LO QUE NO DETENDRÁ ESE MURO

Por: César Pérez 

En el mundo existen once muros que dividen países, el existente entre México y los EEUU es el único en este continente. Ahora nosotros tendemos el segundo, entrando en otra lista de los peores, en esas que siempre son afrentosas.  Pocos entendemos la premura y pertinencia de erigir ese muro en estos momentos, tampoco que se construya sin que se haya calibrado el impacto tendría esa acción en una significativa franja de funcionarios del propio gobierno que siempre se ha opuesto a esa falsa solución del tema migratorio. Con esa iniciativa, que de por sí no solucionará esa cuestión, el gobierno logra el apoyo de los ultranacionalistas, además un elemento de distracción, pero eso no detendrá el tornado que podría producir las demandas que se avizoran.

En efecto, la construcción de muros fronterizos es generalmente demanda de sectores que en sus países se distinguen por ser irremediablemente intolerantes, y de signos claramente ultranacionalistas y xenófobos. Aquí no somos una excepción, los grupos de esa catadura se batieron durante décadas por la construcción del muro que actualmente se levanta en nuestra frontera con Haití. Lo hicieron sin éxito durante los gobiernos del PLD, ahora, sin mucho esfuerzo lo han logrado en un gobierno que entre sus más conspicuas figuras se encuentra gente que toda su vida se ha batido contra esa idea, no sólo por su nefasto significado sino por su cuestionable eficacia.

Y es lo que no encaja en la mente de no pocos. El gobierno se gana de aliados a fuerzas que a pesar del mucho ruido que hacen, son de absoluta irrelevancia en términos político/electoral que, del odio, la mentira y fabulación han hecho profesión, enajenándose sectores que social y políticamente tienen real relevancia y significativa ascendencia en las esferas de la cultura, la ciencia, además de influyentes sectores eclesiales. No se entiende cómo el gobierno se enajena estos sectores, poco antes de terminar el segundo año de su mandato, de búsqueda de consenso para sus proyectos de reformas subestimando la peligrosidad de los evidentes nubarrones que se ciernen sobre el panorama político y social de este país.

Para enfrentar esa circunstancia, esta administración debe tener bien tensas las riendas para conducirse en las amenazas del indetenible aumento de los precios de productos básicos, los gravosos subsidios a los hidrocarburos, de Punta Catalina en todas sus vertientes, de crisis sanitaria, de salud, educación, gestión del territorio, de la delincuencia y, naturalmente del tema migratorio. La construcción del muro, ni el apoyo de los ultranacionalistas podrán contener esas amenazas, todo lo contrario: contribuirá a acentuar su paulatina pérdida de consenso en significativos sectores políticos y sociales. El costo económico, político y moral que significa la construcción de ese muro es totalmente desproporcionado con la utilidad que este pueda tener para detener el flujo migratorio ilegal.

Una abundante literatura demuestra que los muros no constituyen la vía más adecuada para frenar los cruces de las fronteras, porque agudizan los prejuicios entre una población y otra, se constituyen en otras formas de corrupción, abusos, extorsiones y de negocio en la infame trata de personas, además de provocar muertes en los intentos de penetrar a través de los muros. A ese propósito, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señala en el Mediterráneo y en el continente africano y en la frontera entre México y Estados Unidos, “han muerto 20 personas al día en su intento por alcanzar un nuevo destino”. Una historia, un drama humano que no termina, que podríamos iniciar aquí.

Nada justifica que el gobierno se haya embarcado en una iniciativa tan odiosa para sectores importantes de esta sociedad. A parte de seguir fortaleciendo las iniciativas de Ministerio Público en su labor de combate a las redes mafiosos creada en la anterior administración, esta administración ha debido poner todo su esfuerzo en dos temas claves: Punta Catalina y el subsidio o no a los carburantes. El primero tiene varias aristas de difícil manejo, todavía no se ha resuelto la cuestión de su coste real, de los problemas de carácter doloso en que estuvo envuelta su construcción, el diferendo sobre el fideicomiso planteado, y el espinoso tema de su operación o no en base a carbón.

