La ilegalidad del Estado frente a la inmigración

Por Amín Pérez 

Haitianos trabajando

Inhumanas pero legales”, así se legitimaba hace un año la política de Estado que sacaba forzosamente de las camas de hospitales a inmigrantes haitianas que hacían uso de su derecho a la salud. Recientemente, se retomó este principio tras desatarse una ola de expulsión masiva contra poblaciones de origen (y de apariencia) haitiana. La brutalidad sin precedentes de estos operativos no solo desvela hasta dónde llega la violencia del Estado dominicano. Desenmascara por igual la ilegalidad que rige su accionar.

El campo del poder justifica esta violencia como reparo a la presencia de una inmigración irregular. Cuando no, legitima la barbarie amparándose en una lógica “soberanista”. Como si la autodeterminación de una nación autoriza el abuso de poder. ¿Y si revertimos estas miradas que criminalizan la inmigración y legitiman su atropello, para focalizarnos en las prácticas de ilegalidad del Estado con esta población?.

No se puede comprender cómo la inmigración devino ilegalizada sin hablar de los mecanismos que así la constituyeron. La inmigración haitiana hacia los ingenios azucareros fue propiciada durante la ocupación estadounidense de la isla a principios del siglo XX. Esta política se prosiguió mediante acuerdos estatales, cobrando mayor relevancia desde el convenio de 1952 entre Trujillo y Magloire. Es con el fin económico de explotar sin límites la mano de obra haitiana que el Estado dominicano empieza su trama ilegal.

Despojo de legalidad

La primera violación del Estado fue crear la ilegalidad jurídica de la inmigración haitiana. Esto lo hizo mediante el incumplimiento de sus propios contratos que exigían la regularización sistemática de los braceros. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, los ingenios desarrollaron un proceso aleatorio de regularización. La ilegalidad de Estado se prosiguió al permitir que los ingenios privados perpetraran esta práctica. Guy, trabajador para los ingenios del CEA y luego del Central Romana, cuenta que “durante el Gobierno de Balaguer, los permisos de residencia fueron sustituidos por fichas de trabajo, para así no tener derechos”. Dany, otro trabajador trasladado a principios de 1970, da cuenta del mismo modus operandi: “Si no tenías los papeles en regla, no te quedaba más remedio. La empresa no quería que tuviéramos los papeles en el bolsillo”. A estos decenios de despojo de estatus legal de la inmigración haitiana, se sucedieron recientemente los incumplimientos de la política de regularización de inmigrantes, así como de la Ley 169-14. La misma que supuestamente buscaba remediar a otra ilegalidad de Estado: la desnacionalización masiva retroactiva de poblaciones de ascendencia haitiana.

Privación de derechos

La segunda ilegalidad del Estado se basó en derogar sus propias leyes e incurrir en prácticas delictivas. Por un lado, el Estado desacataba anualmente el porcentaje legal de empleos a extranjeros concediendo a los oligopolios del Este la posibilidad de contratar 70-75% de braceros. Por otro lado, en contubernio con funcionarios del Gobierno haitiano, altos mandatarios y militares del Estado dominicano realizaron reclutamientos clandestinos de trabajadores (“por la izquierda”, como se autorizaba desde Palacio) con el fin de obtener mayor beneficio de este tráfico humano que los contratos estatales no permitían. Por igual, el Estado infringía los convenios al no repatriar sistemáticamente a los braceros después de las zafras. ¿Con qué fines? Durante los años 1950-1990, el Estado forzó esta mano de obra a trabajar en otros sectores de la economía nacional. Del mismo modo, la Dirección General de Migración (con aprobación de Balaguer) estipuló que toda persona indocumentada detenida en el espacio público fuese llevada a los ingenios del CEA. Esta organización de la ilegalidad y privación de derechos por parte del Estado se prolonga con las políticas neoliberales de la administración de Leonel Fernández. Éstas recrudecieron la precarización económica de las poblaciones cañeras y favorecieron su desposesión absoluta confiscándoles derechos adquiridos (como las pensiones cotizadas), crimen que el actual mandatario calificó como “vergüenza e injusticia de Estado”.

