LLAMADO A ENFRENTAR GOBIERNO OLIGARCA-EMPRESARIAL DE LUIS ABINADER Y EL PRM

SEPTIMO CONGRESO DE LA FUERZA DE LA REVOLUCIÓN (FR)

El 7mo. Congreso de Fuerza de la Revolución decidió radicalizar la lucha contra las políticas neoliberales del gobierno de Luís Abinader y el PRM porque  mantienen o profundizan las desigualdades sociales y la injusta distribución de las riquezas, que  sumerge en pobreza a millones de dominicanos-as.

Estas políticas, consensuó el 7mo. Congreso, van dirigidas a privatizar, endeudar e implementar una economía de servicios basada en el turismo, las zonas francas, las  remesas, entre otros, en lugar de inversiones para producir los  bienes de consumo  básicos que necesita el país. 

Cuando “el desarrollo y las aspiraciones del futuro deben  basarse en una economía fuerte sustentada en un aparato productivo sólido cuyos pilares deben ser la producción de alimentos para la soberanía y la seguridad alimentaria con la capacidad de creación de excedentes exportables y un proceso de industrialización  autónomo y diversificado”, según  el 7mo. Congreso de la FR.

Pero  Abinader  y su equipo no tienen ningún compromiso con el cambio que necesita República Dominicana sino con la oligarquía y la burguesía, y por eso se aferran a sus intereses en inversiones turísticas y proyectos de privatizaciones, a través de fideicomisos u otras modalidades,  de los bienes del Estado como el caso de Punta Catalina.

Es mandato del 7mo. radicalizar la lucha por una  seguridad social digna, sin  ARS y ni AFP, en la que prime la búsqueda de una protección real  para la gente, sin estafa ni fraude al dinero acumulado en los fondos de pensiones, donde la salud no sea un  negocio de los grupos financieros. 

“Vamos a luchar por la generación de empleos dignos, productivos y sostenidos” para el pueblo.

Para “frenar la alocada  y peligrosa  carrera del endeudamiento externo e interno  que lleva rápidamente a  la Republica Dominicana a un país embargado.

Frenar las actividades de la mega minería que explota nuestros recursos con beneficios ínfimos para la nación, que dañan el ambiente y dejan enormes pasivos ambientales  que debe asumir el Estado dominicano.

Por la defensa y protección del medio ambiente, por igualdad para la mujer, por una política de género que elimine comportamientos machistas y de violencia contra la mujer.

UN MUNDO MULTIPOLAR Y GOBIERNOS PROGRESISTAS DE AMERICA LATINA 

El 7mo. Congreso de la FR valoró que “un mundo multipolar se abre paso en medio de grandes hechos y tensiones,  una recomposición de fuerzas, un mundo multipolar que puede señalar un cambio de ciclo en la correlación internacional.

Hoy asistimos a un escenario de guerra entre los miembros de la OTAN (Los Estados Unidos, Unión Europea) y Rusia donde la última ve amenazada su Seguridad Nacional y  apela al cumplimiento de  acuerdos y resoluciones internacionales que son desconocido por la OTAN.

Mientras que en América Latina –AL- emergen diversos  gobiernos progresistas a los cuales se asedia y bloquea  para derrocarlos, con golpes blandos o radicales como en los casos de Venezuela,  Nicaragua y Cuba.

Estos gobiernos progresistas de AL, unos más radicales  que otros,  libran una lucha encarnada contra las políticas neoliberales del imperialismo y sus  satélites,  que buscan despojarlos de sus riquezas naturales, conquistas económicas,  sociales y  política.

Por eso concluye el 7mo Congreso de la FR que,  en ese contexto,  enfrentará la política intervencionista, imperialista y neoliberal del gran capital, sus corporaciones y multinacionales con los Estados Unidos a la cabeza y que sus militantes y afiliados-as cerrarán filas,  en la lucha,  por  la senda de la solidaridad y amistad para con los gobiernos progresistas de AL y del mundo,  contra el Bloqueo económico  y  el asedio político  a Cuba,   Venezuela, Nicaragua y el colonialismo y neocolonialismo como el de Puerto Rico, Martinica, Guadalupe, entre otras Islas del Caribe y en todo el mundo.

Y reconoce el 7mo. Congreso de la FR,   que el Gobierno de Luis  Abinader y el PRM son sumisos al imperialismo yankee y  por eso, con frecuencia,  se pronuncia  y actúa contra el movimiento progresista de América Latina y el Mundo.