El subsidio tiene un carácter estratégico, político, social y económico de suma trascendencia y complejidad. Viene de lejos el debate sobre lo beneficioso o no que sería para la economía del país, sobre a quién beneficia realmente y si es sostenible en el tiempo. A ese propósito, son demoledores los argumentos del reputado economista Isidoro Santana en su último artículo en Acento, oponiéndose al subsidio, dice, que: “de acuerdo a la última encuesta de presupuestos familiares (ENGIH-2018), una persona ubicada en el 40% más pobre de los hogares gastaba mensualmente 435 pesos en transporte como promedio mensual, mientras una del 20% más rico gastaba 3,962 pesos; es decir, por cada peso de subsidio que recibe un pobre, el rico recibe nueve”.

Y, lo que es peor, sigue diciendo Isidoro, al ser el Estado quien subsidia, en cierto modo los pobres subsidian a los ricos y capas medias. En resumen, buscar un amplio consenso en torno al abordaje y solución de estos temas resulta ser más urgente para el gobierno que su esfuerzo para construir el muro de la discordia y de dudosa capacidad de detener un flujo de migratorio ilegal, que sí debe enfrentarse, pero de otra forma y sin olvidar que la mano de obra haitiana, en sus diversas modalidades, es un imprescindible para el funcionamiento de nuestra economía. Las razones son altamente conocidas.

Fuente: Lo que no detendrá ese muro | Acento

César Pérez

EL MURO DE LUIS

Por: Jesús Díaz  

El presidente Luis Abinader ha dejado iniciados los trabajos de construcción del muro fronterizo en Dajabón, cuya primera etapa contará con una inversión de 1,750 millones de pesos; el gobierno nos vende la idea que con dicho muro el trasiego de ciudadanos indocumentados cesará.

Las explicaciones del mandatario y sus funcionarios es que el levantamiento del muro permitirá controlar los flujos migratorios, comerciales, enfrentar el contrabando de estupefacientes y el tráfico de personas, lo que garantiza seguridad para los dos países.

Pero en ningún momento las autoridades han hablado de las componendas que se dan entre militares, funcionarios y empresarios en la zona fronteriza donde los negocios ilícitos suceden a diario con el concurso de los llamados a resguardar nuestra frontera.

El ciudadano presidente sigue acentuando su posición de hombre conservador, tanto así que la idea de un muro para dividir en este país la plantearon los Vinchos, líderes sin discusión del conservadurismo feroz, en la oposición Abinader y el PRM decían todo lo contrario a la idea actual, aludían a cumplir la ley de migración y de muro legal e institucional.

Entendemos que no, el muro no es la solución al problema de la inmigración haitiana, irregular y descontrolada hacia el País.

Sin embargo, creemos que sí, queda pendiente reforzar instituciones y aplicar sin distinciones lo dispuesto en la Ley General de Migración.

El muro de Luis quedará en la historia para cercar y dividir, República Dominicana y Haití necesitan mejoras en los controles fronterizos para enfrentar el tráfico de personas, drogas, mercancías, armas y sustancias peligrosas.

Tendremos muro, pero los habitantes de la zona fronteriza siguen y seguirán pasando calamidades ante la falta de necesidades básicas que no cubre el Estado, que prefiere la política de varilla y cemento antes de garantizar vivir con dignidad a sus ciudadanos.

Jesús Díaz

SE DERRUMBA EL LIDERAZGO POLÍTICO DE DERECHA EN EL PAÍS

Por: Francis Santana

Estamos en un momento estelar para producir un salto de dimensiones extraordinarias de las luchas por auténticos objetivos democráticos en la República Dominicana.

El  liderazgo de los  conservadores se encuentra en una  calamitosa situación. 

Se haya cuestionado por amplios sectores de la sociedad, por su contubernio con el narcotráfico, su sumisión vergonzante al  poder extranjero, su corrupción desde el ejercicio del poder y por su indolencia frente a los grandes padecimientos que sufren  las mayorías trabajadoras de campos y ciudades, incluyendo a la clase media.

De ahí que encontremos figuras que  fueron líderes de multitudes, como Leonel Fernádez, encabezando ahora a un reducido grupo político que en las recién pasadas elecciones a penas logró el 5% de los votos  y con la ayuda de maniobras de la JCE. 

