Por Manuel Salazar
El Informe de Desarrollo Humano 2021, del PNUD dice que el 68% de los dominicanos aceptaría un gobierno "No democrático", siempre que este sea eficiente.
Por eficiente parece entender que "resuelva los problemas".
He escuchado opiniones que interpretan ese dato como el apoyo a un régimen dictatorial como el de Trujillo, vocación que siempre se ha dicho late en el imaginario del pueblo dominicano.
No creo en esa lectura.
Porque el asunto es cambiar el régimen político/institucional obsoleto que tiene mucho del de Trujillo, sin Trujilllo.
El régimen centralizado de Trujillo hacía que las cosas funcionaran a su favor, apelando a la horca y el cuchillo; imponiendo a sangre y fuego sus designios contra las mayorías nacionales, y unos valores para que gran parte de esas mayorías aceptara como bueno ese "orden".
Es que en la República Dominicana pervive un régimen político institucional que debió ser superado tras la caída de la dictadura trujillista. La principal característica del régimen político institucional dominicano es, que es extremadamente centralizado, expresión en la "superestructura", de una propiedad económica concentrada en pocas manos.
La característica de ese modelo comenzó a instalarla la invasión militar de los marines yanquis de 1916; la consolidó Trujillo, que fue un engendro de aquella intervención, y barnizada cada vez, se ha mantenido desde entonces.
La Constitución del profesor Bosch de 1963, quiso comenzar a desmontar ese modelo, y un golpe de Estado lo impidió. Los constitucionalistas de abril de 1965, se propusieron retomar los propósitos de aquella constitución, y otra intervención militar yanqui, la del 28 de abril de 1965, lo impidió. Esta impuso a Balaguer y su constitución de 1966, que implantó, sin Trujillo, el régimen político centralizado sobre una propiedad económica concentrada.
Es la conclusión necesaria cuando se estudia ese proceso a la luz de la categoría de análisis de FORMACIÓN SOCIAL.
La reforma constitucional, la del 2010, la de Leonel Fernández, regida por pautas neoinstitucionalistas; que algunos consideran un modelo, dio más poderes al presidente de la República que en las anteriores constituciones. La hizo más centralizada.
Y el PLD se propuso convertirse en "partido único", como el Partido Dominicano de Trujillo.
Sorprende, pero es así.
El programa político de los gloriosos revolucionarios que vinieron el 14- 20 de junio de 1959, sugiere ese cambio de régimen. Y digo sugiere, porque la esencia de ese programa sigue vigente. Puede ser elemento de unidad popular, progresista y de izquierda.
El régimen centralizado de Trujillo, sigue, pero sin Trujillo. Cuando este dictador, la economía era controlada por una mano, y 60 años después de su caída, sigue controlada por 20 manos. Antes una mano; ahora, 20 manos ¿Cuál es la diferencia?
Somos 10 millones de manos dominicanas, y sólo 20 lo controlan todo.
Esta es la sustancia del régimen político institucional vigente, que no funciona para las mayorías.
Es el garante de instituciones que sólo sirven para mantener la concentración de la propiedad económica en manos de unos cuantos grupos oligárquicos, para, que haya 60 años consecutivos de crecimiento de las riquezas nacionales, y al mismo tiempo se mantenga, o crezca, la pobreza. Hay crecimiento de la economía, pero también crece la pobreza.
Los gobiernos desde 1962, con excepción del de Juan Bosch y la Constitución que promulgó en 1963, han mantenido ese régimen centralizado, excluyente de las mayorías nacionales; de leyes al margen del pueblo y la sociedad en general.
Lo que hay en el país es un fraude de democracia, en la que, es cierto que desde 1978 podemos gritar con cierta libertad que se respeten nuestros derechos; pero es más cierto, que el gobierno ni los ricos nos hacen caso. Gritamos, protestamos, de manera abierta, pero no nos hacen caso.
El pueblo dominicano no quiere una dictadura. Lo que quiere es solución a los problemas nacionales. Si quiere un régimen democrático, participativo, garante de la distribución equitativa de la riqueza; en el que paguen más impuestos los que más ingresos y riqueza tienen; que democratice la propiedad económica, entre esta, que rompa por ejemplo, con el hecho de que un solo emporio empresarial es dueño de 5 millones de tareas de tierra en la región Este.
Hay que echar abajo ese régimen centralizado; conquistar con la movilización popular una nueva transición democrática, acumular fuerzas políticas, en perspectiva a cambios revolucionarios.
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