jueves, 1 de octubre de 2020

ALIANZAS PÚBLICO - PRIVADAS Y ASALTOS A PATRIMONIOS NACIONALES EN TIEMPO DE COVID 19

Por Narciso Isa Conde

Las alianzas o asociaciones público-privadas (APP) son tan viejas como  la era neoliberal del capitalismo imperialista. Se inscriben dentro de las recetas transnacionales en materia de privatización del patrimonio público-estatal y del patrimonio natural (suelo, subsuelo y sobresuelo) de las naciones; especialmente de aquellas recolonizadas por los países centrales del sistema imperialista occidental.

 Las leyes sobre APP -siempre cortadas por el mismo patrón hegemónico- no excluye intromisión aun se trate de aéreas que se entiendan vitales en términos sociales, o estratégicas en materia de soberanía; tales como agua, salud,  educación, energía, puertos, comunicación, aeropuertos, autovías, transporte, bosques, minas, costas, biodiversidad…

La concepción que las impulsa se ajusta a un esquema de corrupción legalizada, de asalto  a la propiedad social, a los bienes comunitarios, a las obras y servicios públicos, a los recursos naturales…

 Implica situar los intereses y las ganancias privadas como determinantes de todo, incluido el propio Estado y sus instituciones.

 No repara en privatizar los grandes colectivos humanos, sus aportes, su trabajo, sus cualidades, su relación con la naturaleza no humana… y lo hace para el disfrute de una minoría deshumanizada y dispendiosa.

Pero tampoco excluye servir de escenario a la corrupción no permitida en el status legal vigente, sin consecuencias institucionales mayores.

A propósito de esto último vale traer a colación esta breve reflexión sobre lo acontecido en Perú en los últimos 25 años respecto al rol de las APP en el plano puramente delictivo:

 

Todos estamos indignados con la corrupción. Esta compromete a los tres últimos gobiernos y si a estos se suma la ocurrida durante el gobierno de Fujimori incluye a todos los regímenes neoliberales de los últimos 25 años. Su principal medio han sido las asociaciones público- privadas (APP) con el objetivo de lograr la asignación de la infraestructura y servicios públicos, permitir sobrecostos y acotar beneficios”

“La corrupción no sólo compromete a las máximas autoridades políticas y a la tecnocracia que los avaló por motivos pecuniarios, sino además a los usuarios delictivos, intercambio futuro de favores, sumisión u omisión; también ocurre por un marco regulatorio laxo que la hizo posible.”

(Germán Alarco.-Corrupción, neoliberalismo y asociaciones público-privadas // 21/02/2017)

 

         EL GRAN ASALTO DE LO QUE RESTA POR PRIVATIZAR.

Hasta la llegada de la COVID 19, que desnuda todas las vertientes de la multi-crisis del capitalismo mundial y sus expresiones nacionales y locales en el centro y en la periferia del sistema, la nefasta obra del neoliberalismo y de las propias APP seguía inconclusa.

Cierto que la pandemia mostró el nefasto producto de esta civilización burguesa decadente y su agravamiento a la luz de las persistentes recetas neoliberales.

Cierto que sacó a flote el deterioro de los sistemas de salud a consecuencia de las privatizaciones, y aceleró y precipitó la crisis integral de mayor profundidad y extensión a lo largo de su historia.

¡Cierto!

Pero además, la pandemia -dada su velocidad de contagio y su manipulación desde los principales centros y corporaciones del sistema imperialista occidental- ha paralizado y semiparalizado gran parte de las actividades económicas;  operando a la vez como una especie ajuste global drástico, que empobrece Estados y pueblos periféricos, y afecta amplios sectores de las economías centrales; creando así condiciones para nuevos procesos de concentración de capital y apropiación de riquezas a cargo de las corporaciones más fuertes y activas en el contexto de la crisis sanitaria mundial y en medio del repunte y expansión de los déficit estatales.