Por su parte, Danilo Medina, principal dirigente y líder del PLD y considerado en esa organización como un gran armador y estratega político, pasa por el momento más difícil de su historia, estigmatizado como uno de los gobernantes más corruptos e incubridores de connotados capos de la droga y el principal responsable de la  pasada derrota electoral del PLD.

Y si ese funesto personaje de la politiquería, aún no está preso junto a todo el Comité Político de su partido, se debe a las vacilaciones de una justicia supuestamente independiente.

Qué hablar del presidente del Partido Revolucionario Dominicano PRD, Miguel Vargas, que convirtió ese partido en un instrumento para hacer  negocios multimillonarios aliándolo al que en cada circunstancia le podía garantizar una mayor recompensa,  convirtiendo   esa otrora poderosa fuerza política en un mamotreto acéfalo de liderazgo y sin  credibilidad alguna.

Y qué decir del expresidente Hipólito Mejía, un payaso que no se ruboriza de reconocer que es un lacayo del imperialismo yanqui, que ha sido derrotado recurrentemente hasta en el seno de sus propias filas, que fue vapuleado humillantemente en su intento reeleccionista en el año 2004 cuando tenía al narcotraficante Quirino como jefe de campaña en la Región Sur, que hizo un gobierno desastroso y que al  día de hoy, ni sus chistes lo hacen potable ni siquiera para cómico de cuarta categoría.

Por su parte, Luís Abinader, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y actual presidente de la república, es de los líderes políticos de la derecha que aún cuenta con ciertas simpatías y aceptación; aunque el gobierno neoliberal de los grandes ricos y servil incondicional al poder extranjero que está encabezando, le está reduciendo su liderazgo en todo el país, en nuestra diástra y en el seno mismo de su propio partido; y eso, que sólo lleva año y medio gobernando el país. El futuro de este gobierno y el liderazgo del actual presidente son muy  inciertos e inseguros.

Lo que sí podemos afirmar de manera absoluta es que su aceptación popular se encuentra en declive y que hoy sus números están  muy lejos de los que tenía en el 2020 cuando el pueblo había ganado las calles y plazas de manera multitudinaria para sacar del poder a un  PLD desacreditado y dividido.

De Quique Antún, presidente del Partido Reformista, no vale la pena perder tiempo diciendo algo, pués tanto él como su entelequia política hace años que solo sirven para la componenda y los negocios politiqueros.

Esa y no otra, es la realidad del liderazgo  principal del partidarismo de derecha en nuestra país al día de hoy 22 de febrero del 2022, el cual no pasa en la actualidad de ser una sombra de lo que fuera hace algunas décadas.

¡Y lo peor, todavía no les ha llegado.

Son seguros candidatos al zafacón de la historia y a vivir por algún tiempo en La Nueva Victoria y en Najayo.

Para enfrentar y derrotar ese liderazgo y a sus aliados, (buscadores de migajas y prevendas) es imprescindible crear un poderoso Polo Político-Social de las fuerzas, sectores y personad democráticas  para enfrentar en todos los escenarios la dominación de la oligarquía y de sus amos extranjeros.

La unidad político-social en la más amplia diversidad del campo popular en base a un Programa Minino de claros objetivos democráticos, las luchas en las calles y la participación electoral UNITARIAMENTE, es el camino para disputarle el poder al viejo,  corrompido,  decadente y entreguista liderazgo político,  a sus partidos y a las clases sociales que estos representan.

En la presente coyuntura ese debe ser el camino hacia el poder de las mayorías a través de un proceso gradual, ascendente e ininterrumpudo.

Avancemos a pasos firmes,  que  el viejo liderazgo de derecha se derrumba.

Francis Santana 

ASAMBLEA CONSTITUYENTE ELECTA POR EL VOTO POPULAR

Por Guillermo Moreno 

Parece consustancial a los presidentes dominicanos modificar o hacer una nueva Constitución. Es una historia, por recurrente, previsible. Cada nuevo gobernante busca y siempre encuentra la nueva excusa que le justifica impulsar una reforma, aunque la experiencia demuestra que en muchos casos ésta oculta otros motivos que tan solo luego se revelan. La reelección ha sido la causa dominante en las 39 ocasiones en que se ha reformado la Constitución Dominicana en 178 años de vida republicana.

