Por Narciso Isa Conde
En la República Dominicana, la semi paralización de la economía, el desplome de los ingresos fiscales y el alto déficit presupuestario a consecuencia de la COVID 19, no solo ha agravado todas las vertientes de la multi-crisis que afecta al país en el contexto de la crisis global del capitalismo imperialista, sino que su manipulación desde la altas esferas del poder transnacional y local, evidentemente responde al interés de entronizar una nueva fase de la recolonización imperialista y una nueva ola de la privatización del Estado, la economía y la política.
El esfuerzo en esa dirección presenta hechos sumamente elocuentes en el contexto de un nuevo gobierno conformado por un partido, que como el Revolucionario Moderno (PRM), está actualmente bajo la dirección de empresarios metidos a políticos y de políticos convertidos en empresarios, todos bajo la tutela del poder imperialista estadounidense y europeo-occidental; condicionados, además, por un alto grado de financiación electoral procedente de los grupos capitalistas más poderosos del país, que incluso impusieron su representación directa en el nuevo gobierno.
El “disco duro” del Poder Ejecutivo y del Gabinete, que a su vez domina políticamente el Poder legislativo, está integrado por multimillonarios y tecnócratas a su servicio, que impulsan febrilmente la venta de los activos del Estado y las llamadas Alianzas Público-Privadas (APP), para completar la privatización neoliberal del patrimonio público y natural de la Nación iniciada al final del siglo pasado. Esto, acompañado de una agresiva y riesgosa línea de endeudamiento externo e interno, en el marco de la más absoluta dependencia y de los condicionantes impuestos por EE.UU, FMI, BID y Banco Mundial (BM).
El enorme déficit presupuestario del 2021 va a ser cubierto fundamentalmente por préstamos internacionales y locales, y por pagos adelantados de impuestos a cargo de la banca comercial privada y de la corporación minera, reina del saqueo del oro en todo el planeta, la tristemente famosa Barrick Gold.
Con ese decisión a la Barrick se le facilitan sus pretensiones de expandirse a una zona de alto riesgo para las fuentes de agua de la Capital y parte del Este del país, mientras hegemoniza el conjunto de corporaciones mineras que procuran similares permisos de explotación de oro y otros minerales valiosos, sin reparar en daños ambientales con impactos parecidos (Gold Quest, Uni Gold, Falcondo...).
Por esa vía y con esos niveles de dependencia el destructivo programa minero, que procura oro, plata, níquel, cobalto, titanio y tierras raras para las metrópolis imperialistas y sus consorcios de alta tecnología -y contempla escasez de agua en un contexto de eventual privatización de ese recurso vital- tendrá mayores posibilidades de lograr la autorización del Estado dominicano.
Así mismo el nuevo Gobierno dependerá en mayor grado del poderoso sector financiero local e internacional, cuyas voraces Administradoras de Riesgo de Salud (ARSs) y Administradora de Pensiones (AFB) privadas estarán más protegidas.
• BLANCO DE ATAQUES Y MODALIDADES DE LA NUEVA OLA PRIVATIZADORA
Energía (sistema eléctrico, gas natural y nuevas fuentes renovables incluidas), agua y acueductos, minas, bosques, costas y playas, negocios de salud, vías de comunicación, plataformas tecnológicas, proyectos turísticos, puertos y aeropuertos… son, entre otros, los principales blancos de ataque de la nueva ola privatizadora.
En esta vertiente no hay que dejar de lado el hecho de que el Presidente Luis Abinader, gran empresario por demás (con intereses en la industria del cemento, el turismo y la educación universitaria privada), acaba de firmar un acuerdo con la Corporación Financiera Internacional de los Estado Unidos, mediante el cual esa “agencia estatal de cooperación” abre una cartera de préstamos de 2000 millones de dólares, 1000 a disposición del Estado y 1000 directamente para el sector privado; condicionada a fomentar las APPs desde el gobierno y a potenciar el control del gran capital privado sobre la economía.
El designado Ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, ex–presidente del Consejo Nacional de la Empresas Privada (CONEP) y representante del Grupo Vicini, el más poderoso del país y el mejor articulado a una parte importante del establecimiento económico y político de EE.UU, preside la Comisión de Venta de Activos del Estado y junto con el Presidente y otros representantes de la gran empresa privada controlan el Consejo de Dirección de las Alianzas Público-Privadas (APPs), que decide todo lo crucial sobre esa vertiente de la privatización.