Estados y gobiernos prácticamente quebrados, disponiendo de patrimonios públicos y riquezas naturales, que por falta de liquidez no pueden activar por cuenta propia, pasan a ser presas fáciles de las oligarquías capitalistas transnacionales y locales, que poseen enormes reservas financieras y siguen (una parte de sus integrantes) operando sus negocios y hasta obteniendo más ganancias que antes del desplome parcial de las economías.

 Los mandamases del sistema dominante abren las llaves a un endeudamiento externo de gran envergadura, condicionado a la vez por las imposiciones del Banco Mundial y del FMI.

Activan y amplían el capítulo de las APP para producir iniciativas que posibilitan utilizar recursos estatales y sobre todo riquezas naturales todavía no privatizadas, mediantes formatos engañosos de alianzas estatales-privadas que favorecen fundamentalmente a los grandes socios capitalistas.

Nutren los presupuestos estatales deprimidos al costo de “empeñar” el país.

Entre los nuevos préstamos, que fluyen por ambas vías, y las disponibilidades crecientes de las facciones más poderosas de los inversionistas privados, (radicados en el país respectivo  o en el exterior), se está constituyendo un poder de financiamiento adicional dirigido a apropiarse completamente de los Estados, sus presupuestos, las empresas quebradas, las diversas vertientes del territorio y los potenciales negocios contemplados en las leyes y reglamentos que le sirven de sustento a las APP.

Las disponibilidades que nutren esa rapacidad se están concentrando en entidades financieras invulnerables al nuevo coronavirus, en las farmo-corporaciones y otros empresas del sector salud y seguridad social (incluidas las ARS y AFP privadas), en las compañías mineras (que continúan operando y expandiéndose), en el complejo militar industrial financiero (que sigue con su “guerra global infinita”), en los carteles de la informática (que se están sirviendo de la crisis con un cucharón gigante), en las cadenas alimenticias y en otros sujetos capitalistas actualmente activos y en procesos de engorde.

         ¡NO SE CAEN, HAY QUE TUMBARLOS!

El neoliberalismo, al tiempo de exhibir sus lacras, no cesa en sus metas privatizadoras y desnacionalizadoras.

La crisis de por sí no lo tumba, ni desplaza sus raíces capitalistas. Ese poder no cae por sí solo. Hay que tumbarlo y eso es tarea de los pueblos oprimidos, sobre-explotados, excluidos… y de sus fuerzas activas y de vanguardia.

 En este instante está en marcha un verdadero asalto del gran capital a lo que resta por privatizar en el marco de un intento de vuelta a la economía real, a las bases materiales de la producción.

Los gobernantes de los países dependientes, como es el caso de nuestra República Dominicana, mentalmente re-colonizados, han puesto en venta, a precio de vaca muerta, toda la riqueza disponible; usando entre otros recursos una asociación subordinada que termina en manos de un solo socio: el gran capital privado, que ahora celebra el relanzamiento de las APP.

Por eso urge activar la contrapartida de necesidades, luchas y demandas imperiosas.

De indignación, organización y conciencia.

De rebeldías y propuestas transformadoras.

De rupturas imprescindibles y creación de lo nuevo

La contrapartida soberana, anti-neoliberal,  anticapitalista…definidamente socialista.






NO ES LOCURA, ES SU NATURALEZA.

 Por Matias Bosch Carcuro

Se estuvo trabajando por años, finalmente se promulgó en febrero, y ahora vendrá su puesta en práctica. Todos y todas debemos leer la Ley No. 47-20 de Alianzas Público-Privadas y su reglamento. No es palabra que bajó del cielo.

El artículo 4 de Definiciones es decidor, cuando señala que las alianzas público-privadas son “el mecanismo por el cual agentes públicos y privados suscriben voluntariamente un contrato de largo plazo (…) para la provisión, gestión u operación de bienes o servicios de interés social”, a los cuales define como “cualquier obra o activo cuyo uso permite satisfacer necesidades de interés colectivo, incluyendo los bienes públicos”.