El actual mandatario, como es sabido, impulsa una nueva reforma a la Constitución. Como es de esperarse, el solo planteamiento de la reforma ha desatado el avispero. Unos la rechazan. Otros la apoyan. Hay quienes no esconden sus sospechas sobre intenciones ocultas en la reforma. De nuevo nos encontramos en una torre de babel constitucional que, como es natural, concentra la atención y distrae de otros temas acuciantes.

Ya instalado el tema, llueven decenas y hasta centenares de propuestas.  Ya hicieron su entrada los “sumos pontífices” del constitucionalismo local que nos “revelan” los últimos dictados de la “sapiencia constitucional universal”, con rango atemporal y aplicable a todo el universo conocido.

Como siempre, la mayoría del debate se centra en qué modificar de la Constitución. Al centrar la discusión de la reforma en el qué, obvian la discusión esencial, esto es, el cómo, por qué vía es que debe hacerse. 

La frecuencia con la que hay que volver a modificar las constituciones ya modificadas y surgidas de asambleas revisoras tiene precisamente entre sus causas que estas reformas normalmente reflejan una mayoría política coyuntural obtenida en un momento electoral fugaz que le posibilitó a un determinado partido tener mayor número de senadores y diputados. Resulta pues válido preguntarse si realmente tiene legitimidad que una mayoría congresual coyuntural se adjudique la facultad para modificar e imponerle a la sociedad una nueva Carta Magna cuando incluso sea probable que esa mayoría congresual ya no se corresponda con la correlación de fuerzas existente en ese momento.

De estas reformas coyunturales por vía de la asamblea revisora es que de forma constante surgen constituciones inorgánicas, en el sentido de que no representan un pacto social real entre las clases y sectores y fuerzas que interactúan en la sociedad.

Lo interesante es que a muchos de los que propician la modificación por vía de la asamblea revisora, si les preguntáramos, serían los primeros en proclamar a todo pulmón que el pueblo es El Soberano, pero sin embargo, al propiciar la modificación o la elaboración de la Constitución por vía de la asamblea revisora le están negando la soberanía a la ciudadanía para  participar directamente, a través de representantes electos exclusivamente con ese fin, en la adopción de la ley sustantiva y del pacto político fundamental.  Esta inconsistencia lo que en realidad revela es que son demócratas de cartón.

Un caso para ser rememorado es la reforma constitucional de 2010. El presidente de turno, con bombos y platillos anunció un proceso de consulta nacional, incluyendo la forma de modificar la Constitución. La gente se entusiasmó. Se organizaron equipos de consulta por municipios, sectores, tanto en el país como en las comunidades residentes en el exterior. Fueron miles las propuestas hechas por la ciudadanía. Entre ellas hay que destacar que el 67% de todos los consultados en comunidades, academias y sectores sociales favoreció que la reforma se hiciera mediante una asamblea constituyente electa por voto popular. Ese temor a que el pueblo pueda ejercer su poder soberano sin el tutelaje político y corporativo hizo que el presidente de turno irrespetara el compromiso hecho de llevar a cabo la reforma por la vía que la ciudadanía eligiera y de nuevo se impuso la asamblea revisora que bastante bien le sirvió para sus intereses de terminar logrando que su partido se hiciera de las altas cortes.

Insisto: Volver otra vez a la asamblea revisora, para reformar lo que una mayoría congresual coyuntural constituida en asamblea revisora hizo, es reiterar el error que nos trajo donde hoy estamos. De hacerlo, es seguro que mañana estaremos de nuevo deshaciendo lo que haga hoy la actual mayoría congresual.

Si realmente hay interés de hacer una reforma constitucional integral que salde cuentas con las constituciones trujillista, balaguerista y peledeísta, para dar lugar a un Nuevo Orden Democrático, la única forma de alcanzarlo es mediante una Asamblea Constituyente electa por voto popular.  En ella se podrá expresar por sí misma la diversidad de sectores sociales, políticos, económicos, ambientales, culturales; los dominicanos de dentro y los de la diáspora.  Una constitución elaborada así luego debe ser refrendada por vía de referéndum para dejar establecida la conformidad o no de El Soberano respecto del texto elaborado por los que asumieron su representación en la asamblea constituyente.