Dominación absoluta

En fin, la tercera ilegalidad del Estado reside en abandonar su función de protección social y en privilegiar intereses de las elites de disponer una mano de obra vulnerable. Las situaciones de vida y trabajo abusivas que llevaron recientemente a los E.E.U.U. a prohibir la importación de azúcar del Central Romana, no datan de hoy día. Y esto cuestiona sobre ¿cómo y por qué el Estado produce y legitima espacios y poblaciones “sin derechos”? Diferentes reportes del Palacio revelan que el Estado ha estado consciente de las condiciones deplorables en esta empresa para con los braceros haitianos y la clase trabajadora en general. Lo testifica una carta del 26 de abril 1962. El secretario de Estado de Trabajo hace constancia a Donald Reid Cabral (vicepresidente del Consejo de Estado) del posible déficit de la producción azucarera ante la “manifiesta inercia” de esta compañía: “mientras la empresa no se decida a emprender un vasto plan de construcción de viviendas y mejoras de las condiciones de trabajo que viene ofreciendo al trabajador dominicano, que ya en ocasiones anteriores hemos calificado como condiciones infrahumanas, las cuales no resisten nuestros trabajadores”. El gestor de la explotación de la inmigración haitiana se percataba que sus socios producían condiciones aún más execrables. ¿Qué hizo el Estado? Proteger el capital ante todo. Donald Reid instruyó traer más braceros haitianos hacia esta zona de miseria para paliar el déficit de producción de azúcar y evitar incumplir la cuota asignada para el mercado estadounidense. La ilegalidad de Estado radica así en la abdicación de un Estado de derecho, en complicidad con intereses locales e imperiales.

Estas tres formas de accionar revelan la ilegalidad del Estado con la inmigración haitiana. Cobra así sentido ese principio de “inhumanas pero legales” que gobierna sus políticas. Legalidad que se ha fundamentado en total ilegalidad, de uso y abuso de poder, despojo, explotación y desprotección total contra la inmigración haitiana y sus ascendientes dominicanos. Desvelar la arbitrariedad de estas políticas de Estado lleva a cuestionarse sobre la ilegalidad misma que fundamenta nuestro orden social e institucional.

Fuente: https://hoy.com.do/areito-sabado-17-de-diciembre-de-2022/

Amín Pérez

Aquí estamos, Manolo

Por Rafael Chaljub Mejía

Déjenme atender el deber que me impuesto desde hace años, de escribirle unos párrafos sencillos pero muy emocionados a Manuel Aurelio Tavárez Justo, Manolo, en cada aniversario de su muerte.

El próximo miércoles 21 se cumplirán 59 años de ese acontecimiento luctuoso y a Manolo y sus compañeros de armas caídos en la insurrección del 28 de noviembre de 1963, hay que volver a escribirles, en el esfuerzo por mantener en la memoria de las nuevas generaciones, el ejemplo de un líder que aún en medio del oprobio, supo representar la dignidad y los anhelos de redención de su patria.

Repito que Manolo llevaba un aura de luz y de vergüenza en torno suyo y no debemos dejar que las ráfagas de algunos nuevos vientos que tienden a desorientar la juventud, la apague.

Aquel gran líder actuó en representación de toda una generación revolucionaria que después de una larga tiranía, se lanzó a luchar por los cambios reales, hacia las metas y objetivos que la tiranía le negaba al pueblo. Bajo la bandera de la Agrupación Política Catorce de Junio, aquella juventud entró en escena como una legión política de la redención social y nacional y Manolo fue su abanderado.

Cuando en 1963 se inició un ensayo democrático con el gobierno de Juan Bosch, una engreída y reaccionaria oligarquía, manipulada por el poder norteamericano, con la complicidad de la alta jerarquía católica y el concurso de un grupo de militares, organizó un golpe militar que el 25 de septiembre de ese año, destituyó el presidente, disolvió el Congreso Nacional y, la más avanzada Constitución de toda nuestra historia, fue sustituida por un acta notarial que los golpistas redactaron a toda prisa., me honro en Manolo, se fue a las armas en protesta contra el golpe y por el retorno a la legalidad y la decencia. Junto a casi treinta de sus compañeros cayó mártir, se perdió la hermosísima promesa que él encarnaba. Esa fue la tragedia.

