Por: Fortune Modeste Valerio
Para tener una Junta Central Electoral (JCE) transparente e imparcial, su constitución no debe estar sesgada por el partidismo, violaciones a la ley y a la imposición de la voluntad del Poder Ejecutivo. Ha sido una mala práctica, muy frecuente, constituir un organismo rector como un traje a la medida, del gobernante de turno. Y preparar fraudes electorales que garantice la continuidad en el poder o un triunfo particular.
La Constitución de la República en su Artículo 212 y párrafo IV, establecen con mucha claridad que las autoridades electorales deben organizar, dirigir y supervisar los procesos; sustentado en los principios de libertad, transparencia, equidad y objetividad. De manera tal, que los miembros de la JCE están obligados por la Carta Magna a montar unas elecciones limpias, en igualdad de condiciones y confiables.
Cuando se violan los principios de libertad, transparencia, equidad y objetividad, la JCE está invalidada constitucionalmente para organizar elecciones. Los compromisos partidarios y los privilegios que reciben, algunos miembros, del gobierno son incompatibles con las funciones de ser rectora y competidor al mismo tiempo. Tres integrantes de la Junta están comprometidas con partidos políticos, aceptan beneficios y prebendas del oficiales; por consiguiente, sus decisiones no ofrecen confianza, ni diafanidad.
Las primarias internas recién celebradas, es el mejor espejo para observar lo que nos espera en los comicios electorales del 2020. Se convirtieron en un mercado persa nunca visto, donde el dinero circulaba mayor que en el mes diciembre, cuando dan el doble sueldos y bonificaciones. Son elecciones normales, en cualquier país, aquí fueron de vida o muerte, el gobierno abusó con el uso y abuso de recursos público, por la permisividad y complicidad de la JCE.
El mayor fraude se cometió en la cara de todos/as y con la complicidad de la JCE, al permitir un gasto desorbitado por la gente del gobierno. Nada más observar los incrementos de los gastos en los meses de agosto a septiembre. Dependencias como Obras Públicas y Presidencia de la Repúblicas, hicieron fiestas con los bienes públicos. Tampoco hubo monitoreo en el uso equitativo de los medios de comunicación, ni control en los recursos de campaña. El candidato del oficial salía hasta en la sopa y el cementerio.
Una Junta Electoral que esta comprometida con favorecer a uno de los contendientes, está descalificada para arbitrar los comicios electorales. Los compromisos políticos y los privilegios oficiales, que tienen la mayoría de los miembros de la JCE, obligan a sus integrantes a renunciar de sus funciones. Ya que el gobierno del PLD que preside Danilo Medina Sánchez tiene sus candidatos a participar, precisamente en las elecciones del 2020.
Las elecciones presidenciales, congresuales y municipales serán cruciales; la atención nacional e internacional estarán enfocada en ellas; su organización, su transparencia, su equidad y sobre todo su confiabilidad. La JCE será responsable de lo que suceda en el montaje, transcurso y resultados finales. Nadie podrá detener, si hay fraude, la ira acumulada, de la población, explotará con más fuerza cuando un volcán expulsa la tapa que le impide respirar.
No podemos olvidar el abuso imperdonable de rechazar el reconocimiento electoral del, partido político, Movimiento Patria para Todos/as (MPT). Violando los principios de equidad e igualdad en el tratamiento imparcial de sus decisiones. Organización que cumplió con más de un 90% de los requerimientos legales exigidos por la ley.
La sociedad dominicana debe poner mucha atención, con escrupulosidad, a las autoridades de la Junta Central Electoral JCE; en sus actuaciones para organizar, dirigir y supervisar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales a celebrarse en el 2020. De continuar, su parcialidad, permisividad y complicidades, podría ser la “chispa que incendie toda la pradera”.