Por lo dicho hasta aquí, la convocatoria de la asamblea nacional revisora debe limitarse exclusivamente a reformar la Constitución en su artículo 270, relativo a la forma de modificar la Constitución para introducir la Asamblea Nacional Constituyente electa por voto popular, para entonces poder organizar el proceso para su celebración.

La consagración de la Asamblea Constituyente electa por voto popular, por demás, es la forma más segura de blindar la Constitución pues le pondría fin para siempre a la práctica reiterada de que cada gobernante o partido que obtiene una mayoría congresual coyuntural impulse modificar a su capricho la Constitución.

 

                       Guillermo Moreno García 

¿INVASIONES HAITIANAS?

Por Narciso Isa Conde

En este país la partidocracia, la  clase dominante, sus medios de comunicación, sus intelectuales, sus funcionarios, su sistema educativo, sus jefes militares y policiales… se las pasan  hablando de de Haití como país “invasor”, identificando migrar  con  “invadir”; obviando de paso, que si esa fuera la vara para medir tal fenómeno  económico-social, los/as dominicanos/as estaríamos invadiendo New York, Boston, Puerto Rico, Madrid, con expectativa de conquistar Alaska.

Vale la ironía como réplica al hecho de que cada día desde el poder constituido nos predican que un Estado que ellos califican de “fallido”, sin ejército, intervenido, con una policía fabricada por EEUU y un pueblo dramáticamente empobrecido, nos sigue “invadiendo”; librando así de culpas a las potencias coloniales y al imperialismo moderno que han aplastado su soberanía y la nuestra. 

El Caribe y la isla al revés. La mentira presentada con traje de verdad. Y como no hay armas ni ejército de por medio, se las han ingeniado para inventar una “invasión pacífica” ficticia a cargo de un pueblo negro estigmatizado, que procura ahogar una soberanía inexistente; previamente diezmada por hordas coloniales y neocoloniales reales, encargadas de imponer la “supremacía blanca” a los compases de intervenciones, esclavitud y  semiesclavitud, incluida la esclavitud asalariada en sus más crueles modalidades, en ambas parte de la isla.

Tan espectacular y perversa mentira, que repetida millones de veces ha logrado engañar una parte de la sociedad dominicana, brota de otra invención calumniosa con estatus de canallada y poder contaminante: la llamada “invasión haitiana” de 1822 a una República Dominicana entonces inexistente. 

Una construcción ideológica, que brotó hace 182 años de  la colonialidad racista, cuando en 1804 los esclavos/as negros/as de la parte Occidental de esta isla maravillosa, con apoyo en armas del Libertador Simón Bolívar, proclamaron la primera independencia en  Nuestra América, fundaron la República de Haití, derrotaron el yugo francés, abolieron la esclavitud, cristalizaron una revolución social anticolonial y antiesclavista, y decidieron contribuir a liberar a los habitantes de la parte oriental de la isla del coloniaje y la esclavitud impuesta por el imperio español… hasta lograrlo en 1822.

A una  gesta liberadora, que proclamó en la parte Oriental de esta isla la abolición de la esclavitud un 9 de febrero de 1822, que derrotó la ocupación colonial española, se le llamó “Invasión” y el mote despectivo perdura hasta la fecha, tanto, tanto… que junto al neocolonialismo estadounidense y al neoliberalismo privatizador, nutre el régimen de Abinader y toda la gestión institucional del país y su sistema de partidos, despidiendo un bochornoso tufo neofascista. (20-02-2022, Santo Domingo, RD)

                                Narciso Isa Conde                                     

"VÍSTEME DESPACIO, QUE VOY DE PRISA"

Alianza progresista y de izquierda para una nueva época.

Por: Manuel Salazar 

La alianza que los de izquierda y el progresismo tenemos planteada en este momento es de carácter táctica y estratégica, porque debe dar respuesta a las elecciones del 2024 y a la necesidad de dar rumbo a un cambio de época en el país, que debió darse con la caída de la dictadura de Trujillo y circunstancias políticas lo han obstaculizado. Lo que ocurra ese año pudiera abrir compuertas a este reclamo que vino escrito en el programa que trajeron en sus mochilas los gloriosos patriotas del 14- 20 de junio de 1959.