Pero quedó una siembra. Siembra de heroísmo; una enseñanza de que la política se ejerce como servicio y no como medio de enriquecimiento. De lealtad a la palabra empeñada ante su pueblo, de lucha intransigente contra la impunidad y por la justicia que, desgraciadamente, nunca alcanzó a los trujillistas.

En medio de tanta degeneración, ese legado aumenta su valor y hay que reafirmarlo. De eso se trata. Y, como simple soldado raso de aquel movimiento armado, reitero lo de siempre: Aquí estamos, Manolo.

Fuente: https://eldia.com.do/aqui-estamos-manolo-3/

Rafael Chaljub Mejía

La Orden Departamental 49/2022 es ilegal y un retroceso marca PRM

Por Bienvenido Scharboy/Ángel Pichardo Almonte

De nuevo, la oligarquía, sectores cavernarios de las iglesias católica y evangélica, así como lo más atrasado del empresariado dominicano, universidades privadas y sus grupos económicos poderosos que comercializan con la educación preuniversitaria y superior, se confabularon en el Consejo Nacional de Educación (CNE),  para negar derechos conquistados por las luchas de las mujeres, y del movimiento político y social popular, con la ilegal derogación de la Orden Departamental N.33/2019, que priorizaba la implementación de la política de género en el sistema educativo dominicano.

En la reunión del pasado lunes 12 de diciembre, el órgano rector de la educación preuniversitaria aprobó, no se sabe si a unanimidad, la nueva Orden Departamental No. 49/2022, que deja sin efecto la anteriormente referida Orden, la cual, por sus aportes a una educación crítica, había lacerado la epidermis de los sectores políticos conservadores y a lo más atrasado del alto clero y a pastores/as evangélicos/as.

Estos grupos reaccionarios, atrasados, y negociantes, en nombre de una inexistente “ideología de género” han tergiversado, con los argumentos más ridículos e insostenibles, el significado y contenido de una política transversal del Estado dominicano, fundamentada en la Constitución, leyes, decretos y reglamentos:  la igualdad y equidad de género.

Esa nueva Orden Departamental No. 49/2022 es nula de pleno derecho, porque una resolución del CNE de esa naturaleza no puede estar por encima de la Constitución ni de las leyes, por lo que quienes la aprobaron y el ministro de Educación, Ángel Hernández, que la ejecutó, pueden ser sometidos a la Justicia por violar el Artículo 39 de la Carta Magna, la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo (END), y la Ley de Educación 66-97, para solo citar tres casos.

Además, la medida viola convenios y acuerdos internacionales de los cuales República Dominicana es signataria.

La nueva orden departamental del Ministerio de Educación se suma a otras medidas aplicadas por el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Luis Abinader, que han significado retrocesos en materia de políticas de Estado y de respeto a derechos conquistados por el pueblo dominicano en décadas de luchas.

También, varias de esas políticas negadoras de derechos fundamentales y de incumplimiento de promesas de campaña, han contado con el apoyo de partidos que ahora son opositores, y que incluso, muchas de esas políticas y leyes fueron aprobadas en sus gestiones de gobierno; pero que ahora sucumben al chantaje de las iglesias y jugando al olvido hacen causa común con estos sectores de la caverna, por temor a perder votos en las próximas elecciones.

De igual manera, hay que demandar de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) a que aclaren si apoyaron en el CNE la derogación de la Orden Departamental No. 33/19, porque son instancias que, se supone, deben defender los intereses del pueblo y de los sectores vulnerables.