El Ministro de Hacienda, Jochy Vicente -pieza clave del neoliberalismo endurecido- tiene fuertes conexiones con otro de los diez principales grupos económicos del país controlado por la poderosa Familia Bonetti.
Actualmente ese grupo es propietario de MERCASID, el gran monopolio industrial de la alimentación, aceites comestibles ensamblados y agua procesada, y uno de sus miembros está envuelto en la compra-venta fraudulenta de la mayoría de la acciones (perteneciente al Estado) de dos grandes medios televisivos, Antena Latina y Antena 21, y en su traspaso ilegal al empresario mexicano-estadounidense Ángel Remigio González (alias EL Fantasma), propietario de la cadena ALBAVISIÓN y vinculado a múltiples operaciones mafiosas.
Ese Grupo Económico comparte con el Ministro de Turismo David Collado (dirigente del PRM y también del Grupo Vicini) el programa de promoción turística y de productos de exportación “MARCA PAÍS”, a pesar de esos y de otros pesares.
El escenario creado para el tráfico de influencia es obvio, al tiempo que los portavoces gubernamentales, incluido el Presidente Abinader, no se cansan de hablar de su amor por la transparencia y de criticar la nefasta corrupción del gobierno anterior, encabezado por el ex-presidente Danilo Medina y su Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Es cuestión de corrupción e impunidad preferida y no preferida.
Pero eso todavía es poco en la ruta sobre el nuevo asalto privado a los bienes públicos.
En primera línea de las ventas de activos están ahora las acciones y empresas que todavía le pertenecen al Estado en el sector eléctrico, una parte de las cuales son compartidas con el Grupo Vicini y con la AES DOMINICANA (Caribbean International).
Ambos carteles económicos tienen fuerte presencia en el área de generación de energía y antecedentes de estafas multimillonarias al Estado. Pero eso no ha impedido su incorporación al nuevo gobierno ni lo que eso conlleva.
• INAUGURACIONES A GRANEL DE PROYECTOS PRIVADOS CON PRESENCIA PRESIDENCIAL: CASOS RELEVANTES
Si antes los primeros mandatarios exhibían una fuerte inclinación a inaugurar obras y proyectos públicos y privados, ahora esa práctica tiene las características de frenesí capitalista y se despliega sin el menor escrúpulo.
Esto comenzó con la promoción del automóvil eléctrico de la empresa Tesla del magnate estadounidense Elon Musk, asumido como carro presidencial desde el día de la toma de posesión del nuevo presidente; convertido el hecho en una promoción publicitaria nacional e internacional de incalculable valor.
Otro hecho de especial significación fue la reciente presencia del Presidente Abinader en la inauguración de la conversión a gas natural de tres plantas eléctricas pertenecientes a la vieja COGENTRIX, que durante dos décadas ha sido beneficiaria del contrato más leonino que se haya firmado desde que se inició el proceso de privatización del sistema eléctrico, ahora con el nombre de Compañía Eléctrica de San Pedro de Macorís (CESPM).
Como COGENTRIX esa empresa cobraba la energía eléctrica más cara del sistema, calculada además por capacidad instalada, no por energía servida al Estado; lo que se tradujo en una estafa de centenares de millones de dólares.
Obviando una historia justamente cuestionada, se anuncia como un gran acontecimiento que la conversión al gas natural de esas tres platas, con una producción de 300 megavatios, le va economizar al país bastante contaminación junto a unos de 100 millones de dólares anuales.
En ese acto se emitieron elogios merecidos a la determinación oficial de favorecer el uso de fuentes energéticas renovables, descartando de más en más los combustibles fósiles. Pero esto se hizo obviando las nefastas implicaciones de la privatización de esas fuentes de energía en ese sector estratégico y ocultando las nuevas tramas económicas de los grandes grupos privados asociados en todo lo relacionado con su producción, distribución y venta.
En la referida ceremonia estuvieron presentes la embajadora de EE.UU y el Embajador de Alemania. No podían faltar.
