Por Manuel Salazar
El PLD del profesor Juan Bosch ganó espacio en la vida pública combatiendo con consecuencia la corrupción en los gobiernos de entonces, principalmente a los del PRD; hasta que ganó la presidencia de la República en 1996, con el Dr. Leonel Fernández a la cabeza.
A partir de ahí inició una práctica creciente de aprovechamiento ilícito de los recursos públicos, para lo cual también trabajó la política de crear cobertura de impunidad a la misma, mediante la anulación en los hechos de los atributos esenciales de la República.
Poco a poco fue volviendo nada la separación de los poderes del Estado, y más de ahí, también fue cooptando mediante la sonsaca, el pago con dinero público a líderes sociales, y dividiendo aquellas organizaciones que resistieron ser cooptadas. El PLD convirtió a muchos sindicalistas y organizaciones democráticas en palancas de apoyo a sus gobiernos.
Tenía el propósito de gobernar de manera continua como menos hasta el 2044 cuando se conmemorara el bicentenario de la República; propósito planteado por el Dr. Leonel Fernández en discurso que pronunciara el 26 de enero, Día de Duarte, en el año 2014 en ocasión de que se instalara el Comité Central electo en el VIII congreso Norge Botello del PLD.
Volvería a repetir ese propósito en conferencia política dictada en Madrid, España, en noviembre de ese mismo año.
Ese fue un proceso planificado y creciente, bajo una caprichosa interpretación de la tesis boschista de "la dictadura con respaldo popular", que en los años finales del período de Danilo Medina ( 2012- 2020), ya había devenido en un Régimen, que es como se le puede llamar a un gobierno en el que, sin derogar oficial o formalmente la constitución de la República, el presidente, al frente del Poder Ejecutivo, pondría bajo su total control a la justicia y al poder legislativo.
La conformación de la justicia y su control absoluto, serían el seguro de garantía que el modelo 20 años de gobierno peledeísta, pondría para llevar a cabo una atrevida, inescrupulosa y escandalosa práctica de acumulación de riquezas por parte de sus funcionarios de turno, sobre la base del erario público.
"Se pasaron, se les fue la mano... se volvieron locos", dice la voz popular al referirse a los funcionarios señalados por la operación "Calamar", emprendida por la Procuraduría General de la República, según la cuál, se apropiaron de 19 mil millones de pesos de los fondos del Estado en apenas un año.
Escandaloso por la cantidad , el periodo y el tiempo en que lo hicieron. 19 mil millones de pesos en un año electoral en el que se jugaban la posibilidad de salir del poder, e hicieron hasta lo indecible para retenerlo, contraviniendo por demás la normativa electoral oficial.
Pero las anteriores, en el periodo de Leonel Fernández, no lo fueron menos. Lo único que en aquellos casos el presupuesto de la nación era de casi
350 mil millones de pesos en 1997; llegando a 430 mil millones en los años 2004- 2012 en que también fue jefe del gobierno.
Lo que se desviara a propósitos particulares correspondería a esos tamaños del presupuesto nacional. Proporcionalmente a estos montos, lo que entonces se llevó la práctica corrupta de funcionarios de entonces, también fue "escandaloso".
Es más, incluyendo solo algunos hechos denunciados, en los gobiernos de Leonel Fernández en suma se consideraron malversados 36 mil millones de pesos. Esto es cerca del 10 % de lo que fue el presupuesto nacional en 1997. Y es el 8.38% de lo que fue el presupuesto del 2012.
Sin incluir el "hoyo fiscal" de 187 mil millones de pesos en el 2012, ni los 137 mil dólares del "aduanazo II", ni los sobornos en dólares por los tucanos, ni la acusación de los 35 mil millones que se movieron en Obras Públicas en contratos con Odebrecht; etc.
En la gestión de Danilo Medina, el presupuesto se multiplicó por mucho, 108. 1 %; 711 mil millones llegó a alcanzar.
A mayor cantidad de dinero gestionado, mayor cantidad desviada a bolsillos particulares.
La esencia a considerar es la práctica común así en el leonelismo como en el danilismo, y el uso de la justicia en ambos para protegerla. Por eso se puede hablar de un modelo peledeísta de gestión de gobierno.
Desde que llegó al gobierno en 1996, fue evidente el enriquecimiento de una amplia facción del peledeismo. De más en más se dijo que parte de la cúpula peledeista había constituido su propio grupo económico, compitiendo en posesión de cantidad de dinero con los grupos de las familias tradicionales, algunas de las cuales comenzaron a almacenar riquezas a finales del siglo 19.
Que ya no necesitaba de esos grupos de la oligarquía vieja para financiar sus campañas electorales.
Los casos Sun Land, aviones tucanos; "el aduanazo I de Santiago" en el año 2010"; las dudosas ejecutorias en OPRET, encargada de la construcción del Metro en Santo Domingo; el "hoyo fiscal" realizado por el gobierno de Leonel Fernández para financiar la campaña electoral del 2012 a favor del candidato Danilo Medina, y que salió a relieve en el 2013 ya siendo este presidente de la República; y, emplazado por la ciudadanía a iniciar diligencias para castigar el hecho, liberó a sus compañeros del gobierno anterior diciendo: "No voy a tirar piedras para atrás".
Aparecieron los escándalos de corrupción y abusos en OISOE, relievados por el suicidio en protesta del arquitecto David Rodríguez García en el año 2015. Entre muchos otros casos.
Sobre los 12 años del gobierno de Leonel Fernández hubo decenas de denuncias de actos de corrupción. Denuncias que continuaron sin parar en los gobiernos de Danilo Medina.
Casi todos los casos denunciados, e investigados por fiscalías, por decisión de jueces designados para esas ocasiones, terminaron en "archivo definitivo"; "no ha lugar por insuficiencia de pruebas" ; o por "no tipificar como delito en el Código Penal".
No hubo castigo, porque el funcionariato del peledeismo definió políticas públicas y una práctica para obtener beneficios económicos a costa del erario público, y consustancialmente arregló la justicia para protegerse.
Ante esta realidad tremenda; en el año 2014, tras haber realizado una exhaustiva investigación sobre manejos dudosos de recursos en el Ministerio de Obras Públicas, y el Juez de la Cuarta Cámara Penal del Distrito Nacional haber ordenado "el archivo definitivo del caso"; Yeni Berenice Reynoso, Fiscal del Distrito Nacional de entonces, escribió en las redes una sentencia a lo que era ese sistema de justicia; ella dijo con mucha propiedad y responsabilidad digna de encomios: "18 meses de investigación, cientos de evidencias, pero está prohibido judicialmente perseguir la corrupción".
Hoy, el pueblo dominicano, con su lucha expresada en Marcha Verde, ha conquistado una Procuraduría General de la República independiente, cuya incumbente goza de una autoridad moral ganada en una larga carrera académica, judicial y ciudadana; de la que se puede esperar una actitud firme en la pesquisa y sometimiento a la corrupción, la de ayer, y la de hoy, de la que ya hay manifestaciones públicas en una que otra área del actual gobierno, y que deben ser investigadas y condenadas.
Así las cosas, se puede esperar que continuará la desafección electoral al partidismo dominante y sus gobiernos; y una opción política diferente está en el deber de ganarla en favor de una nueva época en el país.
El modelo 20 años de peledeísmo, no debe ser.
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