Se impone exigir con la lucha, sin tregua navideña, que se deje sin efecto la Orden Departamental No. 49/2022 y que se comience a ejecutar la Política de Género en el Ministerio de Educación y las demás instituciones del Estado dominicano, sin temor a las ideas retrógradas y fundamentalistas de las iglesias y de sectores políticos cavernarios y seudoliberales.

Ángel Pichardo Almonte

DISPOSICIONES LEGALES SOBRE POLÍTICA DE GÉNERO EN EL ESTADO DOMINICANO

• Decreto 974-01 emitido por el presidente Hipólito Mejía, del 26 de septiembre de 2001, que crea con asiento en cada Secretaría de Estado (hoy ministerios), la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo.

• Resolución conjunta del Ministerio de Administración Pública y el Ministerio de la Mujer, que dispone la creación de las Unidades de Igualdad de Género (UIG) en el sector público, del 11 de septiembre de 2019.

• Ley No. 1-12, promulgada el 25 de enero de 2012, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), que en el Capítulo III, titulado Políticas Transversales; el artículo 12 dice: “Enfoque de Género. – Todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas deberán incorporar el enfoque de género en sus respectivos ámbitos de actuación, a fin de identificar situaciones de discriminación entre hombres y mujeres y adoptar acciones para garantizar la igualdad y la equidad de género”.

• Líneas de Acción del Objetivo Específico 1.2.2, asociadas al primer Eje Estratégico de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), especialmente la línea 1.2.2.6que dice “Profesionalizar y fortalecer, incorporando el enfoque de género, el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas, dotándolas de las capacidades y recursos logísticos y tecnológicos para la prevención del delito y la violencia ciudadana, incluyendo la violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes, con énfasis en su misión de servicio a la población y preservación del orden público”.

• Línea de Acción 1.3.2.2 de la END que indica “Establecer mecanismos que permitan mayor apertura del sistema electoral para la inclusión y representación de nuevos actores políticos y sociales, asegurando la equidad de género en materia de acceso a los puestos de decisiones y

estructuras partidarias”.

• Líneas de Acción asociadas al Segundo Eje Estratégico de la END.  Línea de Acción 2.1.1.7 “Revisar periódicamente los currículos de todos los niveles preuniversitarios y asegurar su plena implementación como guía del diario quehacer de las escuelas, con el fin de garantizar su pertinencia con el desarrollo de capacidades para el aprendizaje continuo, y la formación en valores y principios éticos, incluyendo los vinculados al desarrollo sostenible, la gestión de riesgos, los derechos humanos, la igualdad y la equidad de género, la ciudadanía responsable y la convivencia pacífica”.

Línea de Acción 2.2.1.19 del Segundo Eje Estratégico de la END: “Desarrollar en el sistema de salud, unidades de atención a la violencia basada en el género, intrafamiliar y/o sexual, que reporten a las autoridades competentes”.

Ver Líneas de Acción desde la 2.3.1.1 hasta la 2.3.1.10. Además,las 2.6.1.2 y 2.6.1.4,

• Decreto 134-14, emitido por el presidente Danilo Medina, el 9 de abril de 2014, que contiene el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 1-12.

• Artículo 5 de la Ley de Educación 66-97, inciso c) “Educar para el conocimiento de la dignidad y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres”.

• Artículo 39 de la Constitución Dominicana,proclamada el 26 de enero de 2010,                 que garantiza el Derecho a la igualdad. “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia:

1) La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes;

2) Ninguna entidad de la República puede conceder títulos de nobleza ni distinciones hereditarias;

3) El Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión;

4) La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género;

5) El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado”.

Fuente: https://scharboy2009.wordpress.com/2022/12/15/la-orden-departamental-49-2022-es-ilegal-y-un-retroceso-marca-prm/

Bienvenido Scharboy

Por una migración ordenada, segura y solidaria

 Por Julio Cesar Disla

En el 2018 se estuvo discutiendo entre los países del Mundo el llamado Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Solidaria, el que República Dominicana se negó a refrendar chantajeada por los nacionalistas y xenofóbicos anti-haitianos que promovieron la oposición a que la Nación firmara dicho convenio.