(Artículo publicado, 6 de noviembre de 2019, en el periódico digital Acento)
FUENTE: https://acento.com.do/2019/opinion/8747595-por-una-jce-transparente-e-imparcial/
Para tener una Junta Central Electoral (JCE) transparente e imparcial, su constitución no debe estar sesgada por el partidismo, violaciones a la ley y a la imposición de la voluntad del Poder Ejecutivo. Ha sido una mala práctica, muy frecuente, constituir un organismo rector como un traje a la medida, del gobernante de turno. Y preparar fraudes electorales que garantice la continuidad en el poder o un triunfo particular.
La Constitución de la República en su Artículo 212 y párrafo IV, establecen con mucha claridad que las autoridades electorales deben organizar, dirigir y supervisar los procesos; sustentado en los principios de libertad, transparencia, equidad y objetividad. De manera tal, que los miembros de la JCE están obligados por la Carta Magna a montar unas elecciones limpias, en igualdad de condiciones y confiables.
Cuando se violan los principios de libertad, transparencia, equidad y objetividad, la JCE está invalidada constitucionalmente para organizar elecciones. Los compromisos partidarios y los privilegios que reciben, algunos miembros, del gobierno son incompatibles con las funciones de ser rectora y competidor al mismo tiempo. Tres integrantes de la Junta están comprometidas con partidos políticos, aceptan beneficios y prebendas del oficiales; por consiguiente, sus decisiones no ofrecen confianza, ni diafanidad.
Las primarias internas recién celebradas, es el mejor espejo para observar lo que nos espera en los comicios electorales del 2020. Se convirtieron en un mercado persa nunca visto, donde el dinero circulaba mayor que en el mes diciembre, cuando dan el doble sueldos y bonificaciones. Son elecciones normales, en cualquier país, aquí fueron de vida o muerte, el gobierno abusó con el uso y abuso de recursos público, por la permisividad y complicidad de la JCE.
El mayor fraude se cometió en la cara de todos/as y con la complicidad de la JCE, al permitir un gasto desorbitado por la gente del gobierno. Nada más observar los incrementos de los gastos en los meses de agosto a septiembre. Dependencias como Obras Públicas y Presidencia de la Repúblicas, hicieron fiestas con los bienes públicos. Tampoco hubo monitoreo en el uso equitativo de los medios de comunicación, ni control en los recursos de campaña. El candidato del oficial salía hasta en la sopa y el cementerio.
Una Junta Electoral que esta comprometida con favorecer a uno de los contendientes, está descalificada para arbitrar los comicios electorales. Los compromisos políticos y los privilegios oficiales, que tienen la mayoría de los miembros de la JCE, obligan a sus integrantes a renunciar de sus funciones. Ya que el gobierno del PLD que preside Danilo Medina Sánchez tiene sus candidatos a participar, precisamente en las elecciones del 2020.
Las elecciones presidenciales, congresuales y municipales serán cruciales; la atención nacional e internacional estarán enfocada en ellas; su organización, su transparencia, su equidad y sobre todo su confiabilidad. La JCE será responsable de lo que suceda en el montaje, transcurso y resultados finales. Nadie podrá detener, si hay fraude, la ira acumulada, de la población, explotará con más fuerza cuando un volcán expulsa la tapa que le impide respirar.
No podemos olvidar el abuso imperdonable de rechazar el reconocimiento electoral del, partido político, Movimiento Patria para Todos/as (MPT). Violando los principios de equidad e igualdad en el tratamiento imparcial de sus decisiones. Organización que cumplió con más de un 90% de los requerimientos legales exigidos por la ley.
La sociedad dominicana debe poner mucha atención, con escrupulosidad, a las autoridades de la Junta Central Electoral JCE; en sus actuaciones para organizar, dirigir y supervisar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales a celebrarse en el 2020. De continuar, su parcialidad, permisividad y complicidades, podría ser la “chispa que incendie toda la pradera”.
(Artículo publicado, 6 de noviembre de 2019, en el periódico digital Acento)
FUENTE: https://acento.com.do/2019/opinion/8747595-por-una-jce-transparente-e-imparcial/
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