LA CONFORMACION DE LA UNIDAD REVOLUCIONARIA Y PROGRESISTA EN RD.-

El 7mo. Congreso decidió como de  alta prioridad trabajar para  lograr  la unidad revolucionaria, un referente electoral y de lucha social.

Que su organismos valoraren  la manera de avanzar en su construcción,  que se estimule,  hasta tanto se tenga mayor claridad, las coordinaciones locales y sectoriales con la izquierda y los grupos y personas que expresen seria intención de compartir esta meta estratégica, conjuntamente.

Será una unidad en la diversidad, y en ese escenario de unidad estaremos compelidos-as a construir confianza entre las partes, a subordinar lo particular a lo general y a  prácticas democráticas en la toma de decisiones, respeto mutuo y tolerancia. Sumar, siempre sumar en base a compromisos libremente aceptados.

Durante el proceso de unidad y en lo particular, el partido no debe “perder de vista su norte estratégico": La construcción del Socialismo y que para ello hay que fortalecerlo y lograr la  Unidad de los-as  Revolucionario-as, de la clase trabajadora, los sectores populares, CAMPESINOS, y  demás capas sociales que urgen por un verdadero cambio para ver satisfechas sus aspiraciones.

 Que al luchar por algunas  reformas el partido debe cuidar de no caer en el reformismo, sino que éstas vayan dirigidas a profundizar la lucha de clases y prefigurar nuestra visión de una  sociedad más justa,  hoy,  con perspectivas hacia el socialismo.

ELIGIÓ NUEVO COMITÉ CENTRAL, PRESIDENTE Y  SECRETARIO GENERAL

En el marco de la celebración de su 26 Aniversario y su  7mo. Congreso la Fuerza de la Revolución eligió un nuevo Comité Central,  y modificó parcialmente sus estatutos para incorporar la función de Presidente,  en  la cual fue electo el camarada Víctor Gerónimo;  y eligió  al camarada Tereso Arias Almánzar como el Secretario General, con funciones de organización a nivel nacional.

El Comité Central –CC- quedó  integrado 15 camaradas, entre los cuales cuentan el Presidente y el Secretario General,  Juan Gómez, Alejandro Ulloa, Odalis Martínez, Manuel Colón, Víctor Amparo, Radhames Morales,  Edgar Díaz, Ángel Vicioso –Cuchito-, Ricardo Arias, Neftalí Solís, Ricky Arias, entre otros.

El  7mo.Congreso de la FR, fue producto de un proceso de debates de manera virtual y presencial que discutió Línea internacional y Nacional,  Tesis económicas, Tesis sobre la mujer, Tesis sobre la juventud, Medio Ambiente y Territorial y  los estatutos.

La celebración de dicho congreso  coincidió con el festejo del   78 Aniversario de la Fundación del Partido Comunista y el 26 Aniversario de su continuidad histórica,  la Fuerza de la Revolución (FR), que fue fundada en el año 1996  por el  Movimiento de Liberación 12 de Enero (ML-12), la Fuerza de Resistencia y Liberación Popular (FRLP), la Fuerza de Liberación Popular 21 de Julio (FLP-21) y el Partido Comunista Dominicano (PCD);  con su lema: ¡POPULAR, CAAMAÑISTA, COMUNISTA!

Para festejar sendos aniversarios los participantes depositaron una ofrenda floral frente a la sede de la FR, sito en la Independencia 258 del Sector Gazcue.

POR RECTIFICACIONES Y READECUACIONES  A LO INTERNO DE LA FR: 

El 7mo Congreso emplazó a la militancia de la FR a la RENOVACION y a trabajar para  lograr las rectificaciones y readecuaciones críticas y autocríticas de fondo, que permitan los cambios radicales  que necesita el país, nuestra sociedad, en lugar de ser sumisos a la implementación de políticas reformistas, neoliberales, privatizadoras y de despojo del patrimonio nacional.

La militancia necesita renovarse, tener vínculos orgánicos con el partido, recuperar la ética y la moral comunista. 

SEPTIMO  CONGRESO DE LA FUERZA DE LA REVOLUCION –FR-

“Por la Renovación y la Unidad Revolucionaria”

27 Febrero 2022

COMITÉ CENTRAL  -CC- DE LA FR.

Distrito Nacional,  R. D.

09-03-2022

REFLEXIONES QUE SUGIEREN POLÍTICAS ECONÓMICAS ALTERNATIVAS

 OBSERVATORIO DOMINICANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

ODPP

La sociedad dominicana se avoca a cambios económicos y

políticos transcendentales, luego la privatización de las políticas públicas. La economía de mercado y sus instituciones deben funcionar para fortalecer la competencia e impulsar la competitividad de las empresas. No obstante, buena parte de las firmas dominicanas no compiten a través de la innovación y la mejoría de sus procesos productivos; por el contrario, establecen un vínculo político-financiero con la dirigencia de los partidos políticos tradicionales y aprovechando este privilegio establecer su estrategia de “competencia”. Esta situación alcanza niveles preocupantes si se observa la composición de la presente administración del gobierno.

