escándalo no se hizo esperar, al descubrirse que el sacerdote, que en paz descanse, era juez y parte porque integraba el Consejo de Administración de Acero Estrella, empresa consorciada de Odebrecht en Punta Catalina.
En la campaña electoral de 2020, el ahora presidente Luis Abinader sacó aparentemente de la nada a la señora Raquel Peña, a la que casi nadie conocía en el mundo político, para convertirla en Vicepresidenta de la República. Su declaración jurada, su procedencia de la PUCAMAIMA del difunto Agripino y sus vínculos con el Grupo Estrella, son más que evidentes.
No se puede sancionar la sobrevaluación de Punta Catalina sin afectar los intereses de los Macarrulla-Vicini y los Estrella-Peña, que tienen sus despachos demasiado cerca de los del Presidente...y girando al Suroeste, a unos pocos kilómetros esta Punta Catalina con su montaña de cenizas.
Para no fastidiarles más, y dejar ver que no tengo una motivación exclusivamente política, terminaré este relato con una nota personal y ambiental: Mi madre, con sus casi 80 años, diabetes y problemas cardíacos encima, ha vivido toda la vida a menos de dos kilómetros de donde ahora está Punta Catalina y no tiene ni dinero, ni mínimas condiciones humanas para trasladarse de las cercanías de -permítaseme-esas azarosas plantas de carbón y su montaña de cenizas y otros gases y partículas contaminantes.
También debía tener derecho a indignarme, porque ahí se queman cada día sin descanso más de 5,000 toneladas de carbón mineral.
Todo eso era absolutamente innecesario, porque, como ya se sabe, en todo el mundo se está abandonando el carbón por razones obvias, el país tenía y tiene muchísimas otras opciones sin que el estado tuviera que invertir un centavo. Pero gente que ya antes era muy rica, tenía la necesidad de robar.
*Activista de la Coordinadora Popular Nacional.
Héctor Turbí
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