Es una tarea que desafía a la comprensión del momento y a las inteligencias y voluntades. Se trata de que decidamos en unidad unas candidaturas y un programa político; y las escojamos de buenas maneras, dicho sea, y en este proceso también  sentemos las bases para una fuerza política que vaya más allá del propósito marcado con el 2024, e impulse cambios para una nueva época en el país.

En muchos países se vive una época de cambios; pero los retrasos en el nuestro nos conminan a la lucha para abrir el cambio de una época, de poner fin a la del conservadurismo y ganar la del progreso general, en la economía, la política, las ideas y los valores.

Porque, es que desde que inició la llamada transición democrática con la caída de la dictadura de Trujillo en 1961, el Estado, si bien en 1978 se conquistó el espacio de tolerancia política que pervive hasta hoy, ha seguido siendo en esencia centralizado, determinado por el presidencialismo, al servicio de una propiedad económica concentrada en unos cuantos grupos oligárquicos, cual es una de sus cualidades principales desde los tiempos de aquella dictadura.

Desde 1966, el pueblo dominicano ha votado en busca de un cambio democrático en las condiciones políticas, económicas y sociales; y en esa búsqueda, ha votado por una que otra opción política; encontrándose con que, a pesar de haber logrado conquistas importantes, como la citada  apertura a las libertades públicas y los derechos democráticos desde 1978; la cuestión es que  la esencia del régimen se ha mantenido intacta, y en este período (2020-2024) no será distinto; por lo limitadas, aunque alguna muy buena, en contenido y de alcance de las propuestas de reformas políticas del presidente Luis Abinader; a pesar de  su connotado esfuerzo por la transparencia en el manejo pulcro de los recursos públicos y de  poner en práctica formas menos verticales de ejercicio del poder que sus antecesores; y más, por su política de  alianzas público/privada barnizadas con “fideicomisos”, que van en contravía a la democratización de la propiedad económica.

Esta política de alianza público- privada, que es una espina dorsal de la política económica del gobierno, en procura de darle una mayor dimensión a la acumulación de capital del sector privado, sobre la base de la plataforma y recursos públicos, determinan el rumbo esencial del gobierno, ante el cual corresponden las definiciones alternativas.

En coyunturas electorales, ante la ausencia de una opción en condiciones inmediatas de ser poder político y que expresase sus intereses de una manera explícita, el pueblo político ha tenido que votar, y nosotros los del PCT lo hemos impulsado a hacerlo, para castigar al gobierno de turno por sus políticas extremadamente antipopulares y sus manejos mañosos de los bienes públicos; y con ese voto de cambio, evitar derivaciones peores en el rumbo del país y la nación. Así fue particularmente en 1978, para salir del gobierno de los doce años de Balaguer; debió ser en 1994-96 para evitar el reciclaje del neotrujillismo en el PLD, y fue recientemente en el 2020, en que la mayoría del pueblo votó, y nosotros lo alentamos; para poner fin a dieciséis años del gobierno del PLD que pervirtieron las instituciones y los bienes públicos para garantizar su continuismo en el poder.

Estos gobiernos del PLD crearon su propio grupo económico, con capacidad de competir con los tradicionales, que forjaron su riqueza en décadas, y hasta en más de un siglo. Y con esa práctica de poder político, crearon la necesidad a la oligarquía de hacerse presente de manera directa en el Estado. Hasta entonces esta se había limitado a financiar las campañas electorales de los partidos, y a sentirse representada por los mismos; pero ahora ocupa cargos importantes en el gabinete, y prepara a los suyos para que en algún momento hagan de candidatos a la presidencia y otros cargos públicos.

Es en alguna medida un retroceso. Porque tras la ruptura de la hegemonía burguesa con la caída de Trujillo en 1961, y la posterior guerra de abril de 1965, Balaguer impuso un régimen bonapartista, gobernando para los intereses de la burguesía, pero sin integrarla al gobierno; y ahora después de los resultados desastrosos para la institucionalidad del país de los dieciséis años de gobierno del PLD, el presidente Luis Abinader integra a sus representantes en cargos importantes del gabinete presidencial.