 

Las relaciones entre la dirigencia empresarial anidada en el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) con los partidos políticos ha puesto en marcha políticas económicas que impiden corregir males tradicionales en la administración del gobierno. Un ejemplo de esto es la ley No. 45-20 que regula las concesiones que el gobierno otorga al sector privado para la ejecución de proyectos de inversión mediante la figura de las Asociaciones Público-Privadas (APPs) e igualmente ocurre conla Ley No. 47-20 de Fideicomisos y su Reglamento que, como se sabe, es un vehículo legal para evadir impuestos, utilizar sin transparencia los recursos del estado e imponer un intermediario en la oferta de servicios públicos. En fin, estos mecanismoslegales, aunque carente de toda ética conducen a la concentración de la riqueza y al aumento de la pobreza en la sociedad dominicana.

 

Por otro lado, la política fiscal que desde hace dos décadas se viene implementando sigue las indicaciones del Consenso de Washington y, además, ha tenido el objetivo político demantener amordazados (social y políticamente) a los hogares de los pobres, mediante transferencias sociales, que solamente permiten mejorar las cifras oficiales sobre el nivel de pobreza de la población dominicana. El aumento del gasto corriente del gobierno (de las transferencias sociales, el pago del servicio de la deuda y de la nómina salarial), han impedido el aumento de la inversión pública. Cada presupuesto anual financia la inversión pública y el pago de intereses de la deuda con aumentos sucesivos de endeudamiento público, ya que los ingresos tributarios son insuficientes para cubrir el gasto corriente. Pero al mismo tiempo el gobierno ha concedido por más de cinco décadas exenciones fiscales al gran empresariado nacionalequivalente al 5% del PIB o RD$245,000 millones en este año.Además, el sector privado disfruta de la evasión del impuesto sobre la renta que, según un estudio de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) del 2017, señala que un 63% del total de ese impuesto. De la misma manera, las empresas evaden el 43% del Impuestos a la Transferencia de bienes y Servicios Industrializados (ITBIS), según la misma fuente y corresponde a una de las más elevadas de América Latina.

 

Mientras las familias dominicanas pagan alrededor del 70% de los ingresos tributarios las empresas tributan alrededor del 22%. Es decir, que, considerando las exenciones y la evasión fiscales, el sector empresarial contribuye sustancialmente menos que las familias al financiamiento del crecimiento y el desarrollo económicos. Lo que indica que la carga tributaria está mal distribuida.      

 

Por otra parte, desde el 1994, la política monetaria ha beneficiado principalmente al sector de servicios (sistema financiero dominicano, la construcción y el comercio); mientras que la política fiscal se ha concentrado su inversión de obras de infraestructura (carreteras, puentes, teleféricos, trenes) realizadas por firmas privadas locales y extranjeras; desapareciendo del ámbito de las políticas públicas la mejoraría de la calidad de la salud, de la educación, de la seguridad pública que son , entre otras, necesarias para mejorar la calidad del capital humano dominicano. Asimismo, ha quedado fuera del objetivo del gobierno aumentar las exportaciones mediante la provisión de proyectos que promuevan el desarrollo tecnológico de las firmas privadas potenciando la incorporación de la producción interna mediante el sistema de aprender haciendo. Lo que implica que la orientación de la política se concentra en el aumento de la productividad, la competitividad y consecuentemente, el aumento del salario real y la mejoría del nivel de vida de los trabajadores. 

 

En este mismo sentido, desde el 1994, la política monetaria del Banco Central ha beneficiado a las instituciones financierasmediante la creación de condiciones de mercado que permiten renta (ganar sin invertir). En efecto, el BC tiene una deuda que supera los RD$740,000 millones para el 2021, bajo la premisa de que persigue reducir las presiones inflacionarias. Pero esa deuda se ha concentrado en la compra de divisas a los bancos comerciales, por un lado, y a colocar deuda en los puestos de bolsa que estos revenden al público a una tasa de interés menor a la que paga el BC.