El Pacto Mundial procuraba regular los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas en materia de Migración, cuya base está sustentada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos económicos, Sociales y Culturales, entre otros.

No fue la primera vez que se realizó el debate mundial sobre la Migración Internacional; pues es bueno mencionar que ya antes se habían realizado el Dialogo de Alto nivel sobre la Migración Internacional  entre 2006 y luego en el 2013, entre otras.     Estas plataformas prepararon el terreno para la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes; que luego iba a ser refrendado a través del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que tenía dos procesos para ser conocido.

Si bien los refugiados y los migrantes tienen los mismos derechos humanos universales y libertades fundamentales; que deben respetarse, protegerse y cumplirse en todo momento, constituyen dos grupos distintos que se rigen por marcos jurídicos separados o distintos.  Solo los refugiados tienen derecho a una protección internacional específica, definida en el Derecho Internacional de los Refugiados.

La Migración ha formado parte de la experiencia humana desde los albores de la historia, y se reconoce que genera prosperidad, innovación y desarrollo sostenible en el mundo globalizado, y que estos efectos positivos pueden optimizarse mejorando la gobernanza de la migración.

En el contexto actual, la mayoría de los migrantes viajan, viven y trabajan de manera segura, ordenada y a veces solidaria; sin embargo, no cabe duda de que la migración tiene efectos muy distintos y a veces imprevisibles en nuestro país, sobre todo por la situación que se produce en las ciudades y provincias, así como en los migrantes y sus familias.

Para quienes no somos racistas constituye un desafío que la migración sea algo que nos una, en lugar de que nos divida, pues es fundamental enunciar nuestra concepción común, nuestra visión y nuestra unidad de propósito respecto a la migración para conseguir que esta funcione para todos en condiciones iguales.

Concepción común.

Hemos aprendidos que la migración es uno de los rasgos distintivos de nuestro mundo de hoy, que vincula a las sociedades dentro de todas las regiones y también a nivel interregional, haciendo que todas las naciones sean a la vez países de origen, tránsito y destino.    El Estado dominicano debe garantizar que los Migrantes y quienes puedan serlo estén plenamente informados de sus derechos, obligaciones y opciones de migración segura, y sean conscientes de los riesgos que entraña la migración irregular.  También se debe proporcionar a todos los ciudadanos acceso a una información clara, objetiva y con base empírica sobre los beneficios y desafíos de la migración, a fin de contrarrestar los discursos engañosos que generan percepciones negativas de los migrantes.

Responsabilidad compartida entre los países.

El problema de la migración constituye un asunto complejo que requiere formular un enfoque global e integral para optimizar los beneficios generales de la migración, abordando simultáneamente los riesgos y desafíos a que se enfrentan las personas y los pueblos del país de origen, tránsito y destino.   Ningún país puede encarar los retos de este fenómeno mundial y aprovechar sus oportunidades en solicitaría, o por sí solo.   Con un enfoque integral, se pretende facilitar la migración segura y ordenada, reduciendo la incidencia de la migración irregular o ilegal y sus efectos negativos mediante la cooperación internacional.

El Estado dominicano, como signatario de la Naciones Unidas, debe compartir la responsabilidad de abordar las necesidades y preocupaciones mutuas sobre migración, y tener la obligación primordial de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de sus estatus migratorios, pero promoviendo también la seguridad y prosperidad de todas nuestras ciudades del país.

EN TORNO A LA EMIGRACION DOMINICANA.

El propósito de definir una política migratoria, el Estado dominicano busca mitigar los factores adversos y estructurales que impiden que las personas puedan labrarse y mantener medios de vida sostenibles en su propio país, obligándolas a buscar futuro en otros lugares.  El Estado debe crear las condiciones propicias que permitan a todos los migrantes enriquecer nuestra sociedad con su capacidad humana, económica y social, y hacer así una significativa contribución al desarrollo sostenible a nivel nacional.

