Por Narciso Isa Conde
Arribamos
a los 46 años del asesinado de Orlando Martínez, brillante periodista
y militante ejemplar del Partido Comunista Dominicano, asesinado el 17 de
marzo de 1975, aproximadamente a las 7:00 pm.
Es importante resaltar que se trató de un crimen político con
características de asesinato de Estado, planeado y ejecutado desde las altas
esferas policiales-militares del régimen de los doce años (1966-1978), con la
aprobación del Presidente Balaguer.
El grupo del poder que
lo asesinó fue denunciado a tiempo por el Partido Comunista Dominicano-PCD, que
junto al padre, la madre y los hermanos/as de Orlando realizamos un persistente
esfuerzo de acusación que logró mantener abierto el proceso de sanción judicial
durante 22 años.
Solo en el año 1997
pudo ponerse en marcha el expediente y apresar a una parte de sus asesinos,
como resultado de valiosas informaciones obtenidas por el entonces Juez de
Instrucción José Miguel Castillo Pantaleón, incluidos los desaparecidos
interrogatorios realizados en 1975.
Los contenidos de
esos interrogatorios coincidieron con una gran parte de nuestras denuncias
públicas y con las informaciones entregadas anteriormente por el PCD y los
familiares de Orlando al propio Balaguer y a los Gobiernos del PRD y del PLD;
reiteradas años tras años en los homenajes a Orlando y conocidas en todo el
país y más allá.
La acción
judicial post 1997 fue lenta, parcial y tortuosa; limitada a los autores
directos, materiales, del crimen.
Los autores intelectuales
fueron excluidos del expediente, a pesar del constante reclamo y reiteradas
iniciativas para que se les castigara ejemplarmente.
Todos los Presidentes
durante ese largo periodo de impunidad, las cúpulas de los partidos gobernantes
y las más alta figuras del Ministerio Público bajo su control, optaron por el
encubrimiento y la protección a Balaguer y a sus jefes militares y policiales
ladrones y asesinos.
Concluidos los doce
años, no pocos de ellos fueron posteriormente ascendidos y nombrados en cargos
relevantes, incluso una parte de los destituidos por el Presidente Guzmán.
El único de los autores
intelectuales que fue efímeramente incluido en el expediente instrumentado y
también llevado a juicio en su fase inicial en 1997 fue el General (r) Salvador
Lluberes Montás (Chinino), que simulando una grave enfermedad logró su
exclusión por “desglose del expediente”; sin que jamás el sistema
judicial se ocupara de un teatro que dura ya 24 años más.
No dudemos que a
Chinino, residente en el paraíso terrenal CASA DE CAMPO, le estén entregando su
pensión y los cariños materiales de las corporaciones que defendió.
A propósito de ese caso, el diario El Nacional hizo el
pasado domingo 14 de marzo una interesante reseña periodística titulada: “Acusado de ordenar
asesinato de Orlando Martínez nunca fue procesado”; tema que a mi
entender merece ser completado en esta ocasión informaciones y detalles
correspondientes a los demás autores intelectuales, cómplices y protectores de
ese crimen estremecedor, también excluidos del expediente por las autoridades;
(datos que bien pudieron solicitárnoslos).
La orden del asesinato no fue individual, como bien lo
denunciamos cuando penosamente casi todos los grandes medios y creadores de
opinión se empeñaban en minimizar y excluir valiosas informaciones y
valientes denuncias.
No fue individual, sino que provino de un entramado en las
altas esferas militares, policiales-políticas, empresariales e imperiales;
debidamente y reiteradas veces denunciado, con nombres y señas, a pura
voz y a puño y letra, por el autor de este artículo.
El entramado del crimen, sus complicidades, encubrimiento
y protecciones.
Ustedes saben de mis
vínculos de camaradería, hermandad y amistad con Orlando Martínez Howley.
Las grandes afinidades
morales, político-teóricas y humanas que nos unieron para siempre, desde
nuestra militancia común en el movimiento estudiantil de izquierda “Fragua” y
en el Partido Comunista Dominicano, son muy conocidas
Su militancia
revolucionaria, su talento y su ejercicio periodístico ORLANDO los dedicó a
enfrentar la represión, las torturas, las injusticias sociales, el saqueo de
las corporaciones extranjeras, la corrupción, la perversidad política, el
entreguismo al poder imperialista de los EEUU, el terrorismo de Estado, aquí y
mas allá de nuestras fronteras; defendiendo siempre a los (as) explotados (as),
desposeídos (as), excluidos (as), reprimidos (as) y discriminados del campo y
la ciudad; aquí y en todo el mundo.
Sus enemigos eran, en
consecuencia, fácilmente inidentificables, y quienes dentro de ellos se
propusieron matarlo, tampoco resultaron difíciles de detectar: estaban ubicados
en la cúpula del poder militar, policial y político, en estrecha relación con
sectores, poderosos, corporaciones transnacionales y con enclaves de
inteligencia y asesoría militar de los EEUU (Estación Dominicana de la CIA,
Cuerpo de Asesores Militares-MAAG, Embajada de los EEUU en el país).
Se trató de los mismos
que dirigieron la maquinaria de terror en los días de la postguerra de abril y
durante los doce años del régimen de Balaguer. Sobre sus fechorías nos llegaban
periódicamente informaciones precisas.
A una parte de
ellos -perteneciente al brazo armado del Estado terrorista- Orlando los sindica
como los “generales de horca y cuchillo”, refiriéndose sobre todo al
grupo que encabezaba el entonces general Enrique Pérez y Pérez junto a los
generales Salvador Lluberes Montás, Ramón Emilio Jiménez hijo y otros jerarcas
militares; todos vinculados a la CIA, al MAAG y a los grupos terroristas de la
mafia cubano-americana de Miami; todos cavernariamente anticomunistas.
Esos generales y el
contralmirante Logroño Contín fueron los que reunidos como Estado Mayor de las
FFAA dieron la orden de matarlo, previa información a Balaguer de su
determinación.
El general Guzmán
Acosta, entonces jefe de la policía, se confabuló con ellos, para junto con el
General Brea Garó, encubrir la acción criminal y desviar la investigación hacia
miembros del PLD.
A ese grupo
pertenecieron también el Coronel Ernesto Cruz Brea, encargado de inteligencia,
el mayor Pou Castro, jefe de operaciones de unidades de acción y el coronel
Isidoro Martínez (conocido como “La Caja”).
Utilizaban para sus
atrocidades a otros miembros activos de la Policía Nacional, el Ejército, la
Marina, la Fuerza Aérea y sus órganos de seguridad; como también a miembros
civiles de las tristemente célebre Banda Reeleccionista y Anticomunista,
popularmente conocida como Banda Colorá (organismo para-militar).
Observen que
ningún Gobierno ni ningún Procurador de los tantos de estos últimos 46
años, teniendo suficientes datos sobre los autores intelectuales del crimen y
sobre su gran encubridor y protector, Joaquín Balaguer -quien por demás confesó
conocerlos (en su “Memoria de un Cortesano de la Era de Trujillo”-, no se
atrevieron a procesarlos judicialmente, pese todos los esfuerzos realizados.
Los detalles del cuándo
y cómo instrumentaron ese crimen espérenlo en breve. Son hechos,
procesos y culpas que hay que remover. ¡Qué toda la verdad sea dicha y
reiterada, luego de tantos encubrimientos y tantas complicidades!
15-3-2021, Santo Domingo, RD.
