Movimiento por
la Justicia Fiscal
¡Sin recursos no hay derechos!
¡Que paguen más impuestos los que más ingresos reciben!
I.- Consideraciones previas.
En el país se está planteando una reforma fiscal que el gobierno sugiere sea el resultado de un pacto.
En consecuencia, consideramos que esta es una oportunidad para que los sectores populares, urbanos y rurales; incluidos los sindicatos, y los colegios profesionales; así como las personas que se dedican a promover iniciativas económicas informales para la sobrevivencia diaria y las que califican como pequeñas y medianas empresas, nos propongamos generar un debate y acción nacionales, para garantizar:
1.- Que haya un verdadero pacto fiscal, que sea incluyente de los sectores que somos la mayoría de la sociedad, y que con nuestro trabajo generamos la riqueza nacional;
2.- Que ese posible pacto fiscal vaya más allá de los aspectos tributarios, es decir, de la búsqueda de más dinero para la hacienda pública; e incluya el gasto en la satisfacción de los derechos del pueblo como son la salud, educación, servicio de agua potable, vivienda, seguridad social y ciudadana, medio ambiente sano, recreación, entre otros;
3.- Que este pacto incluya la confirmación de la disposición del gobierno a perseguir y castigar la corrupción y la impunidad, y establezca mecanismos de control social dirigido a garantizar la idoneidad en el manejo de los recursos públicos, así como la eficiencia y la eficacia en el destino de los mismos;
4.- Que este pacto propenderá en el sentido de la equidad social, a reducir la desigualdad en la distribución de la riqueza;
5.- Que este pacto reconocerá que, a pesar del sostenido crecimiento del Producto Interno Bruto, en el país perviven altos niveles de pobreza; que según el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), el 20% de los más ricos recibe el 50% de la riqueza nacional, mientras el 20% de los más pobres, apenas recibe el 6% de esa riqueza. Que los que tienen un salario promedio de 10, 947 pesos tenían hasta antes de la pandemia un déficit de casi 25% para cubrir la canasta familiar básica. Que en el país hay salarios mínimos de poco más de 5 mil pesos que involucran a 100 mil pensionados, con lo que no pueden cubrir siquiera el 30% de la canasta básica;
6.- Que el pacto fiscal debería reconocer que el pago de la deuda social acumulada con los sectores sociales, debe sobreponerse al pago de la deuda pública acumulada desde anteriores gobiernos, y que ha crecido como resultado de la crisis económica agravada por la pandemia del coronavirus.
II.- Una llamada de atención.
Llamamos la atención sobre algunas
características del sistema tributario dominicano que deberían ser superadas en
el posible pacto fiscal, y que, de hecho hacen parte de nuestra bandera de
reclamos.
1.- En el
sistema tributario dominicano, el 96 % de los ingresos del gobierno
proviene de impuestos, y el 4 % de otras fuentes, no tributarias.
En América Latina, como media
general, los ingresos por impuestos son el 79 % , mientras que el
21 % los recibe de la explotación de sus recursos mineros y
naturales no renovables, así como de empresas públicas.
Este es un asunto que debe importar en el debate
hacia la reforma y en la reforma misma.
2.- Casi el 80 % de los ingresos del Estado por
impuestos son indirectos, provienen de impuestos al consumo; y este consumo es
fundamentalmente del pueblo. En estos impuestos indirectos, destaca el ITBIS,
que es sobre el 35% de estos.
3.- Pero en sentido general, los bienes y
servicios que, hay que decirlo mucho, los consumen en lo fundamental las
mayorías populares, aportan el 59 % de los impuestos. Es decir, que, de cada
100 millones, las mayorías populares estarían aportando casi 60.
3.- La propiedad, que como se sabe no está en manos de los sectores populares,
en el año 2020, aportó en impuestos 7
mil 907. 1 millones de pesos, del total de 550 mil 605. 1 millones; es decir
apenas 1.4%.
4.- Los ingresos, las utilidades y ganancias del capital pagan en su conjunto 187 mil 035.1 millones de pesos de impuestos.
Si a estos se descuentan los impuestos a salarios y sueldos de trabajadores y empleados públicos y privados, habría que considerar que las utilidades de las empresas y las ganancias del capital en general aportan poco al fisco.
5.- En el sistema tributario dominicano la riqueza aporta poco al fisco, cuando debería ser, que paguen más los de mayores riquezas.
6.- El sistema comporta un alto gasto tributario; es decir, hay datos que indican que el Estado deja de percibir más de 300 mil millones de pesos, a causa de las exoneraciones y exenciones, que benefician a los grandes empresarios, e inversionistas extranjeros.
7.- La eliminación de estas exoneraciones y exenciones, debería conducir a mayores ingresos fiscales del gobierno, y a una reducción de las cargas impositivas al pueblo; por ejemplo, una reducción del ITBIS.
8.- La evasión e incumplimiento fiscal.
1.- Solo puede ser estimada la cantidad de millones de pesos que deja de percibir el Estado por la evasión y el incumplimiento fiscal. Y por tanto solo puede decirse que son miles de millones. Tantos que, si se corrigieran, y se eliminara el gasto tributario, no habría necesidad de nuevos impuestos.
III.- Por tanto,
En atención a estos señalamientos, nos
constituimos en Movimiento Justicia Fiscal, para participar en el debate
hacia el pacto fiscal que propone el gobierno; prepararnos con ideas y
propuestas, y con la movilización popular garantizar:
1.- Que el gobierno obtenga recursos suficientes de los bolsillos y cuentas de las personas y sectores que mayores ingresos y riquezas poseen;
2.- Que ese dinero público sea manejado con pulcritud y eficiencia;
3.- Que el gobierno asigne un mayor presupuesto para financiar los derechos a la salud, educación, seguridad social, seguridad ciudadana, vivienda, agua potable, recreación, ambiente sano, del pueblo. prepararnos con ideas y propuestas, y con la movilización popular garantizar:
1.- Que el gobierno obtenga recursos suficientes de los bolsillos y cuentas de las personas y sectores que mayores ingresos y riquezas poseen;
2.- Que ese dinero público sea manejado con pulcritud y eficiencia;
3.- Que el gobierno asigne un mayor presupuesto para financiar los derechos a la salud, educación, seguridad social, seguridad ciudadana, vivienda, agua potable, recreación, ambiente sano, del pueblo.
¡Sin recursos no hay derechos públicos!
¡Que paguen más impuestos los que tienen mayores ingresos y riquezas!
Santo Domingo, DN;
3 de oct.
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