El Estado Nacional debe incidir para que la migración nunca sea fruto de la desesperación, pero, cuando lo es, debe cooperar para responder a las necesidades de los migrantes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y asumir los desafíos correspondientes, debe ser responsabilidad del gobierno crear las condiciones que permitan a los ciudadanos vivir con seguridad y dignidad en su propio país.

Se considera innegociable el derecho soberano de nuestro país a determinar nuestra propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción, de conformidad con el derecho internacional, dentro su prerrogativa soberana, el Estado podrá distinguir entre el estatus migratorio regular e irregular, incluso decidir con que medidas legislativas y normativas aplica el derecho internacional, tomando en cuenta nuestras propias realidades.

Julio César Disla

Izquierda y nacionalismos

Por César Pérez 

La cuestión nacional, el nacionalismo, constituye una las más importantes cuestiones políticas, sociales y culturales de la presente época. Ese tema tiene expresiones cada día más complejas, más diversa y por momentos, cuando llega a niveles de exacerbación, no solo se convierte en uno de los elementos más desestabilizadores de las democracias y de las relaciones entre los estados, los pueblos, sino que socaba las bases de la convivencia y solidaridad de clases en determinadas sociedades. Ese tema produjo muchos debates en la izquierda de los pasados dos siglos, pero solo Otto Bauer lo sistematizó, según Arduino Agnelli, lo cual constituye un serio hándicap de esa corriente para comprender una cuestión del calado de los nacionalismos.

Sin embargo, prestigiosos autores de diferentes matrices ideológicas y desde diversas perspectivas han tratado ese tema con incuestionable profundidad y teniendo muchos de ellos un decidido rechazo a las actitudes propias del nacionalismo a ultranza, además, por la dificultad o ambigüedades de la noción misma de nación. A ese propósito, Donald Sasson dice que Hobsbawm hace suyas la concepción de nación como una “comunidad imaginada porque, independientemente de la desigualdad y la explotación que pueden prevalecer en cada caso, la nación se concibe siempre como una camaradería profunda, horizontal. En última instancia, es esta imaginada fraternidad la que ha permitido, durante los últimos dos siglos, que millones de personas maten y, sobre todo, que estén dispuestas a morir por estas imaginaciones tan limitadas”.

El referido rechazo se basa en que numerosos elementos en que se sostiene el particularismo nacionalista constituyen ficciones no solamente insostenibles por cuanto tal, sino porque pueden arrastrar a naciones y/o pueblos a cometer a los más atroces abusos contra otros bajo argumentos sostenidos por prejuicios contra otros pueblos e incluso contra los propios connacionales. Y es que, para muchos autores, el territorio, la cultura, la religión, la etnia y la lengua son elementos muy limitados para determinar la realidad de la particularidad de un determinado grupo humano. Precisamente, es la asunción de esos elementos que, con irrefrenable carga emotiva e irracional, algunos movimientos fundamentalistas pretenden justificar su particularismo “nacional” en su combate al Estado/nación al que históricamente han pertenecido.

En Occidente, la cuestión étnica, basada en prejuicios religiosos que se traduce en xenofobia es muy frecuente en los movimientos nacionalistas fundamentalistas, el caso de los secesionistas vascos, por ser muy notable su ferocidad y propensión a la violencia, quizás es el mejor conocido.  Quien es considerado su fundador, Sabino Arana, le atribuía al resto de los españoles los más hirientes adjetivos peyorativos, los consideraba tarados moral e intelectualmente, por eso abogaba por la “patria” vasca, distinta y en contra de la por él considerada España étnicamente degenerada. Pero esa descalificación étnica venía de lejos. Erasmo, citado por Roca Barea, consideraba a los españoles como impuros por ser una mezcla de moros y judíos. Esa autora publica una cita de Martín Lutero en la que este dice que los españoles eran bestias.