 

Asimismo, la política monetaria ha sido generalmente restrictivapara mantener una elevada tasa de interés, atractiva para la atracción de capitales internacionales que permitan tener reservas internacionales para intervenir en el mercado cambiario para mantener un tipo de cambio atractivo para los importadores y el pago de la deuda externa del gobierno. Esta política eleva el costo de la inversión privada y el consumo duradero presente de las familias (vivienda, automóviles, electrodomésticos, entre otros), con lo cual la demanda agregada se reduce, lo que induce a pensar que el crecimiento es fruto de la creatividad del BC.  Más todavía, con un peso más fuerte se desestimula a los exportadores dominicanos y contribuye al amplio déficit de la balanza comercial.

 

El endeudamiento del BC mediante la colocación deuda, es unincremento sus pasivos, lo que opera en sentido contrario a la capitalización de esa institución y coloca un peso tremendo sobre el presupuesto público del gobierno central y del propio BC que debe pagar los intereses de su deuda con los exiguos ingresos que percibe.      

 

Otro aspecto preocupante, es la Ley de Seguridad Social (Pensiones y Salud), porque se desarrolló primordialmente como negocio privado y sus servicios pretendían beneficiar a la población a los trabajadores formales y no a todos los trabajadores. Como se trata de un negocio y no de brindar servicios, uno de los resultados ha sido el elevado pago de bolsillo para lograr las atenciones de salud y se ha limitado la oferta de servicios. La situación empeora dependiendo del centro de salud al que el contribuyente dominicano tenga acceso.En caso de internamiento y si se trata de un centro médico privado, existe una barrera a la entrada para los pacientes que consiste en el pago por adelantado de una suma de dinero que varía dependiendo del centro de salud. 

 

La respuesta del gobierno para subsanar estos problemas ha sido prácticamente nula. La Superintendencia de Salud no tiene capacidad política para regular a estas grandes empresas, ya que el órgano regulador tiene en su dirección representación privada, acompañado por un sector sindical cuyo liderazgo es incapaz de negociar en favor de sus representados.

 

La Superintendencia de Pensiones ha estimulado reformas que han permitido ganancias extraordinarias a las AFP. En principio, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) obtenían un 5% por administración de los fondos y cobraban un 30% de la diferencia de tasas de interés logradas en la colocación de los fondos respecto a las prevalecientes en los bancos comerciales. Recuerde, que los dueños de las AFP son los bancos comerciales, y este oligopolio controla las tasas de interés, de manera que esa diferencia de tasas de interés favoreciera a las AFP.

 

Posteriormente, este oneroso mecanismo del cobro del 30% se sustituyó por una tasa ajustable sobre la totalidad de los montos cobrados a los afiliados, lo que implicó que las ganancias superaran con creces los beneficios de las AFPs de años anteriores. Estos beneficios de las AFP, que provienen de los recursos de los trabajadores, los cobran hoy, mientras que las pensiones de los trabajadores se cobran luego de tres décadas de trabajo y, desde luego, afectadas por la inflación y por tanto los valores a recibir serán menores. Peor aún, la tasa de reemplazo (porcentaje del último salario devengado) será de un 28%. 

 

Todas estas políticas patrocinan desigualdad y pobreza, dicho de otra manera, concentración de la riqueza, polarizando la situación social dominicana. Para evitar cuestionamientos, las autoridades presentan un panorama social y económico halagüeño, guardándose los informes de concentración del ingreso; aunque diligentemente publican los efectos de las transferencias sociales y las remesas sobre el ingreso de los pobres; que al seleccionar convenientemente una línea de pobreza, según los estándares del Banco Mundial, una familia no es pobre si recibe más de US$90 mensuales.

 

Todos estos elementos indican claramente que es imposible que exista cohesión social en el país. Los ciudadanos menos favorecidos por las políticas públicas buscarán mecanismos de defensa no solamente de inconsistentes políticas públicas que, lo empobrecen, sino que además limitan sus derechos. No es posible continuar expoliando a la mayoría de la población, cuando pocos disfrutan de enormes beneficios provenientes de los impuestos que las familias pagan. No es posible que la salud, las pensiones, educación, seguridad ciudadana no contribuyan a elevar la calidad de vida de la población. 

 

La presente administración del gobierno está preocupada en crear oportunidades de negocios y preservar sus beneficios mediante leyes que exprimen los ingresos de las familias. Pero todavía, los mecanismos democráticos e institucionales, tales como el Congreso, los ministerios y sus regulaciones están dominados por los grupos empresariales, de la misma manera que lo están los líderes políticos tradicionales; de manera que resulta útil reflexionar en la construcción de otros escenarios de participación y alternativas políticas como herramientas que equilibren social y políticamente al país.

 

 GRACIAS    

 

Salón La Mancha del Hotel Barceló-Lina

Santo Domingo, D.N.

26 de febrero, 2022