Por Guillermo Moreno
Con este mismo título publiqué un artículo, el lunes siguiente a la toma de posesión del presidente Luis Abinader. Me referí al hecho de que luego de ser proclamado ganador de las elecciones, en su primer discurso, la noche del 5 de julio, Luis Abinader expresó su compromiso con encabezar un gobierno honesto. El hecho no me podía pasar desapercibido pues, hacer un gobierno honesto, es el lema de Alianza País y así figura en su logo desde su fundación, el 20 de febrero de 2011. La adopción de ese lema, no es difícil deducirlo, fue en reacción a los gobiernos medularmente corruptos del peledé, convirtiendo la lucha contra la corrupcióny la impunidad en objetivos centrales de cualquier proyecto político serio que busque enderezar este país hacia un nuevo orden democrático. Hoy conocemos tan solo una parte de la corrupción de los gobiernos de Danilo Medina y asombra a donde fueron capaces de llegar. Sabemos que este esquema de latrocinio fue una constante en los cinco gobiernos de ese partido.
Es oportuno recordar que, en gran parte, el triunfo de este gobierno se debió a las energías que desató la Marcha Verde contra la corrupción e impunidad de los gobiernos del peledé, frente a la cual Luis Abinader, no solo acompañó en varias oportunidades las movilizaciones de la ciudadanía, sino que expresamente asumió el compromiso de enfrentarla y ponerle fin. Por eso, a una parte de los que votaron por este gobierno se les oye lamentar que después de tantas luchas, con más de dos años de gobierno, la investigación y persecución penal de la corrupción se haya quedado frisada en el entorno familiar de Danilo Medina y de sus más íntimos colaboradores. En otras oportunidades eso es lo que se ha hecho para eliminar de la competencia a un partido y liderazgo político. De lo que no se tiene precedente es de enfrentar de forma frontal e integral la corrupción, con una voluntad de Estado irreductible en el propósito de acabar de una vez y para siempre con la impunidad y recuperar lo robado.
En ese artículo al que hice referencia en el primer párrafo, el punto de partida fue precisar que Un Gobierno Honesto es aquél que maneja con pulcritud y transparencia los recursos públicos y rinde cuentas periódicas ante la ciudadanía; adopta medidas concretas de prevención de la corrupción e investiga y persigue penalmente todos los actos denunciados de corrupción a fin de erradicar la impunidad y el enriquecimiento ilícito proveniente de recursos públicos.
De igual modo me permití referir algunas medidas muy concretas que se esperaban del nuevo gobierno y que contribuirían a la prevención para avanzar hacia un gobierno honesto. Entre las que cite están las siguientes:
I) Eliminar ministerios y direcciones descentralizadas duplicadas o sin reales funciones. En la campaña se identificaron unas 54 en esta condición.
II) Aplicar con rigor la carrera administrativa y acabar con las “botellas” y “nominillas”.
III) Erradicar el nepotismo y el tráfico de influencias.
IV) Unificar en una sola escala los sueldos en el Estado, garantizando salarios dignos a los funcionarios conforme su nivel, al tiempo de reducir sustancialmente los actuales salarios de lujo de los altos funcionarios pues los privilegios son una forma de corrupción.
V) Obligación de todo funcionario de presentar su declaración de patrimonio, y mientras no lo haga suspenderle el pago de su salario y oportunamente cancelarle.
VI) Igual declaración deberán presentar al dejar la función pública, por cualquier motivo. VII) En su declaración jurada los funcionarios deben identificar cualquier conflicto de intereses y solicitar licencia en las instituciones privadas a que pertenezcan durante el período de desempeño de la función pública.
VIII) Todo funcionario público debe inhibirse de participar en la toma de decisiones que beneficien directa o indirectamente a familiares, amistades o relacionados, como tampoco participar por si o por interpósita persona en los negocios del Estado.
IX) El funcionario público no puede tener cuentas ocultas en paraísos fiscales debiendo presumirse de origen ilícito esos recursos, y una forma de evasión fiscal, a menos que se establezca lo contrario.
X) Disponer de forma aleatoria la auditoría de un porcentaje de las declaraciones juradas hechas por los funcionarios públicos, tanto al ingreso como a la salida del cargo.
XI) Asumir de origen ilícito, todo bien adquirido durante el desempeño de una función pública, presunción que debe mantenerse hasta que el interesado demuestre origen lícito.
XII) Eliminar en los ministerios y en los organismos autónomos del Estado la facultad de hacer construcciones y compras mayores, las que deben ser hechas por los organismos creados con esas funciones en el Estado, bajo rigurosos procedimientos de concurso público y licitaciones transparentes, conforme las disposiciones de la Ley.
XIII) Eliminar toda publicidad y propaganda oficial que no sea aquella necesaria para la prevención, orientación y educación ciudadana quedando prohibida la publicidad de promoción del Presidente, legisladores, ministros, directores u otros funcionarios.
XIV) Que las instituciones públicas sustenten sus asignaciones presupuestarias en metas concretas a alcanzar y evaluaciones de desempeño.
XV) Eliminar toda forma de opacidad en el gasto público, y por tanto, identificar en todo gasto público: quién lo dispuso, en qué se gasto, quién recibió el pago, siempre debidamente respaldado en soportes válidos.
XVI) Promover y facilitar en todos los ministerios y poderes del Estado la “veeduría ciudadana independiente”, facultada para hacer evaluaciones periódicas sobre el desempeño y manejo de recurso.
XVII) Auditar todos los ministerios y los organismos descentralizados a fin de presentar a la ciudadanía el Estado de situación encontrado y proceder en consecuencia.
XVIII) Es imprescindible auditar la deuda pública, establecer el objeto de cada préstamo, en qué se invirtió efectivamente, quiénes lo autorizaron y lo ejecutaron, a fin de determinar si está comprometida la responsabilidad penal de algunos de los participantes. XIX) Extender el gobierno honesto al Congreso e impulsar la eliminación del “barrilito”, “cofrecito”, exoneraciones de dos vehículos cada dos años y cualquier otra retribución contraria a las funciones legislativas.
XX) Crear las condiciones que garanticen la independencia del Poder Judicial, Ministerio Público y Cámara de Cuentas y las altas cortes. cuyos titulares deben observar en el desempeño de sus funciones una conducta honesta y transparente.
Corresponde al lector, a partir de estos y otros indicadores, evaluar este gobierno y saber si dentro de 21 meses, al terminar su mandato, será evaluado como un gobierno honesto, como proclamó el presidente Abinader la noche en que se conoció de su triunfo electoral. Sea usted el jurado, como diría, el siempre recordado amigo, Alberto Amengual.
Fuente: https://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/2022/11/13/un-gobierno-honesto/2139564
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