Por Julio Cesar Disla
En el 2018 se estuvo discutiendo entre los países del Mundo el llamado Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Solidaria, el que República Dominicana se negó a refrendar chantajeada por los nacionalistas y xenofóbicos anti-haitianos que promovieron la oposición a que la Nación firmara dicho convenio.
El Pacto Mundial procuraba regular los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas en materia de Migración, cuya base está sustentada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos económicos, Sociales y Culturales, entre otros.
No fue la primera vez que se realizó el debate mundial sobre la Migración Internacional; pues es bueno mencionar que ya antes se habían realizado el Dialogo de Alto nivel sobre la Migración Internacional entre 2006 y luego en el 2013, entre otras. Estas plataformas prepararon el terreno para la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes; que luego iba a ser refrendado a través del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que tenía dos procesos para ser conocido.
Si bien los refugiados y los migrantes tienen los mismos derechos humanos universales y libertades fundamentales; que deben respetarse, protegerse y cumplirse en todo momento, constituyen dos grupos distintos que se rigen por marcos jurídicos separados o distintos. Solo los refugiados tienen derecho a una protección internacional específica, definida en el Derecho Internacional de los Refugiados.
La Migración ha formado parte de la experiencia humana desde los albores de la historia, y se reconoce que genera prosperidad, innovación y desarrollo sostenible en el mundo globalizado, y que estos efectos positivos pueden optimizarse mejorando la gobernanza de la migración.
En el contexto actual, la mayoría de los migrantes viajan, viven y trabajan de manera segura, ordenada y a veces solidaria; sin embargo, no cabe duda de que la migración tiene efectos muy distintos y a veces imprevisibles en nuestro país, sobre todo por la situación que se produce en las ciudades y provincias, así como en los migrantes y sus familias.
Para quienes no somos racistas constituye un desafío que la migración sea algo que nos una, en lugar de que nos divida, pues es fundamental enunciar nuestra concepción común, nuestra visión y nuestra unidad de propósito respecto a la migración para conseguir que esta funcione para todos en condiciones iguales.
Concepción común.
Hemos aprendidos que la migración es uno de los rasgos distintivos de nuestro mundo de hoy, que vincula a las sociedades dentro de todas las regiones y también a nivel interregional, haciendo que todas las naciones sean a la vez países de origen, tránsito y destino. El Estado dominicano debe garantizar que los Migrantes y quienes puedan serlo estén plenamente informados de sus derechos, obligaciones y opciones de migración segura, y sean conscientes de los riesgos que entraña la migración irregular. También se debe proporcionar a todos los ciudadanos acceso a una información clara, objetiva y con base empírica sobre los beneficios y desafíos de la migración, a fin de contrarrestar los discursos engañosos que generan percepciones negativas de los migrantes.
Responsabilidad compartida entre los países.
El problema de la migración constituye un asunto complejo que requiere formular un enfoque global e integral para optimizar los beneficios generales de la migración, abordando simultáneamente los riesgos y desafíos a que se enfrentan las personas y los pueblos del país de origen, tránsito y destino. Ningún país puede encarar los retos de este fenómeno mundial y aprovechar sus oportunidades en solicitaría, o por sí solo. Con un enfoque integral, se pretende facilitar la migración segura y ordenada, reduciendo la incidencia de la migración irregular o ilegal y sus efectos negativos mediante la cooperación internacional.
El Estado dominicano, como signatario de la Naciones Unidas, debe compartir la responsabilidad de abordar las necesidades y preocupaciones mutuas sobre migración, y tener la obligación primordial de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de sus estatus migratorios, pero promoviendo también la seguridad y prosperidad de todas nuestras ciudades del país.
EN TORNO A LA EMIGRACION DOMINICANA.
El propósito de definir una política migratoria, el Estado dominicano busca mitigar los factores adversos y estructurales que impiden que las personas puedan labrarse y mantener medios de vida sostenibles en su propio país, obligándolas a buscar futuro en otros lugares. El Estado debe crear las condiciones propicias que permitan a todos los migrantes enriquecer nuestra sociedad con su capacidad humana, económica y social, y hacer así una significativa contribución al desarrollo sostenible a nivel nacional.
El Estado Nacional debe incidir para que la migración nunca sea fruto de la desesperación, pero, cuando lo es, debe cooperar para responder a las necesidades de los migrantes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y asumir los desafíos correspondientes, debe ser responsabilidad del gobierno crear las condiciones que permitan a los ciudadanos vivir con seguridad y dignidad en su propio país.
Se considera innegociable el derecho soberano de nuestro país a determinar nuestra propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción, de conformidad con el derecho internacional, dentro su prerrogativa soberana, el Estado podrá distinguir entre el estatus migratorio regular e irregular, incluso decidir con que medidas legislativas y normativas aplica el derecho internacional, tomando en cuenta nuestras propias realidades.
Julio César Disla