Las citas y libros con posiciones similares sobre muchos pueblos son inimaginables e interminables en términos de cantidad, de mitologías, de grotesca violencia e infamia. Un ejemplo de este aserto es la cantidad de mitos y epítetos expresados contra los judíos por algunos personajes de la novela de Umberto Eco “El cementerio de Praga”, lo cual motivó una encendida protesta de parte de algunas comunidades judías. A través de esos mitos, muchas veces se construyen actitudes nacionalistas que en la época actual se han convertido en recursos de campañas electorales para formar mayoría de corte reaccionario y no pocas veces nazi/fascistas. Son varios los ejemplos de mayorías ya formadas usando esos recursos y de muchas las democracias amenazadas por esa misma razón.

Las migraciones son catalizadores por excelencia de esa circunstancia, eso se manifiesta en las posiciones de insolidaridad de sectores de las clases trabajadoras de varios países, sobre todo europeos, contra la masa de mano de obra extranjera demandada por el capitalismo para su funcionamiento. Constituye una tragedia que esa insolidaridad se exprese como en factor desmovilizador y reaccionario de importantes sectores de la clase trabajadora convertidos en verdaderos caladores de votos del nacionalismo fundamentalista. Una insolidaridad que también la expresan muchos intelectuales de allá…y de aquí. Es preocupante ver en nuestro país, cómo personas progresistas, preparadas, de probada inteligencia se sumen al mito de que nuestra sociedad es un crisol de etnias “que siempre han vivido en armonía”.

En ese sentido, idealizan la esclavitud que aquí existió, repitiendo la leyenda de que esta fue “benigna” en comparación con la haitiana. Ignoran que ninguna esclavitud puede ser benigna y que todo sistema esclavista se basa en la inferiozación del esclavo. Racismo puro y duro. Lo nacional/identidad es válido en la lucha contra toda forma de colonialismo y de dictadura, pero si no se tiene conciencia de que las naciones no son un todo homogéneo sino una realidad con profundas contradicciones de clases, se corre el riesgo de idealizarla y a veces constituirse en brazo armado o carne de cañón de los poderosos. Lo nacional es válido solo en una perspectiva internacional de lucha por la emancipación de los oprimidos. Algo que no entienden muchos que se reclaman de izquierda. Aquí y fuera de aquí.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/izquierda-y-nacionalismos-9141725.html

César Pérez

PCT asegura antes de concluir el año habrá niveles de entendimientos en las organizaciones progresistas

Santo Domingo-. El Comité Central del Partido Comunista del Trabajo (PCT) manifestó que observa con optimismo el esfuerzo que desarrollamos varias organizaciones y ciudadanos progresistas y de izquierda, para construir una Coalición Política- Electoral que se convierta en una opción como el canal para que en el 2024 las mayorías populares voten en favor de candidaturas que en los distintos estamentos del Estado defiendan sus intereses y los del país.

La organización política  expresó que de acuerdo a cómo desarrollan las discusiones, y se constatan coincidencias políticas, de propósitos y voluntades entre varios partidos y movimientos, todo parece indicar que antes de que concluya este año, podrá haber niveles de acuerdos importantes entre estos, y que el pueblo dominicano recibirá el año nuevo con una Coalición Política que procurará convertirse en una nueva mayoría política para disputar el poder a los partidos tradicionales que han dominado el régimen desde 1966 hasta hoy.

Al confirmar la línea política aprobada en su X congreso nacional, el Comité Central del PCT hizo un análisis de la coyuntura en curso.

A continuación, el texto íntegro del PCT:

Está en marcha el proyecto reeleccionista. El presidente Luis Abinader apura un discurso cada vez más de derecha, montado en el antihaitianismo,  que es un tema que siempre ha sido bandera de los sectores más conservadores; y  así mismo, asume  un discurso de supuesta voluntad de hierro para combatir la delincuencia y la inseguridad ciudadana, que es otro tema que preocupa a una gran mayoría.

Al mismo tiempo, mueve todos los resortes del Estado, incluyendo los ayuntamientos bajo control del PRM, para incrementar y ampliar las políticas de caridad pública hacia el pueblo, en la pretensión de que desarrolla políticas de bienestar social, que tienen un propósito clientelar, de mantener cautiva una masa de votantes.