También puntualiza que su beneficio financiero será “las utilidades netas derivadas en favor de los agentes suscriptores del contrato” y que pueden durar hasta 40 años, es decir, para cuando sean adultos los nietos de quienes las obtengan.

Estemos claros: esta ley no es para complementar ni mejorar la que ya regula las compras, contrataciones y concesiones del Estado. Aquí se va por más y la Autopista del Nordeste será un cuento de niños comparado con lo que puede venir. De hecho, lo referente a concesiones queda sustituido con la nueva norma.  

La gracia de esta ley es que habilita legalmente que aquellos bienes y servicios que harían posible (bien o mal) el acceso y disfrute de derechos fundamentales, y que por su naturaleza son bienes de primera necesidad sin sustitutos ni competencia, o no accesibles a precios de agentes privados, sean gestionados como negocio y fuente de ganancia.

Y encima pone al Estado a ocuparse de que así sea, incluso si no lo tiene proyectado; basta que una empresa lo ponga en la mira y el proceso arranca. El famoso “Estado social y democrático de Derecho” se despoja de su rol principal, para convertirse en gerente de un mercado.

Es llevar a todas las áreas la lógica del Sistema de Seguridad Social, en que derechos humanos como la salud y las pensiones se han entregado a empresas nacionales y extranjeras cuya naturaleza es hacer negocio. La ciudadanía –en su mayoría despojada y empobrecida- queda convertida en clientela forzosa de estas empresas.

Si un emprendedor cualquiera tiene que fajarse y competir para mantenerse y ganar, esta ley garantiza (a unos pocos con muchos recursos) el monopolio de bienes y servicios esenciales, y su ingreso y ganancia estarán garantizados porque la población depende de ellas. ¿Qué racionalidad económica es esa?

Las asociaciones empresariales usan entonces la excusa de invertir en “necesidades” para negarse a avances en justicia fiscal y a que el Estado recaude lo que necesitamos. Muchas veces los “inversionistas” terminan subsidiados por la sociedad y todo lo verdaderamente grave que se vería mal escrito en la Ley queda para los “estudios” y los contratos. ¿Cuántos leeremos esos documentos en los cuales no tendremos ninguna participación?

Podrá argumentarse que esto no significa privatizar, apelando a una definición restringida de la privatización, propia de los ochenta y noventa, cuando se traspasaba la titularidad de la propiedad.

España, Chile, Puerto Rico, son casos emblemáticos de cómo la privatización ocurre bajo la consigna de “alianzas”, pues en la práctica la operación y acceso al bien o servicio ya no estará en manos públicas y responderá al “beneficio financiero” de empresas, inclusive de inversionistas extranjeros.

Por ahí se van hospitales, escuelas, carreteras, transporte público, vivienda social, agua, energía, todo.

Tal vez haya sido un error, un exabrupto o imprudencia de quien lo dijo, pero lo hizo: las actividades de OPRET (entiéndase Metro y Teleférico) y OMSA están en la lista. Lo mismo se explicó pausadamente en televisión sobre el acueducto del Este.

De hecho, fue con la urgencia de facilitar las APP que se explicó la modificación exprés de las normas para designar al director de INAPA.

Dice una fábula que el alacrán le pidió al maco que lo ayudara a cruzar un charco subido en su espalda.

El maco se negaba porque temía a ser picado por el alacrán, pero este le prometió que no lo haría y el maco le hizo el favor. Cuando llegaron a la orilla, el maco sintió el pinchazo venenoso y le reclamó: “¡Pero tú me dijiste que no lo harías!”, a lo que el alacrán simplemente contestó: “Lo lamento, es mi naturaleza”. 

Podrá decirse que son locuras o que habrá la máxima transparencia, pero la naturaleza de las “alianzas” público-privadas es la que es y ya puede verse a los interesados, incluyendo bancos y AFP, juntándose para ver cómo repartir un bizcocho llamado República Dominicana.

Fuente: https://hoy.com.do/no-es-locura-es-su-naturaleza/