Por Manuel Salazar
La función pública, una aspiración del desarrollo democrático.
En un Estado moderno deberían distinguirse unas cuestiones vitales:
1.- La normativa general que rige a la sociedad (Constitución, leyes, reglamentos); 2.- Las organizaciones (órganos del Estado, congreso, ministerios, direcciones, departamentos de la administración pública; órganos de la justicia, cuerpos militares y policiales, ayuntamientos); regidas por esa normativa, que cumplen quehaceres determinados y diferenciados entre unas y otras; 3.- Las políticas públicas que se definen y aplican para responder a las necesidades del pueblo y de la nación como tal; 4.- Los recursos financieros con los que se cubren todas las necesidades y funciones, y 5.- Los servidores y funcionarios públicos, con los cuales el Estado cumple todo lo anterior.
En un Estado que se precie de moderno, estos servidores y funcionarios públicos se suponen calificados, estables y reclutados conforme a una norma. Su ingreso a la función pública, permanencia, ascenso y retiro de la misma, hacen parte de una institucionalidad, y deben aportar a la calidad del proceso democrático; es decir, a satisfacer de manera eficiente y eficaz las necesidades del pueblo, y los propósitos del Estado.
Este es el ideal. Porque todo eso debe corresponder a una realidad material; a la economía general del país principalmente.
En República Dominicana "el Estado es el principal empleador". La cantidad de empleados andar en este momento por las 634 mil 407personas.
Conseguir un puesto en el Estado, principalmente en el gobierno, es una aspiración de miles de ciudadanos dominicanos.
La militancia política, y por supuesto, la oferta de los partidos políticos a su membresía, están atravesadas por esta realidad.
Los que se "fajan" para que su candidato y partido ganen, esperan con justa razón ser recompensados con un nombramiento.
Y, desde que las tendencias se hicieron dominantes en los partidos del sistema, la lucha por un empleo corre por los rieles de las mismas. Los equipos de los aspirantes a posiciones electivas en el Estado y del partido mismo, se han constituido en los reales comités de base de estos. Es un hecho singular en el proselitismo político dominicano, y en muchos otros países de América Latina.
Esta realidad es la que pauta la integración del gobierno una vez se han ganado las elecciones. Se distribuyen los ministerios, direcciones; en general, los órganos de la administración pública, en atención a los aportes de los cabezas de tendencias en la campaña electoral. Esa distribución no suele hacerse en función de los propósitos del Estado, sino en correspondencia a la fuerza y aportes de los líderes de tendencias al triunfo electoral; y estos, se apoyan en la parte del Estado que les ha sido asignada para sus aspiraciones electivas futuras.
El Estado deviene así en un conglomerado de micros propósitos.
Si no mal recuerdo, hay pasajes de la novela La Sangre, de Tulio Manuel Cestero, que narra las adversidades políticas y sociales durante la dictadura de Lilís; y uno de sus personajes, necesitado de un empleo público, lo busca, lo cabildea, y hasta se ve en el dilema de tener que plegarse a los dictámenes de la dictadura para lograr el nombramiento ansiado.
Parece hoy.