Poniendo en relieve el antihaitianismo, el gobierno- PRM  compite en buena lid por la conquista del conservadurismo con Leonel Fernández,  Abel Martínez y sus respectivos partidos; al tiempo que ha logrado colocar en bajo perfil los problemas principales del país, incluyendo la incertidumbre que pesa en el pueblo sobre  la persecución a la corrupción de anteriores gobiernos y del propio.

También vela de aquella manera   su incapacidad para darle solución a los problemas  más acuciantes del pueblo y del país, y revelarse ante gran parte de estos  como " más de lo mismo".

El gobierno- PRM ha quedado ya revelado en que, por definición de su proyecto pro- oligarca y neocolonial, no ha podido ni podrá disponer de un modelo que signifique un nuevo rumbo político, económico y social al país.

Es claro que fuera de la honestidad  personal del presidente en el manejo de recursos del Estado, no tiene nada nuevo que pueda encantar a las mayorías nacionales, y así, se iguala a los anteriores incumbentes inmediatos que le antecedieron.

En un estado de incertidumbre sobre la persecución y castigo  a la corrupción de los anteriores gobiernos,  que fue bandera emblemática del gobierno, este se iguala a los anteriores;  y en sus aprestos reeleccionistas tiene que apelar a una bandera que le permita entrar a un valor hegemónico en la opinión mayoritaria del país: el antihaitianismo.

Entre los proyectos de Luis Abinader,  Leonel Fernández y Abel Martínez,  hay una coincidencia esencial: no han resuelto los problemas nacionales que se esperó resolvieran, que en campaña electoral  prometieron resolver; y para velar ese hecho asumen el antihaitianismo como la cuestión principal de la problemática nacional.

 Otro hecho distintivo y de extraordinaria importancia es que el movimiento popular se reactiva y crece, principalmente con la demanda de seguridad social digna, lo que abre una posibilidad significativa para generar una ambientación política y popular nueva, en la que las propuestas políticas alternativas pueden desarrollarse.

El Comité Central llama a la militancia del PCT a continuar de manera militante en el camino de la unidad y la lucha de los sectores populares, a fortalecer la condición de tribunos que expresen los intereses de las mayorías, así en las protestas sociales como en la lucha electoral.

CIPOML: condenamos el golpe de Estado en Perú, expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores y el pueblo

El golpe de Estado producido en Perú el 8 de diciembre, es un nuevo capítulo en la grave crisis política que sacude a ese país desde hace meses. Tan pronto como Pedro Castillo asumió la presidencia de la República, el imperialismo y la gran burguesía peruana conspiraron contra ese gobierno que llegó con un amplio apoyo popular, debido a sus propuestas económicas, políticas y sociales identificadas con los anhelos de cambio del pueblo; sin embargo, esas aspiraciones se vieron frustradas por el abandono de Castillo a su programa electoral, particularmente la propuesta de convocar una Asamblea Constituyente, y por una gestión de gobierno poco transparente con familiares cercanos en funciones claves.

La destitución y encarcelamiento de Castillo no pone fin a la crisis política, sino que la agudiza. Seis presidentes de la República se han turnado en Perú en los últimos seis años, todos ellos son responsables directos de la crisis económica y política, de los graves problemas sociales que afectan a los trabajadores y el pueblo, de una política antinacional al servicio de los intereses del capital financiero internacional, de la entrega de enormes concesiones mineras a monopolios internacionales.

En las altas esferas, las distintas facciones burguesas se disputan a dentelladas espacios de poder  y control institucional, mientras los trabajadores y el pueblo son víctimas de la pobreza, el desempleo, los bajos salarios y represión cuando protestan. 

Estos y otros problemas y reivindicaciones materiales motivan la lucha del pueblo, particularmente exigen la convocatoria de una Asamblea Constituyente en el marco de sus exigencia ¡Que se vayan todos!

La Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas, CIPOML, condena el complot del imperialismo y la gran burguesía gestores del golpe de estado y expresa su solidaridad con la lucha de los trabajadores y el pueblo peruano.

Comité de Coordinación

Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas – CIPOML

Diciembre 8 de 2022.