El Congreso Cívico, ante el tema de la reforma fiscal, presenta su posición y una propuesta ajustada a los principios básicos que justifican su existencia, basados en la defensa de los derechos humanos, en la igualdad de oportunidades, en el rechazo a los privilegios y a la corrupción e impunidad y en apoyo a los esfuerzos por eliminar o reducir significativamente la pobreza e indigencia, los cuales han sido reiterada y públicamente expuestos en diferentes escritos y en casi todas las actividades públicas que hemos realizado.
Una Reforma Fiscal integral implica, necesariamente, un cambio estructural para desarrollar los recursos humanos y la infraestructura nacional, con la finalidad de fomentar el desarrollo nacional. La misma implica una mayor eficiencia y justicia social en la política tributaria y, al mismo tiempo, mayor eficiencia en la asignación de los recursos para promover la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad social.
El objetivo esencial del pago de impuestos es dotar al Estado de los recursos necesarios para que pueda prestar los servicios esenciales y comunes de la sociedad, con tal eficiencia y oportunidad, que su costo resulte inferior a cualquier solución individual, familiar o grupal.
Tradicionalmente la resistencia natural al pago de impuestos se explica porque el Estado no ha sido capaz de devolver en protección y servicios, los pagos anticipados que hacen los contribuyentes para esos fines. Esta reforma tiene que ser una relación de doble vía: pagamos más, para recibir más y mejores servicios.
No es cierto que en nuestro país exista una baja presión fiscal. Todo lo contrario, aquí la presión es muy alta e igualmente costosa e ineficiente porque, en adición a los impuestos pagados, la población tiene que cubrir con un elevado gasto adicional de su propio bolsillo, muchos servicios esenciales colectivos, debido a las ineficiencias recurrentes y crónicas del Estado: compra y mantenimiento de plantas eléctricas e inversores, matriculación en los colegios privados, pagos de seguros médicos privados y transporte público ineficiente, pagos por protección personal y de propiedades, entre un largo etcétera.
En nuestro país, la política fiscal ha sido uno de los mecanismos que ha generado mayor desigualdad, injusticia, privilegios y concentración de ingresos. Mientras la clase media, los trabajadores y los demás consumidores aportan la mayor cuota de sacrificios, una minoría de empresarios, legisladores, partidos políticos, funcionarios y gremios concentran la gran parte de los beneficios.
Por tales razones, el Congreso Cívico, luego de realizar amplias consultas y de un diagnóstico sobre el desempeño de la administración pública considera que, como mínimo, para lograr un cambio real en gasto fiscal es necesario:
1. Limitar por ley el endeudamiento público, interno y externo, asegurando que el mismo sea dedicado a promover proyectos específicos de desarrollo. Ese límite debe ser discutido y acordado en el diálogo nacional.
2. Revisar y ajustar todos los gastos presupuestarios: eliminar las exenciones de impuestos y subsidios a las empresas, bancos comerciales, ONG e iglesias.
3. Eliminar todas las exoneraciones, a funcionarios, legisladores, incluyendo el barrilito y el cofrecito.
4. Eliminar el financiamiento de los partidos políticos.
5. Reducir sustancialmente el gasto publicitario del gobierno central y de las instituciones autónomas y descentralizadas.
6. Reducir y poner un tope a los sueldos, eliminar los sobresueldos y reducir los gastos de representación, dietas y combustibles.
7. Reducir en forma sustancial las pensiones auto asignadas por los funcionarios del Estado, incluyendo los bancos y las empresas públicas, los cuales aprovechan su posición e influencia política para lograr tales propósitos.
8. Recuperar los bienes fruto de la corrupción administrativa, aprobando de inmediato y aplicando la ley de extensión de dominio.
9. Cancelar o modificar sustancialmente el contrato sombra de la autovía hacia Samaná.
10. Establecer por ley un porcentaje mínimo del presupuesto destinado a las inversiones de capital, distribuidas con equidad en todo el territorio nacional.
11. Establecer por ley un porcentaje máximo del presupuesto destinado al gasto del personal del gobierno central y de todas las instituciones estatales, autónomas, descentralizadas y bancos.
12. Cumplir con la ley que establece una mayor asignación presupuestaria a los ayuntamientos de los municipios del país.
En adición, y por idénticas razones, el Congreso Cívico, demanda un cambio sustancial en el contenido de la política fiscal, a fin de que la misma sea más justa, equitativa y solidaria, basado en las siguientes medidas:
13. Dirigir esencialmente la carga tributaria hacia las ganancias y propiedades de las grandes corporaciones, bancos comerciales y personas jurídicas con altos ingresos que integran los quintiles superiores); y
14. Reducir progresivamente la evasión fiscal. Antes de aumentar la carga impositiva vigente, es necesario reducir significativamente la evasión para evitar más enriquecimiento de los evasores.
15. Reducir en forma inmediata y gradual el porcentaje del ITBIS, por considerarlo un impuesto regresivo que solo penaliza a la clase media y a las familias de escasos ingresos;
16. Mantener la exención del ITEBIS de los bienes y servicios de primera necesidad que actualmente están libres de carga.
Hemos decidido concertar alianzas y acuerdos, tan amplios como sean posibles, para impulsar una reforma integral, con el compromiso de elevar el nivel de la protesta social civilizada en el caso de la imposición de una simple reforma tributaria. Vamos a rechazar cualquier intento de reforma unilateral que no incluya una seria y consecuente disciplina del gasto público.
El Congreso Cívico considera esencial promover y llegar a un acuerdo nacional sobre la política fiscal en su doble vertiente de reforma tributaria y de reforma del gasto público.
Somos de opinión que, por su trascendencia e impacto económico y social, este proceso no debe precipitarse mediante imposiciones o “acuerdos de aposento” sin garantías reales de su cabal cumplimiento.
En consecuencia, proponemos que los cambios en procura de una mayor eficiencia en el gasto fiscal sean aplicados antes de la puesta en marcha de los cambios en la reforma tributaria, como una forma de darle tranquilidad y seguridad a la población de que esta vez el cambio será real e integral.
Finalmente, proponemos que la reforma fiscal inicie una transformación profunda en la política del gasto público y la eficiencia institucional, en la cual el Estado, con las actuales autoridades a la cabeza, asuma el compromiso de eliminar los privilegios, la corrupción, la impunidad y malversación de los recursos, para ser capaz de reciprocar a la población con servicios públicos de mayor cobertura, calidad y oportunidad.
Comisionados:
José Reyes, Rómulo Díaz Y Arismendi Díaz Santana
25 de octubre 2021.-