• MÁS ALLÁ DE LA INAUGURACIÓN Y LAS RELACIONES PÚBLICAS
La casa matriz de la CESPM es la INTER-ENERGY INVESTMENT, con asiento en la isla caribeña Gran Caimán; empresa propiedad del magnate argentino Rolando González Bunster, residente en EE.UU, vinculado a múltiples negocios turbios con gobiernos anteriores (en particular con los Gobiernos presididos por Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina), que afectaron significativamente a la otrora poderosa Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) de propiedad estatal.
La Inter-Energy creó la Compañía de Energía Natural Dominicana, que junto a la estadounidense AES y al Consorcio Energético de Punta Cana-Macao (propiedad del poderoso consorcio turístico perteneciente al Grupo Punta Cana-Rainieri, aliado al referido Grupo Vicini), han conformado lo que ellos definen como una “alianza estratégica”, que incluye un gasoducto y la plataforma ERGO, con una red de cargadores y estaciones de expendio.
Esa alianza está destinada a controlar todo el sistema energético de esa región y a suplir la demanda de las instalaciones turísticas de Punta Cana, Bávaro, Macao, Uvero Alto y Miches.
En ese misma ruta la Inter-Energy (con gravitación en el Caribe), Energía de las Américas y Inalla Holding, crearon “un grupo de gestión de activos y capitales privados” para incursionar en diversas actividades económicas, incluidas iniciativas agropecuarias.
El principal articulador del asalto al gran negocio del gas natural y de las fuentes de energía no renovables en todo el Este del país es González Bunster, quien recientemente fuera presentado por el Presidente Abinader como una especie de filántropo junto a otros dos magnates de parecida calaña, cuando anunció que el gobierno dominicano dispuso la compra adelantada de 10 millones de unidades de la vacuna anti-Covid 19 auspiciada por la Universidad de Oxford por un valor de 40 millones de dólares, de cuyo monto los referidos multimillonarios aportaron 8 millones.
Uno de ellos ha sido protagonista y beneficiario de la mafia estatal-privada del gas propano que operó durante los pasados gobiernos del PLD, cuya denuncia es pública. Pero para eso no vale la mentada transparencia presidencial.
• ENSUCIANDO LA ENERGÍA LIMPIA
Como el petróleo y los combustibles fósiles tienden a agotarse y la presión social contra la contaminación es enorme, es evidente que está en marcha la determinación audaz de grandes capitales privados transnacionales y locales de apropiarse de las virtudes de la denominada “energía limpia” y de los jugosos negocios derivados de ella, como nueva fuente de súper-ganancias y acumulación de capital. Y eso cuenta con un fuerte respaldo palaciego.
En realidad, bajo el nuevo gobierno y con la activa participación de su Presidente y de la claque ministerial que alienta esta nueva ola de privatizaciones y esta nueva fase de recolonización neoliberal, se está conformando una confluencia o agrupamiento de grandes carteles privados.
Ese agrupamiento empresarial cuenta con las mayores facilidades estatales para apropiarse y concentrar a su favor una diversidad de propiedades y negocios que entrelazan aéreas sensibles en materia de seguridad nacional y control de riquezas del subsuelo, valiosos patrimonios nacionales y culturales, territorios y población; tales como agua, energía, yacimientos minerales, tesoros coloniales, autovías turismo, puertos, aeropuertos, salud y nuevas tecnologías de comunicación y vigilancia, entre otros recursos y valores.
En ese espacio de nuevas maquinaciones a cargo de las elites políticas y sociales retumban los apellidos sonoros de las viejas y de las nuevas facciones de la oligarquía capitalista, junto a los nombres de políticos-empresarios dedicados a gobernar a base de “shows mediáticos” escalonados, haciendo más prósperos sus negocios y los de sus amigos.
Con ese proceder hasta la energía limpia se ensucia.
No hablo, claro está, de una realidad exclusiva de la República Dominicana, porque aunque esta nos toca muy de cerca, hay evidencias continentales y de más allá, de que realmente se trata -con sus variantes y especificidades- de un patrón o modelo de factura imperialista que brota de la entrañas de este nuevo nivel de la crisis del capitalismo imperialista occidental y de los miedos que les provoca a ciertos gobernadores de colonia y capitalistas dependientes, la agresiva, cruel y pronunciada decadencia de EE.UU como potencia hegemónica a nivel mundial.(3-11-2020, Santo Domingo, RD.)
