Por Narciso Isa Conde
El proceso constituyente es el conjunto de acciones y decisiones mediante el cual el pueblo participa y decide de manera directa sobre los contenidos del texto de la Constitución de la República. Es una etapa política en la que la sociedad y sus fuerzas sociales, políticas y culturales toman la decisión de definir por sí mismas, de manera soberana, el tipo de instituciones y sistemas que deberán conformar las estructuras del Estado y de la Nación.
La Constitución vigente, aprobada en el 2010, reformada en el 2015 para favorecer la reelección, fue elaborada en interés de consolidar estructuras que sirven a las decisiones e intereses de los partidos políticos y las élites sociales dominantes. De ahí que, con un lenguaje que aparenta sustentar un proyecto de “democracia representativa”, en realidad se concibió para establecer una partidocracia corrupta asociada a cúpulas capitalistas y patriarcales.
La definición de “un Estado social, democrático y de derecho” no es más que una falacia, porque todo el conjunto del texto se redactó para impedir que el pueblo decida sobre su propio destino, e imponiendo por el contrario, una forma de dirigir la sociedad a través de los Poderes Públicos, que en realidad excluye al sujeto pueblo, al que la propia Constitución refiere como el Soberano.
Por estas razones resulta cada vez más imperioso anular y reemplazar la Constitución del 2010, mediante un proceso que dé al pueblo la posibilidad de decidir el tipo de Constitución que quiere y necesita. Esto solo puede hacerse si las decisiones son tomadas por personas elegidas para tal función, y no por los propios legisladores que se conforman como jueces y parte en la Carta Magna, y que por demás quienes dominan el Congreso, han exhibido un alto grado de estupidez corrupción y conservadurismo.
Un proceso cuyas decisiones se basen en la soberanía popular se
denomina Proceso Constituyente.
