Por Ángel Pichardo Almonte
Participación Social activa y consciente contribuye a la democracia
La República Dominicana cuenta con una amplia experiencia en participación social, participación ciudadana, política y comunitaria, grandes jornadas de movilizaciones han logrado hacer avanzar la democracia y fortalecer las estructuras del Estado para garantizar derechos humanos y fundamentales.
Sin embargo, la participación social vinculada a las reformas del sector salud han estado hegemonizadas por el Estado, por un lado, o por las agencias y centros de asesorías técnicas, que logran con sus discursos y propuestas consolidar los intereses de los sectores financieros que representan.
La actual Ley 87-01 de Seguridad Social es una evidencia clara de cómo los intereses de las élites financieras que estuvieron representados, pudieron agenciarse una legalidad que garantiza sus ganancias en detrimento del derecho a la seguridad social de las personas trabajadoras.
Es evidente cómo, desde estos estamentos de coordinación técnica, se logra imponer agendas de los grupos económicos, tratando siempre de garantizar sus ganancias, instrumentalizando los procesos de participación social. En muchas ocasiones, las organizaciones sociales y comunitarias terminan asistiendo pasivamente a estos espacios de validación de intereses foráneos.
La imposición de una intervención enmascarada de participación social, como es el caso de la búsqueda de consenso que matizó la elaboración y aprobación de la ley 87-01 sobre seguridad social en la década del 2000, ha servido de excusas para validar este proceso. Convirtiendo este mal llamado proceso de reforma de la seguridad social en una falsa legitimación institucional.
La participación social desde la perspectiva neoliberal-conservadora se concibe como un asunto técnico de la ejecución y la administración del servicio de salud, que promueve el voluntarismo y la corresponsabilidad como forma encubierta de participación.
Es preciso tomar en cuenta los elementos que impiden una participación social activa, consciente y auténticamente vinculada a los intereses colectivos, sobre todo, cuando este proceso involucra la intervención de instituciones del mismo Estado, burocracia de las agencias de desarrollo, organizaciones de la sociedad civil junto a organismos de asesoría técnica al servicio de intereses de las élites. Considerando que estas instancias suelen darle mucho énfasis a los aspectos técnicos y burocráticos.
Cabe resaltar la reducción que se hace de la participación social en el documento “Salud Visión de Futuro”, el mismo que sirviera de base teórica para establecer los parámetros de la reforma del sector salud en los años 90. El documento señalado establece y define la participación como, “Un principio fundamental que debe guiar la conformación de un nuevo sistema de salud colocando a las personas en el centro del sistema, los usuarios y usuarias del sistema de salud tienen derecho a la información, a la posibilidad de escoger, a recibir un trato adecuado. En consecuencia, el sistema debe satisfacer estos requerimientos”.
En el mismo documento se establece como línea estratégica para la reforma el fortalecimiento de la democracia, asume la democracia como el “principio de transferir el poder desde el proveedor al usuario, este último tiene la posibilidad de escoger entre un número amplio de proveedores con lo que aumenta la competencia entre ellos, promueve la eficiencia y la calidad de los servicios y en definitiva la participación de la población”.
Dicha línea estratégica planteada en esos términos, vincula el fortalecimiento de la democracia a la libertad de elección en el mercado, principio que se promovió desde las esferas promotoras del neoliberalismo como modelo económico.
La participación social va más allá de la simple elección entre un proveedor y otros, se refiere a los distintos procesos en los que sectores organizados de la sociedad, academias, sectores profesionales y organizaciones desarrollan una activa vinculación e integración a la dinámica de producción de políticas públicas.
La participación social implica además, conciencia crítica de las diversas etapas del proceso, el involucramiento en todo lo relacionado a la toma de decisiones en plena independencia del Estado en las funciones de toma de decisiones, evaluación, monitoreo y control de los recursos públicos. Es decir, los procesos de verdadera participación social el Estado no logra, por el fuerte posicionamiento de las organizaciones participantes, imponer una lógica de élite ni de beneficio particular a ningún sector financiero.
Continuará…
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