En resumen, el régimen político vigente, que se levanta sobre unas condiciones económicas que caracterizan, uno y las otras, la época del conservadurismo, debió morir con la dictadura de Trujillo. A la caída de esta se habló de la apertura de una transición democrática hacia una nueva época; pero 61 años después, el régimen sigue siendo en esencia el mismo, aún con el ejercicio de gobierno de varios partidos entre estos el PRD, el PLD y el PRM que es una deriva del primero.

El proceso hacia el 2024 reclama de una alianza progresista y de izquierda, trascendente, que pueda poner fin a la era del conservadurismo y abrir perspectivas a una época del progreso. Debe serlo, además, por las fuerzas que une las ideas y  los propósitos en que se cimenta y su proyección en distintos sectores sociales y en el tiempo.

Más trascendente, casi mágica, porque se afirme en que lo que se propone unir es diverso; y la competencia que esa diversidad por necesidad genera, sea un factor de unidad y no de dispersión.

                                  Manuel Salazar

 

PRIVATIZANDO EL ESTADO

Por Narciso Isa Conde 

La modalidad ultra-neoliberal de las elites capitalistas mundiales se traduce en privatizar el Estado y sus funciones, mediante la toma directa de los principales cargos ejecutivos y entidades públicas.

Esto lo logran convirtiendo al vapor grandes capitalistas en políticos y en altos funcionarios gubernamentales, para así privatizar más ágilmente lo que queda a nivel de empresas estatales, servicios públicos y naturaleza; para imponer que la mentalidad empresarial capitalista rija el quehacer de todas las instituciones del Estado e impregnar del interés privado las iniciativas gubernamentales; subordinando la partidocracia y su deficiente intermediación, generalmente empleada para transformar las elites partidistas corruptas en capitalistas al vapor y usar lo robado para financiar sus campañas y darse la buena vida.

Aquí el llamado cambio colocó a grandes capitalistas al frente de la presidencia, la vice, importantes ministerios, gabinetes ministeriales, direcciones, superintendencias, administraciones de empresas y bancos, consejos especializados, y proyectos e iniciativas estatales; lo que les posibilita usar Fideicomisos, Alianzas Público-Privadas-APPS, ley de capitalización, entidades de Ventas de Activos y órganos de gestión de lo público, para privatizarlo todo.

Privatizar lo público y lo social no es solo vender empresas y acciones. Es conceder también propiedades estatales al sector privado para que las gestione. Capitalizarlas para que empresarios capitalistas las administren y entregar naturaleza, o cualquier patrimonio público, para asociarse a inversionistas privados, cediéndole la Administración.

Privatizar, o crear condiciones para materializarla, es lo que hizo Balaguer nombrando empresarios privados en Consejos Directivos de empresas estatales, que traspasaban recursos y oportunidades para formar corporaciones privadas paralelas. Es lo que hizo Leonel con CDE, CORDE, CEA y CORPORACIÓN HOTELERA durante la “capitalización”, lo que las corporaciones turísticas han hecho con las costas dominicanas y lo que este Gobierno y carteles de la construcción están haciendo con autovías, puertos, presas y aeropuertos; estando en turno Autovía del Ambar (APP), proyecto Pedernales-Bahía de las Águilas (Fideicomiso) y muchas otras APPS relacionadas con fuentes de agua. Es convertir salud y educación en negocios.

Privatizar es lo que se pretende hacer en Punta Catalina con un fideicomiso que incluye un Equipo Técnico copado por el sector privado y dirigido por un capitalista del área eléctrica (Celso Marranzini) con amplios poderes administrativos, licencia para atraer capitales privados y Macarrulla al frente del Gabinete Eléctrico; es, además, la entrega del Puerto de Barahona y las minas del Bahoruco Oriental a Belfond y Acero Estrella, con el plus de depredar. Nada peor, pues, que privatizar el aparato estatal para gestionarlo por magnates capitalistas decididos a apropiarse de lo que queda de nuestro patrimonio social. (13-02-2022, Santo Domingo, RD.).

Narciso Isa Conde